El gobierno de Meloni ha pactado con el de Edi Rana instalar en Albania centros de retención de inmigrantes, que Italia «reenviará». Meloni también ha influido para que la UE empiece a aceptar muy abiertamente esta opción. El último Consejo del 17 de octubre dijo, eufemísticamente, que hacían falta «nuevos caminos para prevenir y combatir la migración irregular». Esta medida no es nueva; ya la había propuesto el Reino Unido con Ruanda (2022). Es aún más significativo que el primer ministro polonés Donald Tusk, expresidente del Consejo Europeo, liberal, el gran vencedor del anterior gobierno de ultraderecha, haya anunciado que suprimirán temporalmente el derecho de asilo para evitar los ataques de países fronterizos (Rusia, vía Bielorrusia); países que, en vez de enviar tropas, envían olas de migrantes. A esto se le llama ataques híbridos, una combinación de herramientas de agresión. Es la estrategia que ha utilizado recurrentemente Marruecos con España, promoviendo o tolerando entradas masivas a Ceuta y Melilla. Los acuerdos entre países de la UE y terceros países para devolver inmigrantes son constantes, cotidianos. Se concretan sobre todo entre país europeo-tercer país, y menos de parte de la UE. España negocia constantemente en este marco, y todos los países lo hacen; también Marruecos o Egipto con sus países fronterizos africanos. Cada vez más, los países de origen aceptan devoluciones de sus ciudadanos solo a cambio de dinero y otras contrapartidas.
La medida de Meloni es especialmente significativa porque los derechos humanos son incondicionales, y pasar la pelota de la retención a Albania puede significar que Italia, al igual que Polonia, intensifica la limitación de los derechos humanos de los extranjeros. El actual aumento exponencial de población africana y del Oriente Medio endurecerá cada vez más la política europea. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo paliar el endurecimiento? De dos formas, como mínimo. Primera: la lucha democrática en el sí de los países europeos, donde a veces se consiguen victorias judiciales importantes. El plan italiano ha sido parcialmente suspendido por un tribunal. Y, por ejemplo, el nivel de derechos fundamentales de las personas en situación irregular en España es fruto de históricas luchas sindicales y de ONG traducidas en sentencias favorables del Tribunal Constitucional. Segunda: el mantenimiento de ratios positivas de gestión migratoria: el número de arraigos o de asilos aprobados cada año, la financiación suficiente de ONG y agentes sociales, el mantenimiento del acceso universal a los servicios públicos, la calidad de las inspecciones de trabajo, el funcionamiento más eficiente de las oficinas de Extranjería, y más.
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