Identidad y memoria: la responsabilidad empresarial de prevención de riesgos laborales en residencias de nuestros mayores

Identidad y memoria: la responsabilidad empresarial de prevención de riesgos laborales en residencias de nuestros mayores

Julia Lopez e Ignasi Areal. La construcción de nuestra identidad, tanto colectiva como individual, en el futuro pasará por la memoria de lo que vivimos y cómo lo integramos, en este proceso el último y dramático momento en el que estamos ahora por causa de la pandemia pasará a formar parte de quiénes somos cada uno como individuo y qué modelo social estamos construyendo. Dentro de este proceso, nuestros mayores son el anclaje de esa memoria tanto individual como colectiva y en ese sentido no son un grupo anónimo sin nombre, sino que cada uno representa parte de ese mosaico que nos construye a cada uno como persona y como sociedad. Noticias en los periódicos sobre los criterios terapéuticos nos han alarmado respecto a cómo y qué se está decidiendo en los hospitales a la hora de valorar opciones para los pacientes; queremos pensar que no sea la edad el factor determinante y que sean criterios médicos de valoración conjunta de una serie de factores complejos adoptados por los médicos, en los que tenemos que confiar plenamente por el comportamiento ejemplar que están teniendo. Los sanitarios son hoy nuestra referencia, nuestra conciencia social del cuidado de unos miembros de comunidad por otros. Son profesionales que merecen otro trato que el que han estado recibiendo y necesitamos pensar que son ellos, sin equipos de protección en muchos casos siquiera, los que deciden y no la burocracia. Dejemos a los médicos decidir con sus criterios deontológicos sin interferencia en esta decisión; es su responsabilidad, la nuestra es ayudar a que puedan decidir con libertad. Los políticos tienen que evitar seguir en periodo electoral, nuestra memoria ciudadana lo recordará si no lo hacen a la hora de ser nuestros representantes.

En esta línea de ayuda a los sanitarios para que puedan seguir trabajando es fundamental mantener y reivindicar el papel de los hospitales de campaña que están logrando ayudar a descongestionar los servicios sanitarios. No es la hora de la resta, es la hora de la suma, no es la hora de recelar, sino de confiar; el ejército está actuando como un Peace Corp, la creación del Presidente Kennedy, que tiene únicamente funciones de ayuda para combatir el COVID-19. Por favor, como fervientes defensores del antimilitarismo y objetores de conciencia, hay que sumar a todos en esta tarea ímproba de defensa de la salud de todos. Felicidades a los políticos de todo signo que saben pedir ayuda. Desinfección, construcción de hospitales, contribución al personal sanitario, trabajo en las residencias, es fundamental que se haga contando con todos. En Sabadell, recogía la Vanguardia, la UME y los técnicos de salud trabajan codo con codo. La inclusión de todos construirá nuestra identidad basada aún más en el respeto al otro y en la responsabilidad.

En este sentido, todos tenemos que responder para hacer frente al COVID-19; es tarea de todos y responsabilidad de todos, incluidos los grandes grupos de inversión a los que pertenecen parte de las residencias privadas para gente mayor. A estos empleadores, igual que al resto, hay que exigirles su responsabilidad en relación con los mayores y en relación con sus trabajadores y trabajadoras. La declaración del estado de alarma ha provocado un falso espejismo, como si la responsabilidad de la atención a nuestros mayores fuera sólo pública, de las instituciones públicas. Nada más lejos de la verdad, el empleador privado, en este caso integrado en algunos casos por grandes grupos de inversión en el sector de atención a los mayores en residencias, como los empleadores del personal que realiza la atención domiciliar de nuestros mayores son sujetos obligados de forma clara por las normas. Es obligatorio que todos los empleadores que gestionan las residencias de personas mayores, centros socio-sanitarios y al personal de atención domiciliar cumplan con su obligación de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores y trabajadoras tal como exige la Ley 35/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales y su normativa de desarrollo. Conforme a esta Ley tienen que actualizar la evaluación de riesgos laborales ante la aparición del COVID 19 como nuevo riesgo biológico y en función de esta evaluación, adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de trabajadores y trabajadoras, frente a este riesgo biológico, con la ayuda técnica de “los servicios de prevención” con los que cuenten o hayan contratado.

Es responsabilidad de tales empleadores: garantizar la vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras -con la realización de las pruebas diagnósticas del COVID-19 de ser ello necesario-, facilitar equipos de protección individual, informar y formar a su personal sobre el COVID-19, reforzar las plantillas en caso de producirse bajas y la adopción de cuantas medidas sean necesarias porque así lo exige la ley. Tales empleadores deben recordar que la diligencia exigible en el cumplimiento de su obligación de garantizar la seguridad de sus empleados, no se reduce al cumplimiento de la normativa, que puede, en determinadas circunstancias como las actuales, ser insuficiente o quedar obsoleta en un breve espacio de tiempo; es necesario adoptar de forma permanente todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud del personal empleado, estén o no contempladas en una norma.

Ante el avance que suponen las recomendaciones recogidas en las diversas órdenes ministeriales y guías respecto a este tipo de centros (introducción de sistemas para reducir la opacidad informativa, medidas de intervención e inspección, medidas de prevención, etc.) recordar el alcance legal de la obligación de seguridad de estos empleadores, debe servir para suplir la tardanza, deficiencias u olvidos que presentan dichas recomendaciones en materia de prevención de riesgos laborales, como es, por ejemplo, la carencia absoluta de previsiones específicas para el personal del servicio de ayuda a domicilio.

Tenemos que recordar que los trabajadores y trabajadoras del sector de residencias de personas mayores, centros socio-sanitarios y del personal de atención domiciliar no quieren ser héroes o heroínas, sólo profesionales con medios adecuados y suficientes para afrontar esta grave situación sin poner en peligro sus vidas ni las de los demás y para ello es fundamental que los empleadores cumplan con la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, pues ninguna de las obligaciones que ésta impone han decaído con la declaración del estado de alarma.  Algunos de estos profesionales sanitarios están residiendo en los centros para evitar que sus movimientos pudieran contagiar a los mayores.

Nos estamos jugando mucho, el hoy y el futuro de cómo queremos construir nuestra identidad individual y colectiva y en ese proceso de memoria los mayores tienen que ser integrados como una columna clave de nuestra sabiduría.

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Julia Lopez Lopez. Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. UPF

Ignasi Areal Calama. Especialista en Prevención de Riesgos Laborales.

 

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay