Nuevas vistas (dramáticas) sobre la Frontera Sur

Nuevas vistas (dramáticas) sobre la Frontera Sur

Josep Buades Fuster SJEl viernes 14 de julio, 26 mujeres (5 embarazadas) y cinco niños, desembarcaron de una patera en la Isla de Mar. Noticia con sordina, porque es un poco conocido islote bajo soberanía española en las costas norteafricanas. Quizás, alguien recuerde un desembarco similar en 2012, pero en la vecina Isla de Tierra, cerca del Peñón de Alhucemas. Poco probable. Uno de los pocos testimonios de ambos sucesos se encuentran en un medio local como es El Faro de Melilla.

El destino de estas mujeres y niños es el CETI de Melilla, ciudad autónoma a la que se asocia esta plaza de soberanía, como es también el caso de las Islas Chafarinas. Está por ver cómo se les aplicará la ley de extranjería: qué protección se dará a los niños y a las embarazadas, cómo se investigará en qué medida son víctimas de trata, si las hay que puedan solicitar protección internacional. Es preciso que la sociedad civil permanezca vigilante: así lo hará el SJM.

Esta noticia, como tantas otras que llegan de Melilla, Ceuta, Canarias, las Islas Baleares o las costas andaluzas, murcianas y alicantinas, remite a la noción de la Frontera Sur. Una noción que tenemos que entender más en clave migratoria que en clave meramente geográfica: lugares de tránsito de personas forzadas a migrar de un modo u otro y que se dirigen hacia la Unión Europea, en los que se observa el despliegue de fuertes dispositivos técnicos y humanos para el control fronterizo, a los que se suman dispositivos adicionales de salvamento marítimo y asistencia socio-sanitaria, que cuentan con unas pocas oficinas para solicitar protección internacional en frontera, así como algunos centros de estancia temporal de inmigrantes o algunos centros de internamiento de extranjeros.

Aunque la frontera sea una línea divisoria entre territorios bajo diferente soberanía, es también un espacio más extenso. Por una parte, los terrenos en los que se levantan diversos obstáculos para impedir el paso fuera de los puntos habilitados para el control de los cruces. Por otra parte, todas las comarcas cuyos habitantes tienen un estatuto especial para facilitar el paso y la actividad económica transfronteriza, en las que florece el comercio transfronterizo (regular y de contrabando). En la Frontera Sur española, también hay que contar con la presión sobre el Reino Unido a propósito del Peñón de Gibraltar, y de la presión de Marruecos sobre España a propósito de Ceuta, Melilla y restantes plazas de soberanía africana. Estos últimos ingredientes: el estatuto y el comercio transfronterizos, y las presiones políticas sobre territorios en disputa, también inciden en los movimientos migratorios.

El tránsito migratorio por la Frontera Sur española es relativamente intenso: entre enero y junio de 2017, 6.441 personas desembarcadas en costas españolas, 1.750 que han entrado en Melilla y 1.240 en Ceuta. Son más de 9.500: un 65% del total de personas que entraron irregularmente en España en 2016. Tendrían que sumarse las cifras de personas sirias cuya entrada en España deja de considerarse irregular desde que solicitan protección internacional en frontera. Grosso modo, podría decirse que entre 15 y 20 al día, al menos en los últimos meses. No solo refugiados sirios: algunos yemeníes, libios, argelinos y marroquíes. Entre las personas cuya entrada consta como irregular (a pesar de que algunas soliciten luego protección internacional), muchas subsaharianas de países como Guinea Conakry, Nigeria, Camerún, Mali, Burkina Fasso, Senegal, Costa de Marfil, etc. Casi todas muy jóvenes, algunas aún menores de edad. Muchas, con diferentes circunstancias que las vuelven vulnerables: trata, tráfico, salud deteriorada por la dureza de la vida a la intemperie. Unas de estas personas tienen España como destino migratorio, otras piensan en otros Estados miembros de la Unión Europea.

El SJM ha reflejado la vida y las lesiones a los derechos humanos de tantas personas migrantes y refugiadas en un entorno fronterizo como el que se tiende entre Nador y Melilla, así el cuaderno publicado junto a la Universidad Pontificia Comillas con el título Sin protección en la frontera. De algún modo, ha apuntado algo sobre la suerte de las personas internadas en un CIE al poco de haber desembarcado en la Península, las Islas Baleares o las Canarias, especialmente en lo que cabe denominar “CIE de frontera”, como en el Informe CIE 2016.

La mayoría de personas internadas en un CIE al poco de haber desembarcado en costas peninsulares, baleares o canarias, es liberada pasadas esas tres o cuatro semanas… para malvivir en situación irregular durante años, en los que siempre pende la amenaza de la expulsión. De ahí una cuestión:

¿Por qué se priva de libertad a las personas extranjeras recién desembarcadas en las costas españolas, durante tres o cuatro semanas, en centros cuyas condiciones de habitabilidad son insuficientes, para luego ponerlos en libertad, arrojados a un largo limbo jurídico? Es la desproporción y gratuidad de una medida aflictiva cuya única aspiración plausible… y vana, es la disuasión.

Las personas que entran en territorio español por Ceuta y Melilla no se enfrentan a la amenaza inmediata del internamiento en un CIE. Aparentemente, les sería más fácil: oficinas de asilo en frontera para quienes se dispongan a solicitar protección internacional, un centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) en régimen abierto, para todos, un tiempo limitado hasta que se autorice el traslado a la Península, unos a centros de acogida de refugiados, otros a recursos de acogida humanitaria. Pero las cosas se complican.

El SJM atiende, en su servicio de orientación jurídica en Melilla, a personas que encajan mal en el sistema de asilo: esposas argelinas o marroquíes de refugiados o solicitantes de asilo sirios, familias sirias de solicitantes de asilo con hijos en centros de protección hasta comprobar el vínculo paterno-filial, ciudadanos marroquíes o argelinos LGTBI o miembros de minorías religiosas que querrían solicitar asilo, personas que han sufrido una defensa jurídica deficiente, o a quienes se ha atendido sin el debido servicio de interpretación. Atiende también a personas inadmitidas en el CETI, sancionadas al margen de un procedimiento con base normativa, o a quienes se coloca en situaciones de riesgo de malos tratos por parte de otras personas alojadas (personas LGTBI, conversos a otra religión…). Igualmente, atiende las quejas de personas que ven cómo se prolonga su estancia en Melilla sin que se les autorice el traslado a la Península: especialmente personas con la tarjeta de solicitante de asilo, que ven limitado el derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional, que tienen quienes han solicitado asilo en la Península. Hay más tipos de personas atendidas por el SJM en Melilla, como los jóvenes que habían estado bajo tutela de la Ciudad Autónoma, y a quienes no se entrega la documentación de residencia, se impide el empadronamiento, se les pone en la tesitura de quedar rápidamente en situación irregular.

Muchos problemas planteados por las personas migrantes que permanecen en territorios fronterizos son más estructurales que fallos del sistema. Revelan un estado de ánimo bastante extendido entre la población, que ve a las personas migrantes y refugiadas como una amenaza contra la que tienen que protegerle los poderes públicos por todos los medios. Así como en el conjunto de la sociedad española no parece haber arraigado tanto la xenofobia como en otras sociedades europeas, en las zonas de frontera se observa algo de esto. Se instala la hostilidad. Se reclama con insistencia el reconocimiento de una singularidad… solo que llevada hasta el punto de reclamar que se exceptúe allí la vigencia del ordenamiento jurídico en su conjunto, del Estado de Derecho. Tentaciones muy peligrosas.

Frontera Sur

Imagen extraída de: El País