Ramon Roca. [El Punt Avui] La Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria nació en 2010 como un espacio de la sociedad civil representando una veintena de entidades sindicales, cívicas, ecologistas, vecinales y personas a título individual preocupadas por la regresividad del modelo fiscal actual. El discurso del 2010 era ir en contra de los recortes, pero la plataforma siempre ha puesto el foco en los ingresos, sobre todo en los que habría que aumentar, provenientes de la clase adinerada, para poder mantener la sociedad del bienestar.
¿Hay voluntad política de eliminar los paraísos fiscales?
La OCDE y la Comisión Europea están trabajando para eliminar el pacto que tienen los paraísos fiscales y todo lo que conlleva la evasión fiscal con su rebaja impositiva. Pero la sensación que se tiene es que hay muchos intereses creados. La noticia de hace unos días, que Rodrigo Rato había transferido recursos de una sociedad de Gibraltar a una de Panamá mientras él era Ministro de Economía y defendía que había que eliminar los paraísos fiscales, denota un cinismo intolerable que hace difícil pensar que haya una determinación política para erradicar el fraude fiscal.
Cuesta entender que todo el mundo sea igual ante Hacienda al conocer el nombre de tantos evasores de impuestos que salen en los ‘papeles de Panamá’.
Ahora el 72% de la aportación fiscal es la suma del IVA y del IRPF, que paga básicamente la clase media. Los pocos estudios que existen del fraude fiscal hablan de que este fraude corresponde en buena parte a las grandes corporaciones y fortunas. Hemos creado un sistema que permite que haya unas élites que se evadan, que no contribuyan o que lo hagan poco. Defendemos un sistema fiscal suficiente para poder pagar una sanidad pública, gratuita, universal, una educación pública y gratuita, etcétera, y para que sea suficiente será necesario que todos participen con sus posibilidades. Y esto no está pasando.
¿Podría destacar alguna virtud y alguna aberración en el modelo fiscal del Estado español?
España es una democracia muy joven. El sistema fiscal llegó con esta democracia. Hemos conseguido dotarnos de un sistema que ha funcionado bastante bien. Por lo tanto, estas virtudes están. Pero tiene muchos defectos. El principal es su complejidad, que facilita la manera de escaparse de cumplir con la obligación. Las personas más ricas, acompañadas de los mejores abogados y expertos, sobre todo las grandes empresas, pueden encontrar la grieta de la norma y, por tanto, eludir el pago de impuestos. Una de las cosas que no cumple el sistema fiscal es esa idea de la progresividad, es decir, que pague más el que más tiene. Las grandes corporaciones se escapan del pago de impuestos. Si hablamos del Ibex 35 se entenderá muy bien por qué hay un agravio. Primero de todo, el impuesto de sociedades no es progresivo: en la última reforma fiscal se está pagando un 25%, tanto si eres una pyme con poca facturación como si eres una gran empresa. Si miramos las compañías del Ibex 35, que son las de referencia, vemos que en 2014 han aumentado los beneficios un 38% y sólo tres de ellas presentaron pérdidas, pero en cambio sólo la mitad de las compañías pusieron algún euro en el impuesto de sociedades.
¿Cuál es pues la solución?, ¿dar más peso a los impuestos directos?
El modelo de nuestra plataforma defiende utilizar más los impuestos directos, que son los que permiten más progresividad en el sistema fiscal, y no abusar de los impuestos indirectos, que parece que es lo que se está haciendo últimamente: un aumento del IVA y una rebaja del IRPF y del impuesto de sociedades. La progresividad se puede hacer vía impuestos directos. No como ahora, que toda la renta de las clases más bajas se va hacia el consumo con este 21% de IVA mientras que las grandes fortunas basan su renta en el ahorro, que es donde se encuentra el agravio tan grande que hay de tributación entre las rentas de capital y las rentas de trabajo.
Este modelo favorece la desigualdad social.
Por eso nació esta plataforma. En un momento concreto, en 2010, en plena crisis, parecía que la única manera de mejorar el déficit del Estado español era vía recortes. Esto provocó mucha desigualdad. España es el país de Europa donde más ha crecido la desigualdad en esta etapa de crisis. Desde la plataforma insistíamos en que había que mirar qué pasaba por el lado de los ingresos. Y lo que ha pasado es que el Estado español está nueve puntos por debajo de la media europea. En el lado del gasto estamos cinco puntos por debajo, por tanto aún hay camino por recorrer.
