La escalada de la crisis militarizada en torno a Ucrania, ante el despliegue masivo del Ejército ruso junto a la frontera ucraniana y el pulso geoestratégico entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN sobre Ucrania y la arquitectura de seguridad continental, plantea enormes riesgos a la seguridad de la población de la zona en conflicto y dilemas sobre el abordaje de la crisis. ¿Qué podemos aportar al debate público y político sobre la crisis en Ucrania desde una aproximación de construcción de seguridad feminista? Algunas reflexiones no exhaustivas.
En primer lugar, la crisis en Ucrania nos obliga a señalar una vez más (y no nos cansaremos de hacerlo) la urgente necesidad de poner en el centro de las políticas la prevención de conflictos violentos con perspectiva feminista. Sin duda, los momentos de escalada grave, como el actual, requieren de actuación reactiva encaminada a impulsar la desescalada, intensificando los esfuerzos diplomáticos. Pero bajo amenaza de invasión militar parece sumamente complejo alcanzar acuerdos en torno a los temas más fundamentales, a menudo los más divisivos. Además, en los momentos de crisis, los ritmos y patrones habituales de negociación exacerban las dinámicas de exclusión y de sesgos de género que suelen caracterizar a los procesos de paz y negociaciones políticas. Por ello, no hay excusas posibles para postergar la adopción de la diplomacia preventiva como política central por gobiernos (incluido el Gobierno español) y organismos intergubernamentales, tanto de manera especifica como transversal en otras políticas (política de vecindad, política comercial o defensa, entre muchas otras). Urge poner en el centro la diplomacia preventiva feminista y operacionalizarla, con voluntad política, recursos, capacidades, participación y rendición de cuentas. Si no, la crisis militarizada de Ucrania puede acabar siendo además de una nueva crisis humanitaria, una antesala de próximas crisis en otras geografías y así sucesivamente, con graves costes humanos, materiales y medioambientales para las poblaciones.
En segundo lugar, ante la crisis de Ucrania sería útil una aproximación de seguridad feminista. El concepto de seguridad ha estado tradicionalmente vinculado a la defensa de la soberanía estatal y la integridad territorial de los Estados. La centralidad de este argumento en la justificación estos días del componente militar de la respuesta a la crisis en Ucrania por la OTAN y muchos gobiernos y analistas sería un exponente de este enfoque. Junto al concepto de seguridad tradicional, con el impulso de la ONU, diversos actores incorporaron también el marco de seguridad humana, centrada en la seguridad de la población y sus contextos locales. Las aproximaciones feministas a la seguridad se entrelazan con el marco de la seguridad humana pero amplían el foco y señalan la necesidad de tener en cuenta las dinámicas de género, incluyendo en las causas e impactos de los conflictos, en los valores y normas del ámbito de seguridad y en las prácticas en política internacional, entre otros aspectos, como recoge la síntesis sobre seguridad feminista publicada en 2020 por el ICIP. En ella se alude también a que la seguridad “siempre y de manera inevitable es relacional y basada en la interdependencia, frente a una noción fantasiosa, aislada, completamente autónoma, autosuficiente, independiente y armada”, recogiendo las aportaciones de Carol Cohn. Asimismo, se ha destacado que no hay seguridad de género sin condiciones socioeconómicas justas para las mujeres. A su vez, se ha señalado cómo diversos actores políticos y militares hacen un uso instrumental de la agenda de mujeres, paz y seguridad, desarrollada en torno a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad del año 2000, que reivindica la incorporación de la perspectiva de género y la participación de las muejres en la construcción de la paz, en contraste con la visión transformadora y práctica con que la han impulsado desde su origen organizaciones de mujeres de tantos países.
Desde un enfoque de seguridad feminista, el abordaje de la crisis en Ucrania debe tener en cuenta elementos como el impacto de la crisis en los diferentes sectores de mujeres de ambos lados de la línea de separación de fuerzas. Desde 2014 la guerra en Ucrania ha generado elevados daños a su población civil, incluyendo de formas específicas a las mujeres, particularmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Entre muchos otros, desplazamiento forzado y dificultades de acceso a medios de vida para las mujeres desplazadas; situación de vulnerabilidad económica de las mujeres mayores en la zona del este de Ucrania más directamente afectada por el conflicto, incluyendo obstáculos al cruce de la línea de separación para el acceso a pensiones y ayudas; riesgos de trata con finalidades de explotación sexual; violencia de género en el ámbito doméstico, incluyendo por parte de excombatientes de guerra. Así lo han documentando los informes de género de la Misión Especial de Observación de la OSCE. Además, en las áreas bajo control de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, organizaciones de mujeres identificaron una reducción del apoyo y recursos a mujeres víctimas de violencia machista, como recogió ACNUDH en un informe de 2021. Según el organismo, debido a las restricciones al activismo independiente en esos territorios, muy pocas activistas de derechos de las mujeres podían seguir trabajando en la zona y quienes lo hacen es con riesgos a su seguridad personal.
