Dilema del prisionero político

El dilema del prisionero político: medios y fines en la hoja de ruta del “procés”

Pablo Font Oporto. En el marco de la teoría de juegos el dilema del prisionero es un ejemplo clásico con le que trata ilustrarse el diferente resultado que puede conllevar la competencia feroz o la colaboración, partiendo asimismo de diversas perspectivas antropológicas. El dilema del prisionero suele ser también muchas veces la imagen que los partidarios de la competencia por encima de la colaboración exponen en cuanto a resultado más eficiente de los comportamientos humanos cunado se enmarcan en relaciones regidas por juegos de suma cero, en los que el que gana se lo lleva todo. Difiere claramente de las relaciones humanas insertas en juegos colaborativos, que buscan resultados win-win.

Estas semanas, junto con masivas protestas pacíficas, hemos asistido también a violentos disturbios provocados por la sentencia del Tribunal Supremo en la que, entre otras cuestiones, se condenaba a penas de cárcel por delitos de sedición a varios miembros del Govern, representantes políticos y líderes de entidades sociales independentistas. No es nuestra intención llevar a cabo un análisis jurídico de dicha compleja y extensa sentencia. Tampoco es nuestra intención analizar pormenorizadamente las mencionadas respuestas violentas que han degenerado en lamentables altercados y que han provocado reacciones políticas de muy diverso signo en un contexto marcado una vez más por la contienda electoral y en el que, una vez más, parece que la estrategia de ambos extremos pasa por el “cuanto peor, mejor”, en una escalada muy peligrosa.

Ya hemos abordado cuestiones relacionadas con este conflicto en el pasado (aquí, aquí o aquí), pero de un lado la evolución de los acontecimientos estos años y, de otro, la reflexión continuada sobre el mismo me ha llevado a una evolución personal en este tema en cuanto a mis juicios sobre el mismo. En todo caso, debe quedar claro por delante que este es un conflicto muy complejo y poliédrico, en cuyo desarrollo han tenido parte diversos actores, en su mayoría de manera desacertada. Y debe tenerse presente que un tribunal de justicia (ni en el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, ni ahora del Tribunal Supremo sobre los sucesos que precedieron y sucedieron al 1-O) es lugar para la resolución de conflictos políticos (como también aprecia el profesor Daniel Innerarity).

Esta última sentencia me parece excesivamente dura y severa, teniendo en cuenta los comportamientos por los que se juzgaba a los encausados. Más aún si cabe si se compara con conductas delictivas graves. La sentencia tiene un claro carácter ejemplarizante y un enfoque preventivo, además de ser muy discutible desde el punto de vista de la tipificación penal, por más que se hayan vulnerado preceptos constitucionales. Ahora bien, ya hemos advertido que no entraremos en cuestiones jurídicas, y mis reservas respecto a la sentencia no implican que considere legítima la actuación de los condenados. En particular, por lo que a los fines se refiere. Me explico.

La semana pasada, a raíz de los hechos violentos acontecidos, gran parte de las discusiones ha girado en torno a los medios. De esta manera, se alegaba no solamente que el movimiento independentista ha sido esencialmente pacífico todos estos años, sino que incluso en estos momentos el comportamiento de la inmensa mayoría de manifestantes también lo era. Esto es algo innegable. Sin embargo, bajo mi punto de vista, es preciso desbordar una visión únicamente centrada en los medios apara analizar también si los fines del movimiento independentista son legítimos en cuanto a su estrategia y objetivos.

En particular interesaría abordar la cuestión de la resistencia civil como estrategia que se pone al servicio de unos fines. Al respecto, entendemos esencial desbordar el estrecho marco de la opinión basada meramente en el incumplimiento de la legalidad, pues es innegable que la historia de los derechos humanos ha avanzado mediante acciones de resistencia civil. Ahora bien, esta tiene unos fundamentos (el bien común, la dignidad humana, los derechos humanos…) y por tanto unos límites. Por tanto, la cuestión es: ¿cuándo es legítima la resistencia civil? Urge actualmente dar una respuesta a esta pregunta que aborde la legitimidad de los fines, y no sólo de los medios. En efecto, en esta sociedad dominada por la racionalidad instrumental, en la que nos centramos en los medios y los fines se dan por supuestos, no se entra en ocasiones a reflexionar suficientemente sobre estos últimos. Autores tan dispares como Max Horkheimer, Martin Heidegger o Charles Taylor han reflexionado sobre esto.

