«Es urgente implementar un ingreso mínimo garantizado»

«Es urgente implementar un ingreso mínimo garantizado»

Plataforma Església per un treball decentEste año llegamos a la celebración del Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores en medio de una pandemia mundial, que genera un impacto social y económico devastador, con efectos muy graves sobre millones de trabajadores, sobre todo para los que realizan Trabajos menos cualificados o precarios.

Con la esperanza que podamos superar pronto esta enfermedad, toca ir pensando en cómo afrontar sus consecuencias. En este sentido, creemos que el pensamiento social de la Iglesia ofrece una perspectiva que puede ser de gran ayuda.

Los poderes públicos tienen que aprobar políticas sociales y económicas de la máxima potencia posible que contribuyan a la protección de los derechos de todas las personas afectadas y a la reactivación económica.

Entre otras, creemos que hay que poner en marcha con urgencia todas las normas e instrumentos que aseguren un ingreso mínimo garantizado para todas las personas que no disponen de ingresos suficientes, que ayude a mantener la convivencia social y recupere la economía. La cuestión es evidentemente muy compleja. La diversidad territorial, con experiencias en diversos territorios como en Cataluña, con la Renta Garantizada de Ciudadanía, tiene que ser tenida en cuenta a la hora de articular un ingreso mínimo garantizado que dé cobertura a todas las personas en el conjunto del Estado.

Puesto que las personas y familias desprotegidas necesitan unos ingresos mínimos para poder vivir con dignidad, las autoridades públicas tienen que proporcionárselas a través de prestaciones públicas adecuadas. Muchos dirigentes políticos de diferentes tendencias ideológicas lo han reconocido, como también ha hecho diversas referencias el mismo Papa Francisco. Como no hay demasiadas experiencias de situaciones similares de urgencia, lo que se acuerde pedirá coraje y se tendrá que hacer “ad experimentum”. Los presupuestos de cada año podrán ir ajustándose, porque esperar a encontrar la fórmula perfecta, conlleva el peligro de perder el tren.

Igualmente, tal y como reclaman otras organizaciones y colectivos, son necesarias otras medidas muy importantes para garantizar los derechos de algunos colectivos que se encuentran particularmente desprotegidos. Entre otras, la prestación de paro para las personas trabajadoras del hogar, el reconocimiento social del trabajo del hogar y de cuidados, así como la regularización extraordinaria y urgente de los trabajadores y trabajadoras de nacionalidad extranjera en situación de irregularidad administrativa, que los deja en una circunstancia especialmente vulnerable.

Más allá de las políticas públicas, estamos convencidos que la recuperación de la economía productiva pedirá un gran esfuerzo de entendimiento entre trabajadores y empresarios, los cuales, en estas circunstancias excepcionales, tendrán que acordar muchas cosas para poder volver progresivamente a la normalidad, en la medida que se vaya controlando la enfermedad.

Los inventos de ingeniería financiera y los paraísos fiscales tienen que ser cosa de un pasado a superar. Tampoco son aceptables ERTE’s fraudulentos. Todos tenemos que afrontar nuestras responsabilidades y asumir una necesaria y fraternal justicia social.

La dramática situación que vivimos puede querer justificar actuaciones rígidas del Estado, sin respetar la necesaria diversidad. Hay que recordar que la economía necesita de la iniciativa privada y del control público, siempre de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Las ayudas y subvenciones que llegaran de la Unión Europea se tendrán que administrar con gran responsabilidad y transparencia. Desgraciadamente siempre hay quien intenta aprovecharse sin justificación, perjudicando gravemente al conjunto de la sociedad y al crédito que necesitamos a nivel internacional.

En cualquier caso, la crisis que vivimos nos ha situado como sociedad delante de un reto enrome y, a la vez, de una nueva oportunidad: avanzar juntos hacia un nuevo modelo económico y social centrado en la persona, que garantice el derecho a un trabajo decente y digno para todos, o subsidiariamente a unos ingresos mínimos para atender las necesidades básicas, en el marco de una ecología integral. Como dice el papa Francisco, hace falta “construir otras maneras de entender la economía y el progreso, para combatir la cultura del descarte, para dar voz a los que no la tienen, para proponer nuevos estilos de vida. Mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal”.

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La Plataforma Església per un treball decent está formada por Càritas diocesana de Barcelona, Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, Secretariat diocesà de Pastoral Obrera (JOC, MIJAC, ACO, GOAC), Delegació diocesana de Pastoral Social, Fundació ASCA-Acció Solidaria Contra l’Atur, Mans Unides, SEDASE-Seminari Doctrina i Acció Social de l’Església, URC-Unió de Religiosos i Religioses de Catalunya, Secretariat diocesà de Missions

Imagen de javipolinario extraída de Pixabay