Este texto se basa en la presentación que, junto con Miriam Feu y Llorenç Puig, hicimos de la Exhortación Apostólica Dilexi te en el Centre Borja de Sant Cugat del Vallès en marzo de 2026.
Cuando hablamos de pobreza, todavía es habitual imaginarla como el resultado de una suma de decisiones individuales. Hay personas que han estudiado y otras que no; personas que se han esforzado y otras que no lo han hecho lo suficiente; personas previsoras y personas que han tomado malas decisiones. Esta forma de explicar las cosas puede contener una parte de verdad, pero es profundamente insuficiente. Sobre todo, porque deja fuera la pregunta más importante: ¿qué oportunidades reales ha tenido cada persona?
La exhortación apostólica Dilexi te, del papa León XIV, lo formula con una claridad poco habitual: «Los pobres no están ahí por casualidad o por un destino ciego y amargo» (n. 14). Menos aún, añade, puede afirmarse que la pobreza sea, en la mayor parte de los casos, una elección. El documento denuncia una falsa visión de la meritocracia, que atribuye todo el éxito a los méritos personales y todo el fracaso a la falta de esfuerzo. Según esta visión, las desigualdades dejan de ser un problema colectivo y se convierten en un juicio moral sobre las personas que las padecen.
Estas intuiciones y preocupaciones no son ajenas —más bien al contrario, diría yo— a los trabajos de algunos de los economistas académicos más relevantes del panorama actual, y en este artículo quisiera mencionar algunos de ellos.
Raj Chetty y Nathaniel Hendren (2018) han estudiado hasta qué punto el barrio en el que crece un niño condiciona su trayectoria posterior. Su conclusión es contundente: el territorio no es simplemente el escenario donde se desarrolla una vida, sino que contribuye a determinarla. Cuanto más tiempo pasa un niño en un entorno con buenas escuelas, redes sociales sólidas, seguridad y oportunidades laborales, mejores son, de media, sus ingresos futuros. Crecer en un barrio o en otro modifica las posibilidades de movilidad social.
Esto obliga a entender el mérito de otra manera. El esfuerzo es importante, pero no se despliega en el vacío. Necesita salud, estabilidad familiar, una escuela que funcione, un lugar tranquilo para estudiar, adultos que generen expectativas e instituciones que no abandonen a las personas ante la primera dificultad. Cuando estos elementos faltan, no desaparece necesariamente el esfuerzo; a menudo desaparece la posibilidad de que el esfuerzo dé fruto.
También sabemos que intervenir durante la infancia no es solo una decisión moralmente defendible. Puede ser una política económicamente muy rentable. Algunos ejemplos: Nathaniel Hendren y Ben Sprung-Keyser (2020) compararon 133 políticas fiscales y sociales aplicadas en Estados Unidos. Algunas de las inversiones con un mayor retorno social eran precisamente las destinadas a niños de familias con bajos ingresos. Las mejoras educativas, sanitarias y laborales generadas por estas políticas pueden compensar, a largo plazo, una parte considerable de su coste inicial. Andrew Barr, Jonathan Eggleston y Alexander Smith (2020) muestran que las transferencias económicas recibidas por las familias durante el primer año de vida de un niño pueden producir efectos educativos y laborales que perduran durante décadas. Andrew Goodman-Bacon (2021) constata que el acceso de los niños a Medicaid, el programa público estadounidense de asistencia sanitaria, redujo la mortalidad y la discapacidad y mejoró posteriormente el empleo. También hizo que, ya de adultos, pagaran más impuestos vinculados al trabajo y dependieran menos de las prestaciones sociales.
La frontera entre asistencia e inversión es, por tanto, menos clara de lo que a menudo suponemos. Ayudar hoy a una familia puede significar ampliar mañana las capacidades y la autonomía de sus hijos. El gasto social no es siempre una cantidad que desaparece después de ser distribuida. Puede ser una inversión en salud, conocimientos, productividad y cohesión social.
Pero Dilexi te no se limita a defender mejores políticas sociales. Su crítica alcanza las estructuras que producen y perpetúan la desigualdad (nn. 90-98). El documento cuestiona una economía en la que las ganancias de unos pocos pueden crecer exponencialmente mientras una parte de la población queda cada vez más alejada del bienestar. También advierte contra la autonomía absoluta de los mercados, como si estos pudieran funcionar al margen de las decisiones políticas, las relaciones de poder y los criterios morales.
Esta advertencia resulta especialmente pertinente ante el cambio tecnológico. Philippe Aghion y sus coautores (2019) muestran que la innovación puede aumentar la concentración de la renta entre los grupos más ricos. Pero también observan que, cuando procede de nuevas empresas que desafían las posiciones establecidas, puede favorecer la movilidad social. Este efecto positivo es menor en los territorios donde los grupos consolidados tienen mayor capacidad de influencia política. La cuestión, por tanto, no es estar a favor o en contra de la innovación, sino preguntarnos qué innovación promovemos, quién se apropia de sus beneficios y si mantiene abierta la puerta a nuevos participantes.
Daron Acemoglu y Pascual Restrepo (2018) llegan a una conclusión similar cuando analizan la automatización. La tecnología puede sustituir a trabajadores, reducir los salarios y disminuir la participación del trabajo en la renta. Pero también puede crear nuevas tareas en las que las personas sigan teniendo ventaja. No existe una trayectoria tecnológica completamente predeterminada. Las empresas, los gobiernos y las instituciones influyen en la decisión de si la innovación se utiliza principalmente para prescindir de las personas o para ampliar sus capacidades.
Por ello, Acemoglu, en su lección Nobel (2025), insiste en que la tecnología, las instituciones y la distribución del poder no pueden estudiarse por separado. James Robinson (2025) completa esta mirada: las instituciones extractivas no se mantienen únicamente porque beneficien a los grupos poderosos, sino porque determinados órdenes sociales y culturales consiguen presentarlas como normales, inevitables o legítimas.
Philippe Aghion (2026), en su lección Nobel sobre la destrucción creativa, recuerda que la innovación es imprescindible para el progreso. Pero también necesita competencia, regulación y políticas educativas y sociales que permitan compartir sus beneficios. Sin estas condiciones, la destrucción puede recaer sobre muchos, mientras que la parte creativa queda en manos de unos pocos.
En mi opinión, es aquí donde la economía académica y Dilexi te convergen con mayor fuerza. La pobreza no se elimina únicamente repartiendo ayudas al final del proceso. Es necesario revisar las reglas que deciden quién accede a una buena educación, quién soporta los riesgos del cambio tecnológico, quién controla los mercados y quién tiene voz en las decisiones colectivas. Los pobres no pueden ser vistos únicamente como receptores pasivos. Deben ser reconocidos como personas con conocimientos, capacidades y derecho a participar en la construcción de las soluciones.
No se trata de oponer mercado y justicia, ni crecimiento y solidaridad. Se trata de entender que una economía solo puede ser próspera de forma duradera si sus instituciones permiten que las personas desarrollen sus capacidades. La pregunta no es solo cuánto cuesta incluir a quienes se han quedado atrás. También deberíamos preguntarnos cuánto nos cuesta excluirlos: cuánto talento perdemos, cuánta confianza destruimos y cuánta fragilidad acumulamos. La pobreza no cae del cielo, y las reglas que la perpetúan pueden ser transformadas.