¿Cómo se combate la desigualdad?
De dos maneras. Con políticas públicas concretas que permitan reducirla, por lo que ya se redistribuya riqueza, pero también por la vía del ingreso. Recaudando más por la vía de los que más tienen también hacemos una sociedad un poco más igual. Pero nosotros queremos situar el debate en un terreno político, porque en el terreno técnico tenemos la sensación de que siempre gana aquel modelo que hace creer que los impuestos tienen un impacto sobre la economía y sobre el mercado y, por tanto, cuantos menos impuestos menos impacto, y el mercado funcionará mejor.
¿Por qué hay tanta economía sumergida en Cataluña y en el Estado español?
Esto ya supera el ámbito de la fiscalidad y tiene mucho que ver con una sociedad con mucho paro, incluso estructural, que da la sensación de que así será siempre. Esto alimenta la economía sumergida, muy elevada en nuestro país. Se habla de que es de entre el 20% y el 25%, cuando la media europea no pasa del 15%. Aquí hay un margen de mejora notable. Pedimos más recursos. Y eso quiere decir que hay que poner más herramientas para que la Agencia Tributaria sea más eficiente. Es una de las que tienen menos recursos de toda la UE. Pero lo más importante es tener datos, informes que nos permitan medir el fraude fiscal. El Ministerio de Hacienda no da ninguna cifra de cuál es el fraude fiscal en nuestro país.
La lucha contra el fraude que ha mantenido el ministro Montoro, ¿se puede decir que ha sido un auténtico fracaso?
Se dan pequeños pasos. En la última legislatura se ha llevado adelante una oficina de fiscalidad internacional, con unas 200 actuaciones, que ha recaudado el 3,6% de toda la hacienda. Esto demuestra que son los grandes entramados de las empresas internacionales los que están chupando del sistema. Con la última reforma fiscal se ha perdido una oportunidad de enfocar el gran problema del fraude fiscal. Se han hecho pequeños cambios, alguna modificación en los tipos, se ha eliminado alguna deducción, pero aparte de eso no hay una voluntad real de combatir el fraude.
Si las instituciones económicas se pusieran de acuerdo, ¿se podría hacer que las multinacionales pagaran los impuestos que les toca?
Yo creo que sí. En estos momentos el comisario de Economía de la Unión Europea, Pierre Moscovici, está impulsando un proyecto en el que las empresas presentan país por país lo que están facturando, cuántos beneficios tienen y cuántos impuestos están pagando. ¿Dónde está la dificultad? Pues en que los propios Estados miembros no están dispuestos a sacarlo adelante. Las instituciones europeas ven claro que hay que avanzar, pero los Estados miembros no están dispuestos a ratificarlo. Lo vemos en el caso de Luxemburgo: ¿cómo puede ser que Luxemburgo, sólo con medio millón de habitantes, sea el segundo país en recibir inversión extranjera después de Estados Unidos? Aquí hay algo que no cuadra. En cambio, Luxemburgo no está en las listas de paraísos fiscales.
¿Llegará la armonización fiscal europea?
Los pasos que se están haciendo son muy lentos. Y el capital se mueve rápido. Estamos hablando de países con el modus vivendi de ofrecer esta posibilidad de no-pago de impuestos. Creo que países como Luxemburgo o Andorra han vivido y viven de esas prácticas. Impulsar la armonización fiscal es obligarles a cortar su vía de respiración.
¿Cree que habría que crear más impuestos?
Más que desarrollar impuestos, lo que proponemos es eliminar muchas deducciones. Uno de los males de nuestro sistema fiscal es que tenemos tipos impositivos muy altos, pero luego el tipo real, lo que se acaba pagando, es mucho más bajo, por lo tanto quiero decir que en medio hay dinero que se deja de pagar. Como plataforma, en el ámbito catalán, apostamos por una mejora con el aumento del impuesto del patrimonio y de sucesiones. En el País Vasco se estableció un impuesto a las grandes fortunas y lo cierto es que se recaudaron muchos ingresos de aquéllos que más tienen. El capital no se marchó.
El déficit fiscal de Cataluña con el Estado es desolador.
Es cierto. Por ejemplo, Madrid tiene un impuesto de patrimonio prácticamente cero, con la voluntad de atraer capital hacia el centro, mientras que en Cataluña tenemos los impuestos con los tipos del IRPF más elevados de todo el Estado. Por lo tanto, el retorno no es proporcional al esfuerzo que hacemos los catalanes. Ahora el Estado presenta unas cifras de déficit del 5% y está pidiendo a las autonomías que se adelgacen; ellos mismos dicen desde Madrid que tendrán un déficit de 2.000 millones, cuando la rebaja impositiva que acaban de hacer el último año representa unos 8.000 millones.
De matemático activista social
Licenciado en matemáticas y con máster en gestión de empresas, Xavier Casanovas ha trabajado en Oxfam Intermón y ahora es director de Cristianisme y Justícia (Fundació Lluís Espinal). Ha participado activamente en las últimas ediciones del Foro Social Mundial y en la organización del Fòrum Social Català. Xavier Casanovas colabora en diversas iniciativas de economía social. A modo de ejemplo, está muy implicado en un proyecto de inmigrantes en el barrio donde vive, en el Poblenou de Barcelona. Allí cada semana da clases de alfabetización. También colabora con la Fundació Dalmases, de Cervera (Segarra). Pero a él le gusta ser músico amateur. Toca la trompeta en dos grupos. «Así desconecto», dice.
Imagen extraída de: El Punt Avui
Es peculiar que nada diga acerca de los privilegios fiscales y de todo tipo que la Iglesia católica romana posee en el Estado español. Quizá para más de uno eso sea el chocolate del loro, pero son más de 13 millones mensuales solamente de la partida directa de los Presupuestos Generales del Estado.
Pero no, es mejor confiscar a los muertos y a sus descendientes.
Al titular le sobran las «: el entrevistado no ha dicho esa simpleza.
Atentamente
Apreciado JRRiudoms,
en la entrevista no digo nada de los privilegios de la Iglesia católica porqué el entrevistador no me preguntaba. Pero ya que abres el tema,… es verdad que la Iglesia tiene privilegios, debidos al concordato con la Santa Sede, que deberían ser revisados. Existe un agravio claro entre la Iglesia y otras entidades de la sociedad civil, con labores similares, que en algunos casos no son tratadas de la misma forma. Aunque meter todo lo que hace la Iglesia en el mismo saco no nos ayuda al debate.
Ciertamente, el titular que el periodista escogió no es una frase dicha por mi, sin matizar tal afirmación es claramente inexacta.
Saludos
Gracias por la respuesta, sr. Xavi Casanovas.
Si bien no se le preguntaba directamente, parece ser que entre los periodistas y algunos activistas sociales hay una especie de tabú para no hablar de según qué temas. Y uno de ellos es la financiación privilegiada de sindicatos, partidos políticos, asociaciones empresariales y colegios profesionales, fundaciones, salarios vitalicios para ex-políticos y el trato diferencial y discriminatorio de la Iglesia católica romana y sus múltiples instituciones.
En ningún caso he metido todo lo que hace la Iglesia católica romana en un mismo saco (en realidad, no me he referido a las tareas que realiza, algunas de ellas muy encomiables… aunque discrepo de las ansias de monopolio). Solamente me he referido a un tramo de la financiación de la ICAR por parte del Estado, tramo que si bien está dentro del Concordato de la Santa Sede [Concordato que creo yo que ya sería hora que se extinguiese por alguna de sus partes firmantes, aún más cuando estas partes se llenan la boca de discursos sobre la justicia social] el Estado tiene amplias prerrogativas (por ejemplo, el último gobierno del sr. Zapatero, del PSOE, aumentó la retribución directa y a «fondo perdido»a la ICAR proveniente de los PP. GG. del Estado). Estado que le es más fácil recaudar de los muertos y sus descendientes (mediante el impuesto de sucesiones) que no poner fin a la sangría financiera cosechada por la ICAR y otras instituciones (me refiero a la ICAR en concreto porque otras Iglesias cristianas, las protestantes y evangélicas por ejemplo, no poseen dichos privilegios, aunque es cierto que algunas -pocas- de ellas suspiran para ser privilegiadas de igual manera…).
Atentamente