Hay que reconocer que nunca hemos tenido en España un Estado fuerte, capaz de servir a los intereses del bien común o el interés general. Siempre, desde que surgió el Estado en los territorios del imperio español estuvo al servicio de los intereses particulares de un grupo social concreto, sea este la familia gobernante o las élites nobiliarias del momento, incluso el grupo de vencedores de la guerra española del siglo XX. Tras la muerte del dictador, España tuvo la oportunidad de construir un Estado social, garante de derechos y libertades y cohesionado en torno a la Constitución del 78, construida sobre el modelo alemán de Estado social y de derecho, con una sólida base material que garantizara el bienestar social y el ejercicio de la democracia en plenitud. Sin embargo, esto se truncó muy pronto. Las tímidas reformas de los primeros gobiernos socialistas tropezaron de bruces con la oleada neoliberal que invadió Europa a principios de los ochenta, de la mano de Reagan y Thatcher y las políticas impuestas por la Unión Europea que nos dio acceso en 1986. Se nos permitió acceder y se nos suministró una ingente cantidad de fondos estructurales para crear infraestructuras. A cambio, se nos obligó a desmontar nuestra industria y a potenciar una economía subsidiaria de Alemania. España perdió sectores industriales clave, como los altos hornos o el naval, y construyó un sector servicios dependiente del turismo internacional, con escaso valor añadido y nula capacidad de crear un tejido industrial patrio. España se negó a sí misma la capacidad de ser una potencia industrial junto a Alemania, Gran Bretaña y Francia.

Para empeorar la situación, a la eliminación de una potente industria se unió la fiebre privatizadora auspiciada por los grupos de presión neoliberales en el gobierno socialista y culminada por las políticas de Aznar. Las empresas estratégicas del Estado rentables fueron entregadas -no se puede hablar de venta- a grupos cercanos al poder, de modo que al Estado se le amputaba la capacidad económica y la posibilidad de hacer políticas públicas de interés general. El esperpento llegó al paroxismo cuando la empresa energética emblemática española, Endesa, acaba en manos de una empresa pública del Estado italiano, que es quien puede determinar la política energética en España, mientras al Estado español, no se sabe bien por qué complejo neoliberal, se le impide poseer empresas, a no ser que sean deficitarias.

A la amputación del brazo económico (el Estado no puede producir para sí lo que necesita a nivel energético, por ejemplo) se une la semiamputación del brazo fiscal. Desde inicios de los ochenta, el tramo máximo del IRPF en España ha bajado desde casi el 60% al 43%, además de la casi nula tributación del capital y del escaqueo fiscal de las grandes empresas del IBEX, antes casi todas públicas. Es decir, España pierde casi la mitad de sus ingresos fiscales por la aplicación de políticas que solo benefician a las élites económicas que han privatizado empresas, bajado impuestos y construido una economía rentista que no sirve a los intereses generales del Estado: ni crea empleo ni sostiene a su población. Esta situación de penuria fiscal e incapacidad de gestión de políticas económicas a largo plazo nos hace vulnerables antes situaciones de dificultad económica. Por esto, cuando viene una crisis España la paga con desempleo y más pobreza, mientras que Alemania apenas lo nota en el empleo. España no tiene o, mejor dicho, se le han quitado, las herramientas económicas y fiscales que le permitirían construir una economía menos dependiente del ciclo económico y de imprevistos como es esta pandemia.

Sin embargo, hay un problema estructural tan importante como los ya mostrados y es la falta de una estructura estatal sólida. La aplicación de las políticas neoliberales en los últimos treinta años ha llevado a la disminución de la función pública, tanto en la administración central como en las autonómicas y municipales. Por nuestra población, España necesita una estructura funcionarial de al menos un millón más de empleados públicos. Lo estamos viendo con cada vez más nitidez ahora que hace falta un músculo estatal fuerte para llevar a cabo las inversiones millonarias que llegarán en los próximos tres años de Europa. Debemos ser capaces de gestionarlas y vehicularlas para no perderlas, pero no tenemos las estructuras humanas suficientes para gestionar este dinero en tan poco tiempo, como tampoco tenemos la capacidad de gestionar una pandemia, mucho menos, si llegara el caso, una guerra. España se muestra como un Estado fallido.

La pésima aplicación del Título VIII de la Constitución, con el famoso “café para todos”, ha sido aprovechada para, cada uno en su cortijo particular, construir una pequeña taifa donde apesebrar a los propios y fidelizar a la clientela política. La privatización de servicios públicos, municipales también, las concesiones administrativas y la potenciación de la sanidad y educación privadas con dinero público, ha destruido la escasa fuerza que poseía la administración española en sus distintos niveles. La administración pública española parece una presa a la que una jauría arranca trozos de carne hasta consumirla. No hay orientación nacional, no hay política estratégica, no existe un proyecto de país que nos haga fuertes ante los retos que tenemos pendientes, retos tan graves como los efectos del cambio climático, la reducción de la disponibilidad de energía, la dependencia del exterior para cubrir necesidades básicas en los sectores esenciales de atención a la población, la planificación de inversión en ciencia e investigación que permita aprovechar el capital humano formado en nuestro país, y una lista casi interminable que nos habla de las enormes carencias no abordadas por los gobiernos los distintos gobiernos de España o de las Comunidades Autónomas, antes bien potenciadas por sus políticas.

Antes de que venga otro envite de la naturaleza o que los problemas globales se lleven por delante a nuestro país, hemos de repensar concienzudamente si queremos vivir como una gran comunidad que alberga a cuantas personas compartimos historia y cultura desde hace siglos, cómo queremos organizar el Estado en función del bien común y el interés general y qué debemos hacer para construir una realidad política que nos proteja de los peligros que ciertamente se avecinan. De lo contrario, los hordas de siempre ondearán las banderas del odio y no sé si sabremos evitar el infausto destino cainita de nuestro país. Al fin, el poeta tenía razón: ¿una de las dos Españas ha de helarnos el corazón?

[Imagen de justraveling en Pixabay]

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Doctor en filosofia (Universidad de Murcia) i Teologia (Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer de València). Professor Ordinari de Teologia a l'Institut Teològic de Múrcia OFM. Des de 2010 coordina el Màster Universitari en Teologia (On line) a la Universidad de Murcia i dirigeix la Línia d'Investigació en Teologia en el Programa de Doctorat en Arts i Humanitats de dita Universitat. Treballa en dues línies d'investigació: una sobre la relació del cristianisme amb la societat postmoderna i l'altra sobre el Jesús històric i el cristianisme primitiu. Dirigeix la revista de l'Institut Teològic de Múrcia, Carthaginensia. El seu últim llibre: La revolución de Jesús. El proyecto del Reino de Dios (PPC, Madrid, 2018).
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