Los sonados escándalos que han acompañado en los últimos años a algunas casas de contratación de criptoactivos, así como la extrema volatilidad inherente al propio concepto del ‘token’ o criptoactivo, no deben ocultar un importante movimiento financiero encabezado por los bancos centrales de los principales países del planeta, para el diseño y lanzamiento de sus respetivas ‘divisas digitales’ arropadas con todos los atributos de la legalidad, de la viabilidad técnica y del respaldo de las economías que lo promueven.
Al criptoescepticismo o desconfianza hacia los gadgets y las empresas que las utilizan como base para su negocio, se contrapone la seriedad de un proyecto institucional de índole global, de largo aliento, y provisto de la máxima tutela y garantías para los administrados. Los criptoactivos son fundamentalmente diferentes del dinero del banco central: carecen de curso legal, sus precios son muy volátiles porque no tienen valor intrínseco y no tienen una Institución confiable que los respalde ni normativa alguna para la protección de sus inversores. Son, en consecuencia, meros activos especulativos de altísimo riesgo.
Un sistema de pagos confiable, eficiente y seguro es la base para que nuestras economías funcionen de manera efectiva. El dinero cumple, entre otras, esa función esencial de medio de pago. Al día de hoy, en las economías avanzadas disponemos de dos clases de dinero, ambas de curso legal. De curso legal significa que el acreedor está obligado legalmente a aceptar tales medios de pago para la redención y liquidación de las deudas contraídas con él por el deudor. Se trata de un lado del dinero fiduciario con representación facial, formado por los billetes del banco central y la moneda fraccionaria en manos de la ciudadanía (dinero público). De otra parte, se encuentra la moneda contable o escritural, concretada en los saldos de los depósitos a la vista abiertos en las entidades bancarias (dinero privado). Esta última forma representa alrededor del 87% del total del stock de dinero en circulación. A setiembre de 2022, el total de dinero existente en la eurozona era de 11,7 billones de euros, equivalente al 80% de su último PIB. La clave de este modelo híbrido es que los ciudadanos pueden convertir dinero privado en dinero público a la par, lo que garantiza que todas las formas de dinero puedan usarse indistintamente para pagos en toda la economía.
Pero este modelo confiable de pagos está experimentando en la actualidad una transformación potencialmente disruptiva, liderada por tres acontecimientos. Primero, las personas pagan cada vez más con medios digitales en lugar de usar efectivo. Casi la mitad de los consumidores de la zona del euro afirman que prefieren pagar con tarjetas. Y la tendencia es a acrecentar la referida preferencia. En segundo lugar, en ausencia de un anclaje público, la aparición de nuevos tipos de activos digitales puede generar inestabilidad y confusión entre los ciudadanos sobre lo que es dinero y lo que no lo es. En tercer lugar, la entrada de las grandes tecnológicas en el circuito de los pagos podría aumentar el riesgo de dominación del mercado por las tecnologías de pago extranjeras, con consecuencias importantes para la autonomía estratégica de Europa. Actualmente, más de dos tercios de las transacciones de pago con tarjeta en Europa están a cargo de empresas con sede fuera de la Unión Europea. Según el BCE, diseñando una forma de dinero público digital, Europa puede adelantarse a estos riesgos y garantizar que se mantenga la confianza en un sistema monetario propio e innovador.
Para proseguir en esta línea el Parlamento europeo deberá definir el equilibrio entre distintos objetivos potencialmente sustitutivos contenidos en de Tratado de la UE. El primero es la privacidad. En las consultas realizadas por el BCE, el 43 % de los encuestados calificó la privacidad como el aspecto más importante del euro digital, muy por delante de otras características. Por tanto, está claro que, si se quiere que el euro digital sea atractivo, debe diseñarse de forma que satisfaga las expectativas de privacidad de las personas. Obviamente privacidad no cabe confundirse con el anonimato, que impediría importantes funciones de normalización y lucha contra el blanqueo de capitales. El segundo aspecto es el estatus de moneda de curso legal. Si bien la obligación de aceptación para redención de deudas debe sopesarse con principios como la libertad contractual y la competencia, debemos tener en cuenta que es una característica constitucional del efectivo, como dinero del banco central, ser moneda de curso legal. Y no tendría precedentes emitir dinero del banco central para pagos minoristas sin poseer el estatus de moneda de curso legal, solo porque circula electrónicamente.
Un euro digital haría que el dinero digital del banco central fuera accesible para todos, partiendo de la posibilidad de que todos los residentes en el área euro pudiesen tener cuentas de depósito, directa o indirectamente, en los libros del BCE. Proporcionaría acceso a un medio de pago digital sencillo, gratuito, sin riesgos y fiable que se aceptaría en toda la eurozona. Un sistema de pagos electrónico, minorista, instantáneo y paneuropeo. Esta puede ser una definición suficiente del euro digital. Solo faltaría agregar que el euro digital rodaría en tecnología blockchain.
Los usuarios podrían acceder al euro digital directamente en el BCE o mediante intermediarios supervisados, esto es mediante la red de bancos privados. Si los usuarios tuviesen acceso directo, el BCE necesitaría proporcionar al usuario servicios tales como identificación y asistencia, extremo que no sería necesario si los clientes accediesen al euro digital de forma indirecta. Pero en este caso, la autoridad central debería asumir el control del cumplimiento de la normativa en campos tales como la prevención del blanqueo de dinero, la lucha antiterrorista o la provisión de información fiscal.
La introducción de un euro digital también plantea desafíos. Dejando de lado los técnicos relativos a la capacidad de proceso o la protección de la privacidad y algunos otros de diversa índole, el más relevante se refiere al impacto concurrencial que la nueva moneda tendría en el sistema financiero tradicional, una red vital al día de hoy para la financiación de la economía real.
Y para los más conservadores una puntualización: como destaca en su última memoria anual, el BCE espera que los billetes en euros continúen utilizándose ampliamente hasta 2030 y después. El efectivo seguirá siendo importante en el futuro, y no hay proyecto alguno para su desmantelamiento y desaparición.