Este escrito es una reseña del libro Democratic practice. Origins of the Iberian divide in political inclusion de Robert M. Fishman. El libro, que solo se encuentra en inglés, lo publica Oxford Univeristy Press].
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El autor, un politólogo norteamericano, vive en España y es profesor en la Carlos III de Madrid, aunque está casado en Barcelona. Tratando de entender “el estado de la democracia en el mundo contemporáneo” o cómo “democracies should work” y cómo de hecho “do work” (p. 294, cursivas en el original), ha encontrado que en la península ibérica hay una diferencia importante entre Portugal y España que atribuye al camino por el que se ha llegado a la democracia: en un lado surgiendo de una revolución (“tras una guerra colonial cada vez menos exitosa”: p. 42), en el caso de España por una evolución. Podríamos hablar de una democracia “postrevolucionaria” y de una democracia “postdictatorial”.
Consecuencias de esos orígenes
En el primer caso las democracias son más “inclusionistas” (more inclusionary) y en el segundo tienden a ser más “exclusionistas” (exclusionary). Por eso las primeras son más aptas para el diálogo y tienden a escuchar más la voz del pueblo y de las clases más pobres, aunque sea extraparlamentaria. Las segundas, en cambio, quedan más prisioneras del parlamento, la ley y las instituciones oficiales. La prueba de ello que aduce el autor (p. 59) es el artículo 77 de la Constitución española[1]. Debo confesar que nunca había visto citado este artículo al hablar de la necesaria reforma de nuestra Constitución. Pero de esta manera, como dice el autor, muchos problemas reales se convierten en “politically illegitimate” (p. 208). Ese análisis se confirma con alusiones a otras democracias (Grecia como una especie de intermedio entre España y Portugal, Argentina, Chile…).
El autor defiende claramente la transición española contra todas las críticas que hoy se le hacen (fue “almost certainly the only viable pathway”: p. 228); pero reconoce también que este tipo de cambios, precisamente por su dificultad para ser más incluyentes, pueden necesitar revisión con el paso del tiempo. En cualquier caso, el que se haya llegado a una práctica democrática menos inclusiva en un país tan diverso como España, donde hay “conflictos sobre identidad nacional y varios sentimientos nacionalistas dentro de las fronteras del país” (p. 26), es normal que acabe siendo fuente de futuros problemas.
Ejemplos concretos
Esa óptica menos inclusiva explica también la diversa manera de encarar la recesión, que fue mucho más positiva en Portugal (p. 180). También “en la educación y en los Media, la práctica institucional ha sido más participativa, menos jerárquica y más inclusiva en Portugal que en España” (p. 100). Y el lector piensa en seguida en la vergüenza de que, cuarenta años después, todavía no tenga España una ley fija de educación, fruto del diálogo entre todos los partidos.
Todo eso se confirma en el capítulo 4, How democratic practice matters, con una serie de estadísticas sobre desempleo, recaudación fiscal, protección social, educación y riesgo de pobreza. Incluso el estado de bienestar, que se implantó más rápida e intensamente en España durante los primeros diez años de democracia, se ha estancado luego más en España que en Portugal. De modo que, en resumen, a pesar del gran elogio que hace al sistema español de salud, reconoce el autor que el perfil de Portugal es claramente “más igualitario” que el español[2].
El autor escribe con una gran serenidad, echando mano de recursos y datos históricos sobre el trasfondo cultural y político de cada país, que no es posible reproducir aquí. Dado el lugar desde el que escribe, me permito añadir algunas de sus observaciones sobre Cataluña, porque el autor cree que refuerzan sus tesis, de modo que lo dicho sobre la España democrática, vale también para Cataluña y para el problema catalán al que el autor dedica un largo capítulo (el sexto): en este punto no hay ningún rasgo diferencial, aunque los haya en otros campos.
El problema catalán
No es la gran pluralidad de España, sino el modo de afrontar esa pluralidad lo que está en la raíz del conflicto. Países plurinacionales hay varios (Canadá, India, Reino Unido…), pero el carácter exclusionista de nuestra democracia hizo las cosas más difíciles. Según el autor, Adolfo Suárez fue de los que mejor intuyeron esto. Por otro lado, apelar a un descontento creciente fue un salvavidas para un partido como Convergència amenazado por su propia corrupción interna.
