Manfred Nolte. En solo veinte años, entre 1950 y 1970, el campo español se vació. Las consecuencias de aquel éxodo marcan el carácter de la España de hoy, de la España vacía y su causa principal, la depauperación del campo, la creciente inviabilidad de nuestro sector primario. La agricultura (junto a la ganadería, la pesca y la minería) que en los años de la autarquía y el aislacionismo posteriores a la guerra española y la segunda guerra mundial representaba en España más del 50% del PIB, dio gradualmente paso a la industrialización, a los servicios y a la apertura internacional con el Plan de Estabilización. Luego vino el Mercado común y más tarde el euro y la Unión Económica y Monetaria. Hoy en día, el sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca apenas significan el 2,5% del PIB.
La paradoja migratoria nos revela que, aunque la población española ha crecido un 36% desde 1975 hasta los 47 millones de nuestros días, amplias zonas del país se han trasladado desde el campo a las ciudades. Provincias como Soria han perdido un 23% de su población y con ella Castilla y León, Aragón y Extremadura entre otras. En las dos últimas décadas los municipios de mil habitantes o menos han perdido el 9% de sus pobladores. El agro y la ganadería se han trocado por la industria y los servicios en las grandes conurbaciones.
El campo no solo está desabastecido sino infravalorado. El reciente estallido social y las manifestaciones, algunas violentas, acaecidas la semana pasada en Don Benito (Badajoz), Madrid y en otros lugares de España no pueden sino reclamar la atención de los espectadores imparciales. Los precios de los productos del agro se encarecen en destino y simultáneamente se hunden en origen. A ello hay que agregar que el desempleo agrario prosigue, después de las fortísimas caídas del último trimestre de 2019, fundamentalmente en Castilla la Mancha, Murcia y Andalucía. Las dos subidas consecutivas (28%) en un breve plazo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tal vez han resultado ser la gota de agua que ha hecho desbordar la amarga copa de la incomprensión hacia un sector esencial, pero no es la razón única ni la más determinante. En el estallido de la burbuja del campo español convergen en este momento dos graves situaciones: la caída de los precios que los campesinos obtienen por sus productos y, a nivel sectorial, el encarecimiento desmesurado de su precio al término de su cadena de distribución. En enero el Índice de Precios promedio en Origen y Destino (IPOD) de productos agrarios y ganaderos se situó en 4,15. En algunos artículos concretos es sensiblemente superior. Por ejemplo, se ha observado como las patatas se pagaron en origen a 0,15 €/Kg de media, mientras que los consumidores pagaban en los comercios a 1,20 €/Kg, lo que supone un incremento del 700% en el trayecto que va desde la huerta a la mesa. Algo similar sucede con las naranjas, las cebollas o los ajos.
Si el hartazgo de los microempresarios del campo suscita una comprensible adhesión, el análisis que se viene realizando sobre sus causas, y en alguna ocasión sobre la determinación sus culpables, precisa de alguna importante consideración. Son múltiples los factores a considerar para interpretar correctamente las demandas de los agricultores y ganaderos junto a los problemas estructurales del sector. Como se ha citado, las organizaciones agrarias dan un peso relativo a las subidas del SMI según zonas y según sectores, aunque no puede negarse un efecto subida a lo largo de todos los escalones de la cadena alimentaria y no solo en los salarios directos de actividades de recogida de frutas o verduras.
Los referidos efectos en la cadena tienen que ser matizados si tenemos en cuenta que el 80% de la producción agraria española se destina a la exportación y solo el 20% se dirige a las empresas alimentarias minoristas o grandes superficies en el país. De ahí que reclamar de las grandes superficies una solución al problema que debatimos, como ha hecho el presidente del Gobierno, es utópico dado que ejercen control sobre poco mas del 10% de la producción agrícola. Pero, es más. En ningún caso las grandes superficies son las responsables de los graves problemas citados. La mayor de las cadenas operantes en España, Mercadona, con una facturación en 2018 de 24.305 millones de euros y un beneficio neto de 593 millones, obtuvo un margen del 2,43%, esto es de 2 céntimos de euro por euro facturado. El modelo de Mercadona se basa en una actividad masiva con un margen extremadamente ajustado, que difícilmente puede citarse como el causante de la distorsión de los precios en la cadena alimentaria. La solución fácil, aunque insuficiente, sería trasladar las subidas de precios a los agricultores hasta nuestros supermercados.
Las razones de mayor peso pueden hallarse en los problemas externos derivados de la política comunitaria bien sea por acción o por omisión. Los aranceles impuestos sobre algunos productos españoles por la administración Trump, la diferente vara de medir la exigencia fitosanitaria a los productos nacionales frente a los de países terceros elevan los costes nacionales por los altos estándares de calidad exigidos frente a la permisividad aplicada a los productos de terceros, tanto en producción agraria como en fertilizantes o productos fito o zoosanitarios. Mientras tanto no se traspone en España la directiva de competencia desleal que interviene la cadena de distribución, manteniéndose de hecho la aberrante figura de la ‘venta a pérdidas’.
Pero quizá el punto más delicado se situé en las amenazas volcadas en la Política agraria Común (PAC) que se debate en estos momentos en Bruselas. La línea roja política hay que situarla en que no se rebajen para España las ayudas europeas PAC o de cohesión.
Quedan aun por recordar las medidas de cara al futuro. Aquellas que den un giro a la concepción del campo como algo residual, carente de reconocimiento y con el estigma de la contaminación o falta de concienciación respecto del cambio climático.
Cuando la ley del mercado se desploma hay que luchar contra la despoblación y la injusticia mediante políticas de subsidios. Lo hacen todos los países del mundo.
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