Las circunstancias de la guerra se han producido, a su vez, en un contexto más amplio de vínculos entre orden económico e inseguridad de género. Así, un informe sombra conjunto de 2017 de ocho organizaciones (7 organizaciones ucranianas y una internacional, WILPF) dirigido al Comité CEDAW alertó de cómo las medidas de austeridad impuestas como condiciones por instituciones financieras internacionales, principalmente FMI, habían exacerbado los impactos socioeconómicos de la guerra (e impactado negativamente en los derechos económicos y sociales), incluyendo específicamente de las mujeres y, especialmente, de las mujeres de áreas rurales.
La guerra en Ucrania también ha tenido graves consecuencias sobre niños y niñas. En su informe de 2020, la SMM señaló cómo la presencia de fuerzas y equipamiento militar a menos de 1 kilómetro de instalaciones educativas y su uso por parte de las fuerzas armadas de Ucrania y de los actores armados no estatales ponía en riesgo las vidas de niños y niñas así como del profesorado, que en su mayoría está formado por mujeres. Según Save the Children International (SCI), 750 centros educativos han sufrido daños desde 2014. El conflicto ha tenido huellas comunes y diferenciadas sobre los niños y niñas, según recogió en 2019 un informe del SCI. La guerra ha tenido un profundo impacto psicológico sobre la infancia, con síntomas de trauma en todos los grupos de edad. SCI identificó riesgos físicos diferenciados, incluyendo los temores de los niños a ser golpeados por soldados y los de las niñas a ser agredidas sexualmente por soldados. A su vez, los niños afrontan mayor riesgo de resultar heridos por la presencia de minas y restos explosivos, según SCI, entre otros muchos impactos de género. El Donbás continúa siendo una de las zonas más afectadas por minas y restos explosivos, como recordaba el CICR en 2021.
En tercer lugar, la puesta en el centro de la seguridad humana y la seguridad de género de la población del este de Ucrania nos lleva a rechazar las vías militaristas, incluyendo aquellas presentadas como “disuasión militar”. El riesgo en seguridad humana y seguridad de género –más pérdidas humanas, más desplazamiento forzado, mayor deterioro de las condiciones socioeconómicas de las mujeres, mayor trauma infantil, entre tantos otros posibles impactos– debería llevarnos a intensificar todas las vías diplomáticas posibles; a explorar nuevos caminos, como la no ampliación de la OTAN a Ucrania, incluyendo ante las divisiones entre la opinión pública de Ucrania sobre una posible adhesión a la OTAN; y a incrementar los apoyos a iniciativas locales de construcción de paz, incluyendo de organizaciones de la sociedad civil y mujeres activistas.
En cuarto lugar, el proceso negociador en torno a Ucrania ha tenido desde su inicio y hasta ahora graves sesgos de género, construido sobre una arquitectura de negociación (Formato de Normandía y Grupo Trilateral de la OSCE) sin espacios de participación directa para otros actores que no sean las partes en conflicto y los mediadores, tampoco mujeres de la sociedad civil de las diferentes áreas afectadas por el conflicto. Son unas negociaciones formales con pocos nexos con iniciativas de diálogo de la sociedad civil.
Se añade también una cooptación de la agenda de mujeres, paz y seguridad por parte de la OTAN y del Gobierno ucraniano, como ha señalado la Secretaria General de la WILPF, Madeleine Rees, que implica –entre otros aspectos– que las mujeres tienen que registrase de manera obligatoria al servicio militar, al tiempo que siguen excluidas de la participación en las decisiones actuales. La existencia de visiones diferentes entre diversos sectores de mujeres de Ucrania sobre cómo promover la paz y seguridad –heterogeneidad recogida también por la SMM– va en línea con las tensiones en otras latitudes entre enfoques de securitización y de construcción de paz feminista y no parecen ajenos a la instrumentalización de la agenda por actores políticos y militares, estatales e intergubernamentales. En todo caso, no se trata de imponer visiones externas a las prioridades locales sobre la agenda 1325, pero sí como mínimo a reconocer su heterogeneidad y tensiones y no naturalizar las opciones securitarias.
Ante ello, es imprescindible fortalecer el apoyo al trabajo de defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres y población LGTBI que está llevando a cabo la sociedad civil de Ucrania y otros países afectados por la escalada militar, así como las iniciativas locales de diálogo promovidas por la sociedad civil, intensificar las vías diplomáticas internacionales y las conexiones entre los distintos niveles de negociación y diálogo, con la participación de mujeres. Internacionalmente, y en el contexto de las tensiones entre enfoques de seguridad militar y seguridad humana y feminista, se hace necesario multiplicar los esfuerzos y discursos para promover políticas y recursos que respondan a la seguridad de las personas, incluidas las mujeres.
[Imagen de Annette Jones en Pixabay]