En este mismo sentido, el profesor Andrés García Inda subraya que los análisis actuales sobre la legitimidad de la resistencia y desobediencia civil se centran casi exclusivamente en la corrección los medios, y nada en la bondad los fines. Ahora bien, coincidimos con este autor en que debe atenderse también a la bondad de los fines perseguidos. Por tanto, “la cuestión no es simplemente cómo es la protesta”, sino también “qué es lo que realmente persigue o defiende aquella”. De este modo, defiende este autor que “pacíficamente no se puede perseguir cualquier propósito, o la estrategia misma deja de ser ‘pacífica’ (aunque aparente serlo)”.  Este autor pone varios ejemplos que ilustran cómo en la visión preponderante actual esto significa se asume que pueden defenderse objetivos que en sí mismos comporten violencia (en cuanto a negación o exclusión de los otros), siempre que los medios empleados no sean externamente violentos. Esto es particularmente importante porque, de hecho, cabe recordar que “en realidad toda desobediencia a la ley constituye una forma de violencia”, lo cual obviamente no implica que “toda forma de violencia sea igual […] (física o psicológica, directa o indirecta, intencional o no, manifiesta y latente…)”. Esto lo entendieron muy bien algunos de los miembros de la llamada Escuela ibérica de los siglos XVI y XVII, que aceptaron la resistencia civil y la desobediencia, pero siempre sobre la base de unos fines claros fundamentados en el bien común y como legítima defensa proporcionada frente a diferentes tipos de violencia previa (véase al respecto, por ejemplo, el pensamiento del jesuita Francisco Suárez).

Pues bien, analicemos la legitimidad de los fines del movimiento independentista que puso en marcha el así denominado procés, sobre todo, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional y las movilizaciones contra la misma. Al respecto, es evidente, políticamente hablando, es totalmente legítima la aspiración nacionalista-independentista como aspiración a la creación de un Estado propio. Por tanto, dentro del libre juego de la democracia, sería una propuesta que podría ofertarse como una más dentro del electorado. En ese sentido quiero que quede claro que rechazo cualquier criminalización de la idea del cuestionamiento de la estructura territorial puesto que la misma, más allá de raíces históricas y consensos sociales, es en teoría contingente y revisable. Por tanto, nada más lejos de mi intención que criminalizar la propia existencia del movimiento independentista no ya sólo bajo la excusa de una desobediencia al marco jurídico (siempre alterable, por muy difícil que sea en ocasiones), sino tampoco bajo la supuesta existencia de un supuesto bien moral superior constituido por el Estado o la nación española (como recuerden que la Conferencia Episcopal española defendía hace años con el cardenal Rouco Varela a la cabeza). No. Desde mi punto de vista el problema de los fines se encontraba aquí en que los y las líderes del movimiento independentista no pretendían simplemente obtener la independencia de Cataluña. En realidad, pretendían obtener la independencia de Cataluña aunque no existiese un consenso social amplio al respecto. Este matiz es muy importante. Me explico. Todos estos años, la hoja de ruta del movimiento independentista, por parte al menos de la parte más exaltada, ha pasado siempre por la inmediata necesidad de convocar un referéndum, que se haría por las buenas o por las malas, con pacto o sin él, como paso previo a una declaración de independencia unilateral que caería por su propio peso como consecuencia de un abrumador apoyo a dicha opción en dicho referéndum.

En efecto, por tanto, la estrategia legitimadora que se alegaba era la siguiente: sólo pretendemos preguntar al pueblo lo que quiere. Y esa ha sido también la estrategia de defensa de los condenados, empezando por Oriol Junqueras: nuestro único delito consistió en poner urnas. Y a priori todo esto parece muy razonable.

Pero hay un pequeño problema: hay una parte importante de la sociedad catalana que no entraba en estos planes. Me explico. Un referéndum es un instrumento de participación ciudadana, pero es también una herramienta que se inserta en dinámicas de juegos de suma cero. El que gana se lo lleva todo. Como la banca en algunos juegos de azar. Está claro, por tanto, que en situaciones donde hay un amplísimo consenso, por encima del 90 o 95%, un referéndum puede ser un interesante instrumento de participación. Pero en situaciones en las que, como en la sociedad catalana (como también en la española) existe una fragmentación o incluso una polarización sobre alguna cuestión, un referéndum no es la herramienta óptima. Dicha fragmentación o polarización era y es obvia a la vista de los resultados reiterados en las múltiples convocatorias electorales de los últimos años en Cataluña, en las que además el peso de la cuestión territorial ha sido muy elevado e in crescendo.

