El plan para la España vaciada

El plan para la España vaciada

Enric R. Bartlett Castellá. [El Norte de Castilla/Hoy ExtremaduraHacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes es, según Einstein, la definición de locura. Para no incurrir en ella, los planes de relanzamiento económico deberían priorizar las transiciones digital y energética. Un reparto equilibrado de la población en el territorio y una gestión sostenible del terreno agrícola y forestal, ayudaría a la segunda, que sólo es posible con la primera. En nuestro país, la regresión demográfica que, con frase tristemente afortunada, conocemos como “la España vaciada” va en sentido contrario.

El reciente plan de apoyo a la industria automovilística todavía subvenciona vehículos propulsados por gasolina y diésel. Sin embargo, un crecimiento exponencial de la oferta de combustibles derivados de biomasa forestal y residuos, que emiten un 80% menos de gases efecto invernadero, mitigaría la contaminación asociada. Esto sería una oportunidad para impulsar actividad económica en zonas en declive poblacional y, a la vez, mejorar la sostenibilidad de prácticas agrícolas y ganaderas.

Veamos lo que tenemos y, luego, lo que nos falta. Disponemos de excelentes centros de investigación forestal para asesorar en una gestión adecuada de los bosques, que rebaje el riesgo de incendio, acrecentado por sequía y abandono por falta de rentabilidad. Importamos productos que podríamos producir aquí, desde astillas y partícula a residuos de madera, pasando por madera aserrada y pasta de papel. Tenemos empresas de hidrocarburos líderes, que se han de reinventar y que pueden producir ecocombustibles que hagan funcionar el parque móvil mientras el tránsito al vehículo eléctrico tiene lugar. La Unión Europea estableció el marco regulatorio para garantizar su sostenibilidad, con la Directiva de fuentes de energía renovable de 2018.

¿Qué nos falta? Promover un mercado de recogida y gestión de biomasa y residuos vegetales y animales, a utilizar por refinerías que, correlativamente, rebajarían su producción de derivados del petróleo, al tiempo que también lo haría la contaminación de suelos y acuíferos de origen agrícola y ganadero. Una fuente de empleo estable a lo largo de toda la cadena de valor; pero en particular en las zonas rurales. El proyecto de ley de Cambio climático prevé planes de fomento de estos combustibles.

Muchas infraestructuras, como las energéticas, servicios financieros, de comunicación, culturales, etc., han funcionado, durante el confinamiento forzoso, gracias al teletrabajo. Ha sido posible por disponer de comunicación de altas prestaciones, como es la fibra óptica. La enhorabuena a las operadoras y a los reguladores. Pero no todo es para tirar cohetes. La fibra es un servicio inaccesible en esa parte de España que llamamos vaciada. La ley general de telecomunicaciones define como obligación de servicio público, garantizar a todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica y a un precio asequible, el acceso funcional a Internet que permita comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 1 Mbit por segundo. Entre una centésima y una milésima de la velocidad mínima de la fibra comercializada en nuestras ciudades (100 Mbit -1Gbt). Así, yo no hubiera podido comunicarme, como hice, por videoconferencia con mis estudiantes. Que una operadora instale la infraestructura depende de la viabilidad del plan de negocio, no existe derecho de los ciudadanos a reclamarlo.

Me parece justificado estimular inversiones para posibilitar este servicio, que no debe estar limitado a las conurbaciones urbanas. Si los datos son el petróleo del siglo XXI, las autopistas por donde circular, aunque sean de peaje, deben unir no sólo las ciudades grandes o medianas. Multitud de actividades hoy impensables en una pequeña población, serían posibles y, con ello, el círculo virtuoso de vivienda, comercio, servicios, volvería a arrancar.

Nuevamente, ¿qué tenemos y qué nos falta? En España, tenemos miles de kilómetros de fibra oscura. Ha sido desplegada, pero no “iluminada”, no está en uso. Las operadoras de transporte y distribución de energía eléctrica, así como el gestor de infraestructuras ferroviarias, son sus principales titulares. Utilizan la capacidad que precisan para sus actividades. El resto, la pueden alquilar.

Nos falta diseñar un plan que movilice recursos públicos, los del plan de estímulo, y privados, fundamentalmente de operadoras de telecomunicaciones; pero sin cerrar el paso a iniciativas ciudadanas de las que ya tenemos experiencias de éxito como en la Garrotxa (Girona) o, si fuera imprescindible, con la intervención directa del poder público. Soluciones instrumentales hay varias, pero las autopistas de la digitalización han de discurrir por toda nuestra geografía. No partimos de cero. Con una retribución razonable a sus titulares, la fibra no iluminada, podría dejar “el lado oscuro” y activarse para constituir las arterias y venas principales de un sistema al que le faltan capilares.

Si se alcanzan determinados volúmenes de facturación y, por tanto, beneficios por conexiones y usos, en un determinado plazo, debiera compensarse al poder público que subvencionó la inversión, para que pueda reinvertir en otras necesidades.

Como en las series policiacas, tenemos el motivo, el medio y la oportunidad. Sería muestra de cordura que lo aprovecháramos y así, insuflar nueva vitalidad a una parte, demasiado tiempo olvidada, de nuestro país.

Imagen de Андрей Баклан en Pixabay