Honduras: un país fracturado por la crisis política y social

Nieves Fernández y Valeria Méndez de Vigo. La crisis política y social en Honduras alcanzó su punto más crítico durante la oleada de manifestaciones que tuvieron lugar en el periodo postelectoral, en los meses de diciembre, enero y febrero, tras la reelección del presidente Juan Orlando Hernández en los comicios celebrados el 26 de noviembre de 2017.

Según un informe emitido el pasado 12 de marzo por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), fallecieron 22 civiles, de los cuales se documentan 16 muertes violentas causadas por disparos de las fuerzas de seguridad. Asimismo, ACNUDH registra 60 personas heridas, la mitad de ellas como consecuencia el uso de armas de fuego, 1.351 personas detenidas por violar el toque de queda entre los días 1 y 5 de diciembre y múltiples denuncias creíbles de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en el momento y en el transcurso de su detención.

Esta espiral de violencia se produce tras unas elecciones que han levantado serias sospechas de fraude, motivadas por prolongados retrasos e irregularidades durante el recuento de votos. Causó inquietud entre los hondureños, sobre todo, el sorpasso del expresidente Juan Orlando Hernández al candidato de Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, que le aventajaba por 5 puntos, tras la caída del sistema de conteo de votos durante 36 horas entre los días 27 a 29 de noviembre. Después del anuncio de los resultados finales por el Tribunal Supremo Electoral, que daban la victoria a Juan Orlando Hernández con un 42,95% de los votos, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, emitió un comunicado llamando a la celebración de nuevas elecciones generales, que, sin embargo, fue ignorado por las fuerzas políticas vencedoras.

Pero el desgaste de la legitimidad democrática del gobierno hondureño no tiene su origen en el proceso electoral. Se remonta más atrás. Para que el presidente Juan Orlando Hernández se pudiese presentar a un segundo mandato, la Corte Suprema de Justicia tuvo que sortear la aplicación del art. 293 de la Constitución de Honduras que prohíbe al titular del ejecutivo aspirar nuevamente a la presidencia. Esta decisión fue adoptada después de que el Gobierno destituyese en 2013 a 5 de los 6 magistrados de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia y colocase a 5 magistrados afines.

La libertad de expresión estuvo fuertemente restringida durante las protestas del periodo postelectoral, por lo que apenas se dispuso de información acerca de lo que estaba ocurriendo. Hace unas semanas, Pedro Landa, coordinador de ERIC-Radio Progreso, contraparte de ALBOAN y Entreculturas, estuvo en Madrid, invitado por estas dos organizaciones, para informar acerca de la grave crisis política e institucional en el país y recabar apoyos de las instituciones y sociedad españolas.

Respecto de las restricciones del derecho a informar señaló lo siguiente: “Estamos en un país en que se está impidiendo que estas situaciones se conozcan hacia afuera. Hubo un gran cerco mediático y graves manipulaciones a los medios de comunicación (…). Nuestra radio y un canal de televisión éramos los únicos medios que estábamos informando realmente acerca de la situación.” Asimismo, mostró su preocupación por el ataque a la libertad de expresión que podría suponer la aprobación del proyecto de ley del Partido Nacional orientada a regular el contenido de las redes sociales e internet, que jugaron un importantísimo papel durante las protestas.

Resulta esencial que el Gobierno de Honduras investigue y juzgue de manera efectiva todos los actos de violencia que dieron lugar a fallecidos y heridos durante las manifestaciones y examine las detenciones masivas y las denuncias de tratos inhumanos y degradantes durante las mismas. También debe reconocer el importante papel que desempeñan los medios de comunicación en todo sistema democrático y, en consecuencia, garantizar adecuadamente su derecho a informar con independencia de su orientación política.

Por último, es imprescindible el establecimiento de un diálogo abierto, que refleje la pluralidad de actores políticos y civiles de la sociedad hondureña, cuya finalidad se circunscriba a resolver las raíces de la crisis política, con las reformas necesarias. Sin el mismo, será muy difícil recuperar la legitimidad democrática de las instituciones y acabar con la gravísima fractura social que sufre la sociedad hondureña.

Imagen extraída de: RTVE