¿Qué conclusión podemos pues obtener? Que en las decisiones de los lideres del procés lo que se trataba era de obtener un resultado de ganancia total que no contemplaba la posibilidad de dialogar, deliberar, negociar con otra parte de la sociedad catalana. Una democracia deliberativa implica esto: la necesidad de ponerse en la piel del otro/la otra, de tratar de comprender sus argumentos, aunque no se compartan. Implica aceptar que, al igual que yo soy libre de tratar de convencer al otro, este es libre de no dejarse convencer por mis argumentos. En este sentido, un referéndum pactado, a nuestro juicio, no pasaba sólo por un acuerdo entre Generalitat y Estado español sino también por un amplísimo consenso entre la sociedad catalana (y tal vez también entre los partidos políticos catalanes). Pero ya sabemos que no hubo ni lo uno ni lo otro.

Esto implica diálogo, paciencia, un camino a trabajar juntos y juntas. Ya sé que esto no es fácil. Ya sé que que muchas veces desde otros lados no se ha hecho. Ya sé que la estrategia de elaborar relatos autoreferenciados, diseñados sólo para los/as míos/as, en los que se intenta justificar y legitimar los actos propios ante el propio electorado no es algo exclusivo de este movimiento (lo hemos podido ver la semana pasada por parte de los partidos de derecha españoles al reclamar la aplicación del artículo 155 o, incluso, del estado de excepción). Pero cuando se toman determinadas decisiones, estas tienen sus consecuencias. En todo caso, lo más triste, a mi juicio, es cómo se ha tratado de ningunear en muchas ocasiones a la otra parte de la sociedad catalana, tejiendo un relato que reduce el conflicto a una disputa Catalunya-Estado, cuando ya sabemos que existe muchas Cataluñas, como también muchas Españas.

Por tanto, yo diría que, si los condenados fueron culpables de algo, fue de actuar en el marco de dinámicas de juegos de suma cero. Y si bien esto parece algo nimio, acostumbrados como estamos a que tantos lo hagan, no deja de ser relevante. Primero, porque los/las conductores de la hoja de ruta del procés, en nuestra humilde opinión, defendieron ciertos fines que quedaban deslegitimados por la forma y extensión en que se plantaban. Y, segundo, porque en su actuación conforme a los mismos, atacaron de forma inadecuada los cimientos de la convivencia social en su intento de ganar completamente en esta dinámica de juegos de suma cero. Por ejemplo, al aprobar las leyes de desconexión, celebrar el referéndum o proclamar la declaración de independencia unilateral. De este modo, paradójicamente, los presos enfrentaron equivocadamente, cuando aún estaban en libertad, al dilema del prisionero. No cabe duda de que desde la otra parte hubo respuestas desmedidas e inaceptables, pero eso es otra cuestión que ya hemos tratado en su momento.

En conclusión, cuando se habla de que los fines eran legítimos y los medios pacíficos, reconociendo esto último, debemos negar la premisa mayor. Y es que los fines, del modo y con la extensión en que eran buscados, no eran legítimos, y mucho menos como justificación para la resistencia y la desobediencia civil. La prisa que manifiesta de nuevo el señor Torra sumándose al eslogan de “ho tornarem a fer” y proponiendo un nuevo referéndum en la próxima primavera se enmarca en esta misma posición.

Nos encontramos, pues, ahora que la respuesta desproporcionada por parte del Estado a las insensatas acciones de los dirigentes del procés, unida al inmovilismo del nacionalismo español, ha desembocado en una frustración que ha conducido a la aceptación de la violencia como último recurso de protesta por parte de los más jóvenes. Pero no debe olvidarse que hay una cuestión viciada en el origen del planteamiento de este proyecto, al menos tal y como se ha desarrollado estos años.

No es mi intención concluir con un simple reparto de culpas estéril que desemboque en un nuevo círculo de “y tú más”, tan habitual en la política española. Es preciso aferrase a la esperanza y al optimismo. Decía una canción del (madrileño) grupo Mecano: “que con mis piedras hacen ellas su pared”. Después de la tempestad debe venir la calma. Muchas gentes con posiciones intermedias de una y otra orilla lleva años dialogando, desde diversos ámbitos y en la línea del mencionado modelo de democracia deliberativa. Así lo llevamos haciendo dos años un grupo de personas con diversas sensibilidades políticas, coordinados desde Cristianisme i Justícia. Fruto de nuestra mutua escucha fue el manifiesto “Es posible renovar la convivencia”.

Creo que hoy más que nunca ese diálogo que tienda puentes es necesario (y así lo reclaman muchos). Desde mi perspectiva, esa construcción en positivo debería transitar por propuestas que, de un lado, superen planteamientos identitarios excluyentes y, de otro, exploren con creatividad la superación de estructuras políticas cada vez más obsoletas como son las del Estado-nación. Todo ello de cara a abordar los inmensos desafíos que el presente nos impone. En todo caso, como dice un buen amigo del otro lado del puente, “seguimos”.

Dilema del prisionero político

Imatge de ElisaRiva extreta de Pixabay

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