Eduardo Rojo. ¿Existen las administraciones autonómicas y locales en España? ¿Existen las organizaciones sindicales y empresariales? ¿Se ha olvidado el gobierno de su existencia?
El día 24 de mayo el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, texto que a su juicio debería ser una de las “fórmulas mágicas” que contribuiría a resolver los graves problemas económicos existentes en España. De acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, se remitió el anteproyecto al Comité Económico y Social para que emitiera su preceptivo dictamen, y este así lo ha hecho, con un contenido muy crítico, el día 10 de junio.
El CES le “saca los colores” al gobierno presidido por Mariano Rajoy, efectuando buenas y fundadas críticas al texto, una de las cuales, y desde luego no es la menos importante, es la mala técnica jurídica utilizada de modificación de diversas normas legales sin reparar si tiene sentido o no hacerlo de esta forma, que crea una gran inseguridad jurídica. A título de ejemplo, las reformas propuestas sobre modificación de la normativa sobre autorizaciones de residencia para extranjeros (eso sí, no para todos, sino sólo para aquellos que inviertan bastante dinero, sin que les preguntemos de dónde proviene) deberían incluirse en una hipotética modificación de la Ley Orgánica de extranjería, y no en este texto ahora a debate.
Pero, aquello que más me interesa destacar del Informe del CES es su crítica a la falta de reconocimiento del mapa territorial y del papel que juegan en la conformación de la normativa con interés económico y social los agentes sociales, es decir sindicatos y patronales. De ahí el título de este comentario, porque parece que para el gobierno español no existan ni las Comunidades Autónomas ni las Administraciones Locales, que por si alguien se ha olvidado, y en más de una ocasión ese “olvido” existe, están reconocidas y protegidas por la Constitución, además de por los respectivos Estatutos de Autonomía y de las leyes de régimen local. La crítica del CES es prudente y educada en las formas, al igual que debe serlo un docente cuando debe dirigirla a un alumno (este período de evaluaciones del mes de junio me lleva inevitablemente a pensar en ello), pero contundente en el fondo (al igual que debe serlo cuando has de explicar la evaluación negativa), y por su importancia la transcribo textualmente: “la norma debería tener en cuenta que las Administraciones territoriales tienen competencias, desarrollan actuaciones y articulan instrumentos regulatorios y tributarios en buena parte de los ámbitos regulados por la misma y que, por tanto, existe un marco jurídico de ámbito autonómico y local en relación con el emprendimiento y el desarrollo de actividades mercantiles que debería engarzarse de manera coherente con la regulación de ámbito estatal”.
Ahora bien, si no existen las Administraciones territoriales para el Gobierno, tampoco parece que se haya acordado del relevante papel que la Constitución atribuye en su artículo 7 a las organizaciones sindicales y empresariales, “que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”, y cuyo valor ha sido reconocido en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional. Ya no me resulta tan extraño este olvido, porque desde la llegada al poder del gobierno del Partido Popular las relaciones con las organizaciones sindicales (otra cosa bien distinta es con las empresariales) son muy frías y distantes, por la clara contraposición entre las políticas defendidas por cada parte, pero una cosa es la frialdad y otra bien distinta que en un proyecto de norma en el que se regulan numerosos cambios legales que afectan al mundo de las empresas y de las personas trabajadoras sus representantes no deban ser escuchados. Otra vez con elegancia en las formas y con contundencia en el fondo, el CES le debe recordar al gobierno que la democracia no es sólo dictar normas amparado en una mayoría parlamentaria sino también escuchar, como mínimo, a quienes representan a una buena parte del mundo empresarial y trabajador, de tal manera que “resulta preocupante… que una norma que pretende crear un marco regulatorio favorable a la actividad económica y la creación de empleo, no incluya a lo largo del articulado ni una sola mención a la participación de los agentes sociales en la toma de decisiones”.
Quizás quienes redactaron la norma, en los ministerios económicos, no recuerdan la Constitución y además creen que la articulación colectiva de las relaciones económicas y de trabajo es un “lastre” o un “freno” para la creación de empleo, pero desde luego, además de deber respetar la legalidad, los estudios sobre el diálogo social, como el presentado en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT que se está celebrando durante este mes de junio, ponen claramente de manifiesto que es un aliado de primera importancia en la conformación de unas relaciones democráticas y participativas en el trabajo y con efectos positivos sobre la mejora de la competitividad del país.
¿Hará caso el gobierno al CES? No le costaría casi nada, pero…
Imagen extraída de: CatalunyaPress