La tesis del autor es que, si en el 2014 el gobierno y el poder judicial español hubiesen aceptado la propuesta de la Generalitat de un referéndum no vinculante, el asunto hubiera concluido con una clara derrota de las fuerzas independentistas porque, al ser legal la consulta, hubiera participado mucha gente. Pero, en vez de eso, los esfuerzos del gobierno para impedir esa consulta redujeron la participación a una mayoría de pro-independencia y provocaron la irritación de muchos catalanes favorables, en principio, a la permanencia en España (p. 174): “el apoyo a la independencia se ve sustancialmente reducido cuando opciones de ‘tercera vía’, como una autonomía reforzada en el seno de una España federal, entran en el abanico de opciones propuestas” (p. 175).
No obstante, y a pesar de eso, el autor cree que hay “una congruencia entre las prácticas democráticas en Cataluña y en el resto de España”, tanto en la forma de abordar el “15M”, como en la declaración del 27 de octubre del 2017 (p. 178-80). En ambos lugares se percibe “una aguda separación entre la política dentro de las instituciones representativas y la expresión de sentimientos de los ciudadanos fuera de ellas” (p. 181). Y más adelante: “muchos temas suscitan la pregunta de si la conducta política de la Generalitat ha sido genuinamente inclusionista. De hecho las élites catalanas pro-independencia han mostrado con frecuencia una inclinación a mirar la democracia como un sistema que empodera a los representantes elegidos para ejercer el poder institucional por caminos más bien exclusionistas, sin prestar atención a expresiones de los ciudadanos fuera del marco de las instituciones” (p. 184).
Se añade a eso que el sistema electoral favorece a las circunscripciones del interior, menos pobladas: Barcelona con el 74% de población apenas llega al 63% de los diputados elegidos. Eso permite paradojas como que los independentistas ganaran una elecciones en cuanto a número de parlamentarios, pero las perdieran en cuanto a plebiscito sobre el estatus de su país (p. 185). El resultado es, dentro de España “una concepción exclusionista de la democracia” y, dentro de Cataluña, “tanto en el campo independentista como en el antiindependencia un mayor interés por conseguir sus objetivos finales, que por garantizar una lectura exacta de las preferencias de los ciudadanos” (p. 187).
No es de extrañar entonces que cada grupo acuse al otro exactamente de lo mismo: de haber dado “un golpe contra la democracia” (de la que ellos se profesan defensores) y de haber violado principios fundamentales de la política libre y representativa. “Esos mutuos reproches pueden verse en parte como un reflejo de la concepción de la democracia predominante en España: parcial y con frecuencia exclusionista” (p. 192). En realidad, ninguna de las dos partes ha dado “un golpe de estado”; solo han mostrado ambas partes una tendencia a excluir a los “culturalmente otros” de una vida política legítimamente institucionalizada (p. 193).
Dos comentarios
Puestos a hacer alguna crítica, me permito echar de menos un análisis sobre el rol del ”factor iglesia” en ambos países. Da la impresión de que la izquierda oficial española es profundamente anticlerical y antieclesiástica. Se le puede conceder una buena parte de razón por lo que fue la conducta de la iglesia antes y en la guerra civil, y durante buena parte de la dictadura. Pero de ahí se ha pasado a lo que Pilar Rahola califica como una “cristianofobia”, cada vez menos sutil. Ello lesiona la laicidad del Estado, por su falta de neutralidad ante el cristianismo, se convierte además en un arma cómoda para las derechas, y pone a la defensiva a una iglesia que en Portugal es mucho mejor colaboradora. Esto puede ser solo una intuición que necesitaría análisis más minuciosos como los que hace Fishman. Pero quizá valía la pena sugerirlo.
Habría que decir mucho más, pero quizá sea mejor terminar con una exhortación a escuchar sencillamente lo que nos dice alguien de fuera, pero que vive entre nosotros y nos conoce bien. Aunque se puede temer que ninguna de las partes afectadas hará realmente eso: porque en esta hora hispana, cada partido considera que España (o Cataluña) soy solo yo o “yo y los míos”; los demás no son conciudadanos sino intrusos a los que hay que excluir. Y así nuestro problema son los confines del inclusivismo: “the boundaries of political inclusión” (p. 210).
Finalmente, y dado que al autor vive en Barcelona, yo recomendaría la traducción de ese libro, si es que no está ya en marcha.
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[1] “Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan”.
[2] Para tampoco idealizar a Portugal, me permito remitir al artículo: “La cara oculta del milagro portugués”, en la edición castellana de Le Monde Diplomatique, (septiembre 2019, pgs. 4-6). Una cara oculta que, no se debe solo a Portugal, sino a la Troika de Bruselas y en la avaricia de los Bancos.
Imagen de Carlos Cañizares extraída de Pixabay