Mercedes Pagonabarraga. En marzo tuve la oportunidad de realizar un viaje de la mano de Intermón-Oxfam a Melilla para conocer de primera mano la labor que realizan diversas organizaciones en la Frontera Sur.
Cuatro días intensos en los que las personas que trabajan por y con los migrantes de Melilla y Nador nos acogieron de tal manera, que resultó no un mero conocer sino un vivir, a través del compartir, la realidad de frontera que lamentablemente hemos construido y mantenemos en el sur del Estado español, tan artificiosamente como que ni siquiera se ha ubicado en el continente europeo.
Porque hablar de Melilla es hablar de Frontera entre dos mundos que muchos no quieren que se toquen. Melilla, que junto con Ceuta son la única frontera terrestre del Estado español y de la Unión Europea que se encuentra en el continente africano, cuenta con una extensión no mayor de 12 kilómetros cuadrados y 86.000 habitantes aproximadamente, pero rodeada por una valla de 12 kilómetros de largo que se ha convertido en parte del paisaje urbano de la ciudad. Pero el flujo de personas es considerable ya que hay tres pasos fronterizos para las personas de la región, y uno internacional, Beni Ensar, donde en el año 2015 ACNUR abrió la primera oficina para poder solicitar asilo. La ciudadanía marroquí con pasaporte de la zona de Nador, que es la colindante a Melilla, no necesitan visado para poder cruzar la frontera en virtud del acuerdo que alcanzó el Estado español al ratificar el Protocolo de Adhesión al Acuerdo de Schengen, y lo mismo ocurre con la ciudadanía melillense. Por lo que a diario cruzan la frontera ciudadanos de la región por trabajo o comercio, como porteadores y porteadoras o niños para poder acudir al colegio gestionado por el Ministerio de Educación Marroquí situado en la ciudad de Melilla, entre otros.
No obstante, a pesar de existir una vasta y detallada reglamentación de los diferentes instrumentos de que se sirve Melilla para controlar la frontera y sus flujos migratorios, la arbitrariedad en la elaboración y ejecución de dicha reglamentación así como la vulneración de los derechos humanos, es una práctica constante y que se ha normalizado tanto para las autoridades como para gran parte de la población de la ciudad. En este sentido, es significativa la gran presencia de fuerzas de seguridad para las dimensiones de la ciudad, así como la gran cantidad de símbolos propios de la época franquista, como nombres de calles y una estatua de Francisco Franco que, junto con fortificaciones u otros edificios y monumentos propios del poder militar, dotan a la ciudad de una atmósfera de autoridad impostada.
Me centraré en tres realidades que reflejan la arbitrariedad del poder frente al drama humanitario que viven muchas personas en la ciudad de Melilla y su frontera: la falta de escolarización de cerca de 200 niños que residen en la ciudad, la valla y las solicitudes de asilo.
Cerca de 200 de niños y niñas que viven en Melilla y que, incluso muchos de ellos han nacido en la ciudad, no pueden acudir al colegio por trabas burocráticas. Para poder escolarizarse es necesario que sus padres, que son marroquíes afincados en Melilla, estén empadronados pero para poder obtener el padrón se les exige, sin base legal razonada, que tengan el permiso de residencia, lo cual no siempre es posible debido al alto nivel de desempleo que hay en la zona. De esta manera, el Gobierno de Melilla se excusa ante la falta de escolarización alegando que no son niños de la ciudad de Melilla ya que no han acreditado que vivan en ella, vulnerando impunemente un derecho fundamental como es la escolarización obligatoria y gratuita de todo menor de edad que resida en España.[1] Ante esta realidad, y gracias a la Asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN), desde el mes de septiembre pasado niños y niñas, hijos de padres marroquíes, pero con acento andaluz, se manifiestan periódicamente en la ciudad exigiendo simplemente ir al colegio. Yo nunca habría imaginado que niños de 6 a 14 años se manifestaran y gritaran querer ir al colegio, pero es que viven discriminados frente a otros niños, vecinos suyos, que sí pueden acudir con normalidad a la escuela y labrase un futuro. Ellos por el contrario, no tienen más remedio que acudir al colegio marroquí cuyo plan de estudios no está homologado al español, por lo que se les cierran muchas puertas de cara a su carrera profesional. A su vez, Prodein lanzó en esos días una recogida de firmas, a través de la plataforma change.org, para poder exigir al Ministerio de Educación que se haga efectivo el derecho a la educación parar todos los niños de Melilla. Se consiguió llegar a 100.000 firmas que la asociación presentó el pasado 24 de abril ante el Ministerio de Educación en Madrid[2], pero la respuesta del Ministerio no ha solucionado el problema, escudándose en el habitual “baile de cifras”, alegando que se trata únicamente de 22 casos y que se resolverán cuando sus familias aporten la documentación requerida.[3]
Hablar de la valla que separa Marruecos de España no es hacerlo de una, sino de dos: la del lado marroquí y la española, que comenzaron a levantarse en 1998 mediante financiación de la Unión Europea. Se trata de un complejo arquitectónico que se ha ido endureciendo, con distintos elementos lesivos, para dificultar los saltos, a la par que Frontex ha visto aumentado su presupuesto. Y entre la valla marroquí y la española vive la policía marroquí, atrincherados en casetas, sin salir apenas, para que se “asilvestren” y cumplan mejor su única misión que es la de evitar que se produzcan “saltos” de inmigrantes. Pero además, existe un amplio dispositivo de medidas disuasorias a lo largo de la valla, como focos, alarmas, etc. Las dificultades físicas de las instalaciones y la represión de los cuerpos policiales, ocasionan múltiples heridas en los distintos intentos de salto de la valla, algunas de gran gravedad, produciéndose cortes con las concertinas o caídas desde lo alto. Así, a lo largo de la valla, pueden verse trozos de piezas de ropa rota, testigos de la brutalidad ocurrida días o meses atrás. Pese a ello, siguen intentando entrar a nuestro país por la valla, población sobretodo subsahariana que no dispone de medios económicos para costear los pasos por mar o tierra. Porque en Melilla, hay que pagar para todo, incluso puede verse cómo menores de edad que intentan colarse en barcos como polizones, han de pagar para hacer el llamado “risky”, que es sólo un –no menos arriesgado- salto de la muralla y valla de la ciudad al muelle donde embarcan los barcos con destino a la Península.
