Manfred Nolte. A estas alturas del guión económico, el ciudadano medio de este país se halla al corriente no solo de la precaria situación por la que discurren las pensiones públicas y su problemático futuro, sino también de las principales razones que están contribuyendo a ello. Unas son de naturaleza transitoria o cíclica y podrán corregirse o atenuarse con crecimientos vigorosos del PIB. Así, en el caso de una incorporación masiva de trabajadores en paro al mercado de trabajo, el volumen de las contribuciones sociales aumentaría y la financiación de las pensiones resultaría mejorada.
Otras, por el contrario, son de naturaleza estructural, intrínseca o endémica, de tal manera que, por mucho que crezca el empleo y la economía, se mantendrán estables o crecientes en su perniciosa influencia sobre la viabilidad del sistema. Recordaremos, en beneficio e información de aquellos que no queden incluidos en el vasto colectivo arriba descrito como ‘ciudadano medio’, cuales son las principales razones exógenas o estructurales que amenazan con la quiebra de nuestro sistema público de pensiones.
El primer factor de la deriva estructural de las pensiones en España se halla en el envejecimiento demográfico y la correspondiente brecha de longevidad. La esperanza de vida de nuestros ciudadanos que en 2003 era de 79,7 años es de 82,80 en 2015 y la edad media de los pensionistas ha pasado en igual periodo de 73,8 a 74,69 años. Ello supone más pensiones pagadas durante mayor número de años. Si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales el porcentaje de población mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en el 18,2% pasaría a ser el 24,9% en 2029 y del 38,7% en 2064 y el número de defunciones superaría por primera vez al de nacimientos ya a partir de 2016.
Un segundo elemento adverso se halla en el encarecimiento total del pago de las pensiones: ello es debido al doble efecto del aumento de la pensión media y del número de pensionistas. La pensión de jubilación media que en 2006 era de 909 euros ha pasad0 a ser de 1.191 euros en 2016. A su vez, la razón de este encarecimiento promedio se halla en la subida de las nuevas altas que si en 2006 eran de 1.159 euros, en 2016 se sitúan en 1.447 euros. En cuanto al número de pensionistas la progresión parte de 7,3 millones en 2006 para contabilizarse los 8,5 millones de la actualidad (9,4 con el resto de pensiones), un crecimiento más que notable.(15MM en 2050).
La tercera razón se localiza en la evolución de los ingresos, esto es de las cotizaciones sociales, que han caído desde los 108.000 millones en 2.008 hasta los 99.000 millones en 2015. La disminución del número de cotizantes como consecuencia de la gran crisis -19,4 millones en 2007 y 17,7 al día de hoy- y los menores salarios de los nuevos cotizantes han generado déficits sucesivos en las cuentas de la seguridad social, que como es bien sabido, ha obligado a disponer del fondo de reserva, a quien quedan (24.000 millones) apenas 12 meses de vida antes de su evaporación total.
La pésima noticia de la prevista disminución de la población activa (45,4 millones en 2.029 frente a 46,5 en 2014) constituye en este contexto un ingrediente negativo adicional que podría ser paliado en parte si se recuperaran los recursos de inmigración, fuertemente castigados durante la crisis. Hasta la llegada de la crisis, a mediados del 2008, y desde el punto de vista demográfico, la inmigración ha sido determinante para el crecimiento de la población española y, lo que es más importante, para el rejuvenecimiento de la misma y el sostenimiento de las pensiones.
Según el INE, España registra hoy una proporción de 112 jubilados por cada 100 jóvenes en la actualidad. La tasa de dependencia (afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista) está en 2,0 activos por pasivo (sin contabilizar como cotizantes los 2,7 millones de desempleados por los que el Estado cotiza durante el tiempo que cobran prestación) o sea, 17 millones de cotizantes ocupados para financiar las prestaciones de 8,12 millones de pensionistas (9 con las no contributivas). Los manuales sugieren que un sistema de reparto es sostenible en el tiempo cuando la tasa de dependencia arroja una cifra en el entorno de 2,5 cotizantes por pensionista. En España hemos pasado de tener un ratio de 4 trabajadores por pensionista a finales de los años setenta a otro de 2,0 en la actualidad, deslizándose hacia 1,2 en las próximas décadas.
Estas tasas de reemplazo son claramente insuficientes y convierten al actual sistema de pensiones –salvo cambios radicales- en uno inviable e insolvente.
¿Quiere esto decir que las pensiones en España corren el peligro de ser impagadas? El realismo político descarta esta posibilidad. Primero se agotará la hucha de las pensiones y posteriormente los déficits se financiarán con impuestos o con más endeudamiento público aunque ninguna de estas dos alternativas es correcta, a pesar de poder utilizarse de forma temporal. Aumentar impuestos adultera el espíritu del contrato de diferimiento que representa una pensión, aspecto que se ve claramente si se utilizase en España el sistema de capitalización, sistema en el que uno dispone al jubilarse de las contribuciones realizadas a lo largo de su vida laboral. Cundo nos referimos a la ‘sostenibilidad’ de un proyecto o sistema queremos decir que se autofinancia en el tiempo y que no precisa de ayudas o subvenciones externas. Solo se apoya o subvenciona lo insostenible. De ahí que haya que interpretar en su justo termino las recientes declaraciones de Luis de Guindos: “las pensiones están garantizadas”. Garantizadas, sí; sostenibles, no.
A su vez, aumentar el endeudamiento sería una práctica suicida. ‘Global Aging’ el informe de la agencia de calificación Standard&Poor’s señala que en el caso de España, si no se acometiesen reformas en el sistema de pensiones, la deuda pública se elevaría al 247 % del PIB en 2050, y el déficit público alcanzaría el 17 % del PIB, proyecciones todas ellas heroicas, utópicas e incompatibles con los compromisos fiscales europeos.
Lo cual remite a la imperiosa necesidad de que los partidos inicien sin demora, con sentido de estado, realismo y sin fáciles demagogias las negociaciones pertinentes que desemboquen en las necesarias reformas del actual sistema de pensiones. Pactos de Toledo II o su equivalente conceptual. Sin duda será una contribución decisiva para la sostenibilidad del estado del bienestar en España, que exigirá cambios y previsiblemente algunos sacrificios. Hay varias pautas y líneas de transformación del sistema, que afectan a la edad de jubilación, bases de cotización, bonificaciones, fiscalidad y otras. Y una de particular relevancia informativa y motivacional: el transito del sistema de reparto a uno de cuentas nocionales, esto es transparencia para los cotizantes con una estimación de las pensiones causadas.
Pero dejemos a los políticos hacer su trabajo.
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