En abril de 2018 se realizaron protestas noviolentas en Nicaragua en contra de las injusticias cometidas por los gobernantes Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes actualmente tienen sometidos todos los poderes del Estado e instituciones bélicas como la Policía Nacional y el Ejército, así como grupos armados irregulares e ilegales (paramilitares), que son utilizados para criminalizar, reprimir, asediar, torturar y asesinar al pueblo.
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) registra una actualización de víctimas fatales en el contexto de la crisis y da cuenta de al menos 355 víctimas durante la represión a las protestas sociales entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019. Según el desagregado por género, 15 serían mujeres y 340 hombres. Además, 27 del total de víctimas serían niñas, niños y/o adolescentes. Los datos también dan cuenta de 23 agentes de la Policía Nacional que perdieron la vida en este contexto[1].
En Nicaragua, aspectos tan básicos como portar una bandera azul y blanco (colores de la bandera nacional), asistir a protestas cívicas, ser católico, publicar información en redes sociales, emitir una carta de recomendación, brindar entrevistas, escribir artículos de opinión, reunirse, ejercer el periodismo, realizar huelga de hambre, recibir premios por ser ciudadano destacado[2], entonar el himno nacional en lugares públicos, ser familiar de un perseguido político, gritar “¡Viva Nicaragua libre” y realizar actos humanitarios, por muy insólito que parezca, son actos tipificados por el sistema judicial como terrorismo y traición a la patria. Estudiantes, campesinos, médicos, maestros, sacerdotes, seminaristas, periodistas, abogados, miembros laicos de la Iglesia católica, defensores de derechos humanos, familiares de activistas y opositores han sido perseguidos y criminalizados por reclamar el cumplimiento de derechos humanos.
La Administración Pública Ortega-Murillo ha aprobado leyes (Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz; Ley Especial de Ciberdelitos; Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro…) que criminalizan a los opositores. Son leyes represoras, inconstitucionales, con vacíos jurídicos y de interpretación extensiva de la ley por parte del judicial (una potestad, “la interpretación auténtica de la ley”, que solo tiene atribuida la Asamblea Nacional en el artículo número 138 de la Constitución Política de Nicaragua). Hasta el 9 de febrero el régimen mantenía 260 ciudadanos presos políticos[3] mientras sus familiares denunciaban que estaban siendo torturados.
El gobierno ha expulsado a congregaciones religiosas, a un nuncio apostólico representante del Estado Vaticano en Nicaragua y a un número aún no seguro de sacerdotes. Ha obligado a exiliarse a once religiosos y también ha prohibido la entrada al país a ocho sacerdotes nicaragüenses. El artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua establece en el artículo 32 que “los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”[4].
El régimen sandinista Ortega-Murillo cerró 2022 con 15 procesos penales en contra de la Iglesia católica nicaragüense. Todos esos procesos se caracterizan por ser nulos de principio a fin, ilegales, arbitrarios, y discrecionales. Derechos inalienables como el derecho a la defensa, a la inocencia, a un juicio sin dilaciones, derecho a comunicarse con su familia, derecho de conocer la causa de la acusación, derecho a un juzgado competente…, se han vulnerado en todos los procesos a los religiosos. El derecho a un juicio justo se encuentra en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Política y leyes penales de Nicaragua, sin embargo, el Sistema de Justicia no lo respeta ni lo cumple. Existen sacerdotes que están siendo asediados por la policía y paramilitares 24 horas al día.
En menos de cuatro años, la Iglesia católica en Nicaragua ha sufrido 396 ataques, entre ellos un incendio en la catedral de Managua, además de acoso policial y persecución a obispos, sacerdotes y laicos bajo el régimen del presidente Daniel Ortega. Así lo reveló el estudio de investigación de Martha Patricia Molina: “Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida? (2018-2022)” . Se seguirá monitorizando estas agresiones en el 2023 porque es la única manera de que esta impunidad contra los derechos humanos del pueblo nicaragüense no quede en el olvido.
El 9 de febrero de 2023 se dio a conocer el destierro de 222 presos políticos recluidos en distintas cárceles del país, además de la pérdida de sus derechos ciudadanos y la nacionalidad nicaragüense a perpetuidad. Entre ellos se cuentan los sacerdotes y seminaristas apresados en la curia de Matagalpa y dos sacerdotes apresados en Siuna y Managua. Monseñor Rolando Álvarez se negó a aceptar el destierro, por lo que fue condenado a 26 años de prisión, la pérdida de sus derechos civiles y la nacionalidad a perpetuidad y posteriormente recluido en la cárcel La Modelo, conocida por ser centro de tortura y violaciones a los derechos humanos.
La expulsión forzada de los presos políticos, lejos de ser una auténtica liberación, debe colocar a la comunidad internacional en una nueva lucha por reivindicar el derecho de los ciudadanos nicaragüenses en su propia patria y un diálogo en el que toda la sociedad civil tenga una verdadera representación. Pedimos la solidaridad internacional con los excarcelados que hoy se encuentran en Estados Unidos y exhortamos al pueblo de España acoger con sensibilidad a los hermanos nicaragüenses, hoy apátridas, que acepten recibir la ciudadanía española.
***
[1] Ver: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, https://www.oas.org/pt/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/302.asp 15 de noviembre de 2021
[2] Decreto Presidencial No. 17-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de Agosto de 2021.
[3] Según las cifras publicada y actualizada del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en: https://presasypresospoliticosnicaragua.org/
[4] 2022 was the worst year for the Catholic Church in Nicaragua, https://www.catholicnewsagency.com/amp/news/253183/2022-was-the-worst-year-for-the-catholic-church-in-nicaragua
[Imagen de Lukáš Jančička en Pixabay]