Aunque los saltos de valla son quizá el método de llegada más llamativo mediáticamente, no es mediante el que llegan más inmigrantes, pero sí el más sangriento. Hay muchos intentos de salto que son disuadidos por parte de la policía marroquí que suele desplazar a los inmigrantes a zonas lejanas y a menudo desérticas, pero en otras ocasiones sí son exitosos. Resulta curioso, que asociaciones que trabajan en el terreno detecten que a menudo tienen lugar traslados a la Península de inmigrantes alojados en el CETI (Centro de Estancia Temporal) de Melilla, con pocos días de diferencia a que se produzca un salto.
Ello lleva a pensar que existe, cuanto menos, cierta coordinación entre las fuerzas de seguridad marroquíes y las españolas en las entradas de inmigrantes a Melilla, al menos en cuanto de la valla se refiere.
El último aspecto que merece ser destacado es la tramitación de las solicitudes de asilo en la ciudad. Cuando una persona solicita asilo al llegar a nuestro país, se les concede una tarjeta de identificación, la llamada “tarjeta roja”, durante el tiempo en que se tramita su solicitud. Esta tarjeta identificativa de su persona y de su situación en el país, les permite continuar residiendo en territorio español, y desplazarse por el mismo, hasta que se resuelva su expediente. Pero en el caso de Melilla, esto no es así. A los solicitantes de asilo en la ciudad de Melilla se le expide una tarjeta roja en la que les consta que únicamente es válida para la ciudad de Melilla, por lo que no pueden desplazarse a la Península cuando así lo deseen. Y al igual que ocurre para los residentes del CETI, no existe ninguna regulación clara que establezca cuándo y quiénes realizarán los traslados a Península en un momento u otro, ni el destino asignado. Es más, se da prioridad a los inmigrantes de determinadas nacionalidades, como los sirios, para su viaje a Península. Por lo que muchos solicitantes de asilo pueden pasar hasta un año o año y medio sin poder salir de la ciudad de Melilla. Se encuentran en una cárcel a cielo abierto: 12 kilómetros que lejos de proporcionales la seguridad y hospitalidad merecidas después de un duro y largo viaje, despliegan hostilidad y obstáculos a un colectivo que se percibe ajeno. Los propios inmigrantes temen deambular por según qué zonas de Melilla ante el rechazo social que aún se respira en una ciudad, de hecho, tan multicultural. Culturas diversas y ricas pero que muchos tampoco quieren que se toquen.
Cerca del Parlamento Europeo en Bruselas, puede leerse una placa que reza la siguiente afirmación de Seán MacBride: “Siento que lo que realmente es más importante que la creación de maquinaria internacional, es la creación de un ideal de paz, basado en el reconocimiento de ciertos derechos democráticos fundamentales. Es esencial que se dé esperanza a los ciudadanos de Europa, basándose en la fe y el idealismo”. Pero, ¿qué derechos fundamentales está respetando Europa en su Frontera Sur?
¿Cuántos de nosotros vamos a priorizar la “maquinaria internacional” a ideales que transmitan esperanza a todo ciudadano, también el que vive en y más allá de nuestras fronteras?
***
[1] Derecho a la educación universal recogido en el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 27 de la Constitución Española, en el artículo 1.3 de la LODE (Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación), y en el artículo 9 de la LO 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
[2] https://www.google.es/amp/www.lavanguardia.com/vida/20180424/442950883967/prodein-entrega-100000-firmas-al-gobierno-para-pedir-la-escolarizacion-en-melilla-de-160-ninos-que-viven-un-apartheid.html%3ffacet=amp
[3] http://m.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-educacion-cifra-22-menores-escolarizar-melilla-falta-documentacion-niega-sean-160-20180424181241.html
Imagen extraída de: Pixabay