Respuestas laborales ante la crisis

Respuestas laborales ante la crisis

Eduardo Rojo TorrecillaDudo mucho, y creo que todos los lectores y lectoras compartirán mi punto de vista, que muy poco antes de la aprobación del estado de alarma por el Consejo de Ministros el día 14 de marzo, y que la Organización Mundial de la Salud declarara el 11 de marzo como pandemia el brote de Covid-19, fuéramos consciente del cambio radical que iba a significar en nuestras vidas. Y, desde luego, estoy seguro de que tampoco el gobierno español era consciente del cambio radical que iba a significar para su agenda de trabajo de los meses venideros.

La crisis tiene un marcado carácter social. ¿Qué quiero decir con ello? Que aunque el virus que no vemos (digno de una película de Stephen King y, en épocas anteriores, de Alfred Hitchcock) puede afectar a cualquier persona, afecta realmente mucho más a las personas trabajadoras, aquellas que por razón de ser considerada actividad esencial la que llevan a cabo tienen que seguir acudiendo presencialmente a sus puestos de trabajo y, por ello, la incidencia de la pandemia es muy superior en los barrios y distritos donde se concentra buena parte de esa población. Me refiero, pues, a quienes siguen trabajando, a quienes siguen desplazándose cada día en tren, autobús, metro o coche particular, a sus centros de trabajo porque no hemos encontrado aún la posibilidad de realizar esos trabajos por medios “no humanos”. O sea, que muchos trabajadores y trabajadoras que los estudios sobre el futuro del trabajo consideraban “prescindibles”, o cuando menos sustituibles en gran medida por aplicaciones tecnológicas, han pasado a ser totalmente necesarias y necesarios para el mantenimiento de una, por lo menos, mínima cohesión social en estos momentos álgidos de la crisis. Y además, y aquí sí que han acertado las y los “futurólogos del trabajo”, sí han cobrado muchísima mayor importancia que en otros momentos las tareas, actividades, trabajos de cuidado (remunerados o no, en condiciones más o menos precarias, en situación regular o irregular de quienes los llevan a cabo, de nacionalidad española o extranjera) de quienes más lo necesitan por su estado físico.

Las decisiones políticas adoptadas por el gobierno español han colocado a la normativa laboral y de Seguridad Social, y más concretamente al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en el “centro del huracán” del debate, análisis y crítica política y social.

Mi parecer es que en esta ocasión, y diferenciándose totalmente de cómo se encaró la crisis en la reforma laboral de 2012 del gobierno del Partido Popular, el DTSS no ha sido, ni mucho menos, un “subproducto” de las decisiones adoptadas de carácter económico, sino que ha adoptado un rol relevante y de primer orden en la búsqueda de soluciones a la crisis, yendo de la mano con las decisiones económicas.

Si en la reforma de 2012 se puso el acento en la mayor flexibilidad unilateral del sujeto empleador para modificar las condiciones laborales y en la mayor libertad jurídica para proceder a despidos colectivos, sin que se adoptarán por otra parte medidas tendentes a proteger económicamente a quienes se vieran afectados por tales decisiones, en la crisis de 2020 las medidas (con mayor o menor acierto en su redacción y aplicación, pero ya habrá tiempo para analizarlas con detalle) han tendido a buscar fórmulas de suspensión, y no de extinción, de las relaciones de trabajo, así como también a buscar fórmulas de flexibilidad negociada de la organización del trabajo, y todo ello con una cobertura económica de desempleo y una reconfiguración temporal del concepto de accidente de trabajo, o de asimilación de determinados supuestos, por la gravedad de la situación sanitaria que ha afectado y siguen afectando a miles de  personas trabajadoras.

Las medidas adoptadas en España son semejantes a las adoptadas en otros países tanto europeos como de otros continentes, como ponen de manifiesto los informes periódicos de la OIT y la documentación preparada para la cumbre mundial sobre el trabajo que tendrá lugar a principios de julio.

Durante 2020 se han dictado hasta la fecha de redacción de este artículo 24 Reales Decretos-Leyes Desde el número 6 (dictado el 10 de marzo) hasta el 24 (aún caliente el BOE, ya que se aprobó el 26, y se publicó y entró en vigor el 27) todos incluyen medidas económicas, sociales y /o laborales como consecuencia de la Covid-19.

En muy apretada síntesis, tales medidas laborales son las siguientes:

A) Mantenimiento del empleo. Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) por fuerza mayor, total o parcial, y por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP). Acompañados de exoneración de cuotas empresariales a la Seguridad Social. La negociación entre los agentes sociales para alcanzar un acuerdo con el gobierno antes del 30 de junio, fecha de finalización de vigencia de la regulación prevista para los primeros, ha dado sus frutos y permitirá tanto mantener el empleo como recuperar gradualmente la actividad productiva.

B) Protección de las personas desempleadas, tanto de las que trabajan por cuenta ajena como para las que lo hacen por cuenta propia. Flexibilización máxima de los requisitos para acceder a la prestación contributiva (no necesidad de periodo mínimo de cotización, no cómputo del período “gastado” para futuras prestaciones. Regulación muy flexible de la prestación por cese de actividad para trabajadores por cuenta propia. Prestaciones extraordinarias para colectivos anteriormente excluidos (contrataciones temporales de un mínimo de dos meses de duración, personal al servicio del hogar familiar – 27.413 perceptoras en este supuesto según datos oficiales entre el 4 y el 29 de mayo.

