Eduardo Rojo. 1. Las políticas de inclusión social tienen un importante componente no estrictamente económico, como por ejemplo las políticas que potencien la participación en el mercado de trabajo mediante acciones formativas a lo largo de toda la vida, con especial atención para quienes dispongan de menos conocimientos. En esta línea, además, una adecuada combinación de políticas activas de empleo y medidas de protección social cuando fuere necesario permiten que las personas beneficiadas se mantengan activas y evitan el incremento de los costes económicos de la Seguridad Social que se produce cuando hay un incremento, por la razón real de imposibilidad de permanecer en el mercado laboral, de jubilaciones anticipadas o de prestaciones de larga duración por enfermedad o incapacidad. En esta justa combinación de políticas habitualmente denominadas «activas y pasivas» de empleo, y que deben ir estrechamente unidas, la importancia de los itinerarios individualizados de inserción es clara y evidente, y en atención a que nos estamos refiriendo a colectivos con especiales dificultades, no sólo económicas, en numerosas ocasiones, la actuación conjunta de los servicios sociales y de empleo adquiere particular relevancia.

2. Hace un cierto tiempo tuve oportunidad de leer el «III Informe sobre demandas atendidas a través de la red confederal de acogida y atención primaria» correspondiente al primer semestre de 2009 y elaborado por el equipo de estudios de Cáritas Española en el marco de su «observatorio de la realidad». Recomiendo su lectura porque aporta, al igual que la mayor parte de sus documentos, una excelente radiografía de los nuevos problemas de vulnerabilidad y exclusión social que sufre una parte de la población afectada por la crisis económica que vive en España.

Entre los efectos sociales de la crisis el informe constata que la situación es especialmente preocupante para las personas más vulnerables (colectivos especialmente desfavorecidos y en situación o riesgo de exclusión social), y pone claros ejemplos: la disminución del número de ofertas de trabajo para personal externo al servicio del hogar familiar (menos técnicamente y con mayor claridad práctica el informe habla de «empleadas de hogar externas»), aunque aumenta el de «internas»; aumenta el tiempo de búsqueda de empleo como consecuencia de las escasez de oferta de trabajo en los sectores hacia los que puede dirigirse la contratación de personas vulnerables, destacándose que ello afecta en especial a las personas demandantes de primer empleo, las mayores de 50 años, y los inmigrantes (situación de especial gravedad para este último colectivo, ya que ante esa dificultad corren el riesgo de «agotar los plazos legales de sus autorizaciones de residencia y trabajo»); incremento de la precariedad laboral, con contratos de muy poca duración y jornadas reducidas de trabajo, con la imposibilidad de que dicha actividad permita salir del circuito de la vulnerabilidad y/o exclusión, y manifestación (habrá que analizar con más detalle este punto, aunque es un fenómeno que se produce en las situaciones de crisis) de que «se está desarrollando un fenómeno de competencia entre trabajadores que ofrecen sus servicios más baratos»; impacto del desempleo de la persona titular de la familia sobre la situación social de toda ella; preocupación especial por la llegada a los servicios de Cáritas de personas con poca o nula cualificación profesional procedentes de la construcción e industria y que se han visto afectadas por la destrucción de empleo experimentado en los últimos meses; mujeres que solicitan trabajo como empleadas de hogar o en el pequeño comercio y que se incorporan o reincorporan al mercado laboral (ya se trate de autóctonas o extranjeras) como consecuencia de que su marido o pareja se ha quedado en paro.

3. Según el Informe, la vulnerabilidad es «nueva» sólo para una parte de las personas que acuden a Cáritas, siendo quizás más preocupante el «regreso» de personas que habían ya finalizado sus procesos de inserción y que la situación de crisis económica y social les ha vuelto a colocar en situación de «vulnerabilidad social y precariedad laboral».

El examen de los perfiles demográficos de las personas que solicitan ayuda es claramente significativo de la nueva realidad del mercado de trabajo y de las dificultades de acceso al empleo para determinados colectivos: jóvenes demandantes de primer empleo, con escasa formación y que, a diferencia de años anteriores, ya no pueden incorporarse al mundo laboral aunque sea en trabajos precarios y de escasa cualificación; desempleados mayores de 45 años, una edad que parece maldita para poder reincorporarse al mercado de trabajo, algo que choca frontalmente con el aumento de la expectativa de vida de la población que está aumentado en los últimos años; las familias jóvenes con menores (aunque el informe amplía considerablemente el concepto de joven, ya que lo alarga hasta los 40 años); mujeres solas con cargas familiares, mujeres inmigrantes reagrupadas y generalmente mayores de 40 años, que buscan trabajo como empleadas de hogar (el informe constata que «se trata, en general, de esposas de maridos en paro»); hombres solos mayores de 45 años, que se encuentran separados o divorciados, en situación de desempleo y que no disponen de recursos económicos para el pago del alojamiento donde vivir; parados con poca cualificación que provienen de la construcción, hostelería e industria, muchos de ellos inmigrantes regulares.

En fin, un dato bastante relevante a tener en cuenta en el análisis de la realidad social y de las medidas que deben adoptarse para afrontar la crisis es el incremento del número de familias y personas autóctonas en situación de vulnerabilidad social y con la persona (habitualmente varón) titular de la familia en paro y mayor de 40 años, con una especial atención al hecho de que entre estos colectivos se encuentran muchos autónomos de pequeños comercios y talleres «que han tenido que cerrar al quedar arruinados y con muchas deudas a trabajadores, proveedores, impago de clientes, créditos no pagados, etc.».

4. He recuperado ahora los datos más destacados del Informe de Cáritas después de leer los datos provisionales de la Encuesta de Condiciones de Vida 2009, publicados por el Instituto Nacional de Estadística el 17 de marzo, informe que pone de manifiesto que la crisis afecta a una población numéricamente más importante que el año anterior, parte de la cual es «nueva» pero otra no menos relevante sigue estando en la situación de precariedad en que ya se encontraba el año anterior. Hay algunos datos que me parecen muy significativos:

A) El 19,5 % de la población residente en España estaba en 2009 por debajo del umbral de pobreza relativa (que se reduce al 15,5 % si se considera el valor del alquiler imputado). Sólo se ha producido un descenso de 0,2 puntos desde 2007, si bien esa disminución alcanza casi 3 puntos cuando se trata sólo de la población mayor de 65 años (28,5 y 25,7 %, respectivamente).

B) El 13,7 % de los hogares españoles manifiesta llegar a final de mes con mucha dificultad, y un 16,8 % con dificultad. El primer grupo, el más preocupante desde la necesidad de prever y diseñar medidas de protección social, se ha incrementado en 3,4 puntos en sólo 2 años.

C) El porcentaje de hogares que no podían afrontar gastos imprevistos en 2009 era del 33,9 %, 5,8 puntos más que el año anterior, y un 38,9 % no podían permitirse pagar una semana de vacaciones fuera de su caso, con un incremento de 5,4 puntos sobre 2008.

D) En fin, se incrementa el número de personas que sufren retrasos en sus pagos pendientes, ya que hemos pasado del 4,7 % en 2005 al 7,2 % en 2009, siendo el porcentaje lógicamente mucho mayor (18,6 %) cuando se trata de hogares en los que todos sus integrantes se encuentran en situación de desempleo.

5. Concluyo. No nos podemos, ni debemos, olvidar de las personas que sufren la crisis, tanto de aquellas que ya padecen desde hace tiempo como de los «nuevos llegados». Está en juego la cohesión social de nuestras sociedades y el respeto de los derechos que toda persona debe disfrutar para poder llevar una vida digna.

Eduardo Rojo.


http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/10/st06/st06323.es10.pdf

http://www.caritas.es/home/noticias/index.php?MjE%3D&MTE2Nw%3D%3D

http://www.ine.es/prensa/np589.pdf

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Eduardo Rojo
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Utopía Joan N. García-Nieto d’Estudis Socials del Baix Llobregat. Ha publicado: “Inmigración y mercado de trabajo en la era de la globalización” (Lex Nova, Valladolid 2006). Blog personal: http://eduardorojoblog.blogspot.com/
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