¿Cordones sanitarios al altruismo?

¿Cordones sanitarios al altruismo?

Pedro Moya Milanés“Una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios”. Tal es la frase que hace unos días reflejaban los medios de comunicación, atribuidas a un líder de nuestro espectro político, en relación con la donación de un conocido empresario español  a la sanidad pública de equipos de diagnóstico y tratamiento para la lucha contra el cáncer. La declaración, con amplio tratamiento en las redes sociales, es repetitiva. Hace algunos meses que la prensa se hizo eco de ella. Y ahora se ha vuelto a reiterar en los mismos términos.

Con el argumento de fondo de que tales carencias deben ser financiadas con los impuestos públicos y “no depender de la caridad, el humor o la bondad con que se levanten los multimillonarios”, parece cuestionarse la legitimidad de las donaciones altruistas que puedan paliar determinadas necesidades o carencias, o la posibilidad de discriminarlas en función de la solvencia económica del donante.

El tema no son las declaraciones en sí mismas, que afectan a un hecho puntual, sino el debate de fondo que subyace en ellas, en el que entran en juego variables como los límites del comportamiento ético o la supremacía de las convicciones ideológicas.

Hay una parte de esas declaraciones que puedo llegar a entender o a suscribir, la de que las donaciones no deben servir a las autoridades públicas de excusa o coartada para no dotar, o dotar en menos, a los servicios públicos de los adecuados presupuestos, que deben garantizar un derecho público. Lo que ya no entiendo ni comparto es que dicha realidad conlleve el desprecio o el rechazo a donaciones que desde el ámbito privado puedan concurrir a la mejora puntual de dichos servicios, siempre que dichos fondos no tengan naturalmente un origen ilegítimo, turbio o ilegal.

Entrar por otra parte a dar credenciales de idoneidad a los eventuales donantes en función de su solvencia económica (a mayor solvencia, menos idoneidad, parece desprenderse) es entrar en un terreno resbaladizo donde la frontera con la demagogia puede traspasarse con facilidad. Hoy conocemos personajes públicos de notoria solvencia económica en el mundo (multimillonarios si se quiere) que dedican sustanciosos recursos a actividades filantrópicas, o a causas de índole social… y no acierto a comprender en base a qué razones dichas donaciones tengan que ser objeto de rechazo desde un punto de vista ético.

De todas formas, lo más chocante es la crítica que de manera explícita subyace en las afirmaciones que comentamos cuando se refieren no ya al origen del donante, sino a la naturaleza o destino de la donación. Efectivamente, todo derecho público debe ser garantizado con fondos públicos. Nadie lo discute. Pero sugerir el rechazo a las donaciones privadas que inciden en el terreno de la competencia de lo público, con el argumento del ámbito presupuestario, es desconocer que la inmensa mayoría de ellas tienen por destino paliar necesidades que afectan a parcelas de responsabilidad pública, pero no por ello refractarias a las aportaciones privadas que puedan redundar en su mejora. Negarlo sería como ignorar la razón de ser de tantas organizaciones y entidades privadas, ONGs, fundaciones, asociaciones… que no es otra que la de atender y paliar las muchas carencias y miserias que atenazan a nuestras sociedades. Y naturalmente, dicha ayuda incide en el terreno de las políticas públicas, tratando de rellenar agujeros allá donde lo público deja espacios y margen para ello.

La lucha contra la pobreza, las emergencias derivadas de catástrofes naturales, los fondos privados destinados a la prevención de enfermedades, la reconstrucción de zonas y países devastados por las guerras… son tareas de responsabilidad política de los estados y los gobiernos, obviamente, pero eso no excluye la concurrencia que desde el ámbito de la sociedad civil pueda prestarse. Cuántas veces hemos mostrado un sano orgullo como país cuando hemos sido calificados como país generoso en el desarrollo de determinados sectores y a la hora de calibrar la potencia de las organizaciones civiles en el desempeño de sus tareas de proyección social.

Creo en suma que estas declaraciones reflejan un planteamiento excesivamente “ideologizado”, en el que la ideología se da de bruces con la realidad. Y en estos casos, el peor camino es el del viejo aserto que afirmaba que siempre había que anteponer la ideología a la realidad, de tal manera que “cuando la ideología chocara con la realidad… peor para la realidad”.

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay 

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