C) Protección reforzada de la seguridad y salud en el trabajo. Cambio radical en la percepción de la importancia de tales medidas. La importancia de la distancia física, de la higiene de manos, de la mascarillas… Un debate social y jurídicamente muy complicado sobre la protección necesaria para las personas trabajadoras que realizan actividad presencial, en especial en el ámbito sanitario y en de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

D) Introducción a ritmo de fórmula 1 del teletrabajo. Aspectos positivos (menor número de desplazamientos, menores posibilidades contagio, posible mejor organización del tiempo de trabajo) y otros no tanto (en especial si los colegios están cerrados y ello afecta a la conciliación de la vida familiar y laboral), como por ejemplo los riesgos de sobrecarga de trabajo y falta de desconexión. Ya disponemos de un anteproyecto de ley del trabajo a distancia, que hay que esperar y desear que sea tramitado con rapidez y que proteja adecuadamente a todas las personas, en número cada vez mayor, que llevan a cabo su actividad por vía telemática de manera no ocasional, sin olvidar la importancia que tiene la actividad presencial y el contacto directo con las y los compañeros del trabajo.

Relación de este cambio con la configuración del futuro digital en atención a la importante transformación digital operada en el mundo del trabajo. Así lo destacan, quiero resaltarlo las recientes conclusiones del Consejo Europeo sobre la configuración del futuro digital de Europa, en las que se enfatiza “el impacto significativo que seguirá teniendo la transformación digital en el mercado laboral europeo, en particular en lo que se refiere a la evolución de la demanda de capacidades, así como a la eliminación progresiva de determinados tipos de empleos y a la creación de otros nuevos”, por lo que pide a la Comisión que tenga en cuenta las políticas e iniciativas de la UE en materia de mercado laboral y protección social con vistas a lograr su sinergia con las políticas e iniciativas digitales.

E) Medidas para facilitar la adaptación de la jornada de trabajo, incluyendo un permiso no remunerado para reducir el total de la actividad. Necesidad de su potenciación para evitar un deterioro en la conciliación de la vida familiar y laboral, con afectación mayoritaria a las mujeres trabajadoras.

F) Atención especial a evitar situaciones de irregularidad sobrevenida para la población trabajadora migrante y sus familias. Empleo agrario. Autorizaciones de residencia y/o trabajo, requisitos económicos para la reunificación familiar, requisitos más flexibles para la solicitud de autorización de residencia por arraigo social.

G) Protección económica de todas las unidades familiares que se encuentre por debajo de un determinado nivel de ingresos. El Ingreso mínimo vital como estrella de la nueva política social que debe llegar al mayor número posible de personas solas o unidades de convivencia que lo requieran, y que ya ha sido abonado a finales de junio a 74.119 unidades familiares. De la realidad de la crisis, y no solo de la provocada por la Covid-19, da debida cuenta que desde la fecha de inicio de presentación de solicitudes, el 15 de junio, hasta el día 23 se han presentado 344.585.

H) La recuperación, en un principio olvidada, de la importancia del diálogo social para la adopción de medidas tendentes a facilitar la recuperación económica y el mantenimiento del empleo

Para concluir, reitero una tesis que ya he expuesto en anteriores ocasiones y que sigo defendiendo por considerarla plenamente válida. Estamos, por lo que respecta a las decisiones adoptadas con consecuencias laborales, en el marco de una flexibilidad obligatoria, fijada fundamentalmente para el personal empleado en el sector público pero también con consecuencias para el del sector privado. Frente a esta flexibilidad obligatoria habrá que recordar sus límites temporales (la vigencia del estado de alarma, tanto el período inicial como todas sus prórrogas, y la recuperación de la normalidad) y la necesidad de recuperar en todo aquello que sea necesario la flexibilidad pactada y negociada de las condiciones de trabajo.

No creo que en una situación de crisis como la que estamos viviendo ni el mundo empresarial ni el laboral, ni sus organizaciones representativas, tengan interés en establecer obstáculos a este tipo de pactos y, desde luego, será ahora el momento -ya lo está siendo- para ver el grado de efectividad real, y no meramente teórica o de documento de rendición anual de cuentas, que tiene la responsabilidad social empresarial.

Flexibilidad pactada en el ámbito empresarial y diálogo social a escala superior (supraempresarial, autonómica, estatal, europea— el acuerdo sobre digitalización suscrito el 22 de junio por las organizaciones empresariales y sindicales europeas  es un ejemplo bien significativo e internacional) que puede y debe configurarse como el eje central de las “modernas” relaciones laborales de la crisis y que es solicitado con fuerza desde el máximo foro mundial en materia sociolaboral como es la Organización Internacional del Trabajo, tal como se plantea en las cuestiones que serán sometidas a debate en la próxima cumbre mundial, con el objetivo de promover “un crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, un empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos”.

Si fuera así, todas y todos saldríamos ganando. ¿Será posible?

Imagen de Pedro Serapio en Pixabay 

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