He necesitado un par de días de serenidad para hacerme cargo de la situación en el Tribunal Constitucional. Si se me permite voy a recapitular, según hasta donde alcanza mi comprensión:

– Se encuentra en tramitación parlamentaria por las Cortes Generales una “Proposición de Ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contraband”. Esta proposición de Ley Orgánica es la que suprime el delito de sedición y endurece el de desórdenes públicos, al ampliar el tipo penal a conductas que hasta la fecha quedaban sin castigo penal.

– Durante la tramitación, por vía de enmiendas, se introducen en la proposición de ley orgánica otras reformas, ya no solamente del Código penal, sino de la Ley orgánica del Poder Judicial y de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional. Estas enmiendas se refieren al nombramiento, designación, relevo de las personas magistradas miembros del Tribunal Constitucional. Son enmiendas introducidas con el fin de ser votadas y aprobadas, o no, por las Cortes.

– Diputados del Partido Popular presentan un recurso de amparo contra la decisión de llevar a discusión y votación esas enmiendas ya que alegan que se les ha vulnerado así su derecho fundamental a la participación política (art. 23 de la Constitución). En su recurso reclaman al tribunal de forma cautelar la suspensión de la tramitación de estas enmiendas en la proposición de ley orgánica.

– El pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de amparo, concede la medida cautelar, la ratifica posteriormente e impide con ello que se debata y vote sobre las enmiendas. Sin embargo, la proposición de ley orgánica continúa su tramitación en el Senado, se aprueban las reformas del Código penal, pero porque las enmiendas sobre el Tribunal Constitucional han sido retiradas para que el resto de la proposición siguiera su curso.

Hasta aquí, los hechos expuestos de la manera más objetiva posible. Y a partir de aquí, una breve interpretación de los hechos. Mueve mi ánimo al escribir esto un interés informativo y divulgativo. Creo que todo jurista debe dirigirse a la sociedad de la forma más comprensible: es una obligación.

En primer lugar, la tramitación de la “Proposición de Ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso” se ha producido en un tiempo de apenas mes y medio. La celeridad no es habitual en estos trámites y es muy posible que se hayan usado atajos y ahorrado algunos trámites más o menos formales. Las prácticas parlamentarias al servicio de la prisa partidista, de los plazos electorales, creo que no pueden sorprender a nadie a estas alturas. Quizá lo sorprendente sea que estas prácticas se utilicen en nada menos que en una ley orgánica. Por definición, una ley orgánica es una norma especial que afecta directamente a derechos fundamentales y que requiere, en teoría, una exquisitez superior en su aprobación.

Seguramente, introducir reformas a leyes orgánicas en enmiendas sobrevenidas y a última hora no es un ejercicio de pureza legislativa que pase como ejemplo a seguir en las facultades de Derecho. Legislar así es discutible, pero no solamente en este caso. Un antecedente vergonzoso, protagonizado entonces por la mayoría absoluta del Partido Popular ocurrió con la legalización de las devoluciones en caliente: en una grave reforma del Código penal (una ley orgánica), se incluyó de tapadillo y a última hora la disposición final que reformaba la Ley de Extranjería (otra ley orgánica) y daba patente legal a las devoluciones en caliente. En fin, las leyes orgánicas ya no son lo que eran…

En segundo lugar, es sumamente dudoso que se haya vulnerado el derecho a la participación política de los diputados populares. No parece que se esté escamoteando a sus señorías la posibilidad de conocer las enmiendas, de discutirlas, de votarlas y de rechazarlas, si así lo consideran. Pueden haberse conculcado aspectos formales en la tramitación o introducción de las enmiendas (en cuestión de plazos abreviados, por ejemplo), pero creo que no es serio inferir de ahí una vulneración genérica de un derecho fundamental de los diputados supuestamente afectados. La alegación de la lesión del art. 23 de la Constitución no parece más que una excusa, la inevitable pátina de admisibilidad formal que debe tener un recurso de amparo, pero sin contenido material, sin substancia jurídica evidente.

En tercer lugar, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso y adoptado la medida cautelar con la participación de dos magistrados en una situación anómala, con su mandato agotado y prorrogado de hecho. Y a mayor abundamiento, por seis votos a cinco, solo por un voto de diferencia. Y decidiendo acerca de la aprobación o no de unas enmiendas que afectan directamente a los magistrados que aún permanecen más allá de su mandato inicial. Y, finalmente, interviniendo en su propia recusación como magistrados hábiles para dirimir sobre esta cuestión. Es lamentable el trazo grueso de esta invasión de una ideología partidista en el Tribunal Constitucional. Resulta difícilmente defendible la posición de los dos magistrados, solamente teniendo en consideración la dignidad y la respetabilidad de la misma institución constitucional en que prestan temporalmente su servicio. La erosión del valor de justicia social y de defensa de los derechos humanos que está sufriendo el Tribunal Constitucional me parece innegable. Es un espectáculo lastimoso.

En cuarto lugar, me parece inquietante la intervención del Tribunal Constitucional con carácter preventivo. Entiendo que el tribunal tenga como función el restablecimiento del orden constitucional vulnerado en un acto concreto. Pero en este caso, el Tribunal Constitucional admite estar actuando sobre la actividad parlamentaria porque en el caso de que se aprobaran las enmiendas se generaría una “relevante y general repercusión social”. Además, afirma que el caso de las enmiendas posee “consecuencias políticas generales”. Pero la relevancia y las consecuencias políticas (fíjese quien lea que no se habla de “consecuencias jurídicas generales”, que serían más propias de análisis por los magistrados…) habrá que observarlas en el caso de que se aprueben las enmiendas y entren en vigor. Nada de esto ha ocurrido hasta ahora: todavía no sabemos, de verdad, qué consecuencias tan relevantes tienen las enmiendas si estas no se han aprobado ni convertido en ley todavía. Que el Tribunal Constitucional intervenga ante el riesgo de que las Cortes Generales aprueben unas medidas de cambio político es alarmante. Desde varios puntos de vista, es antidemocrático.

La legitimidad de los jueces siempre está en entredicho, entre otras cosas, porque su legitimidad no es democrática: nadie vota a los jueces. Para completar estas líneas, considero útil la lectura de otros trabajos anteriores, en los que se analizaban sucesos semejantes a estos que ahora nos aparecen en las primeras planas. En gran parte, remito a la reflexión sobre el activismo judicial y el papel de los jueces como “animales políticos”, así como a la reflexión sobre el llamado “populismo punitivo”, ambas en este mismo blog.

[Imagen extraída de Wikimedia Commons]

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Pamplonés, casado y aita de una hija y dos hijos. Licenciado en Derecho y en Filosofía. Doctor en Derecho por la UB. Abogado de la Fundació Migra Studium. Profesor de Derecho Internacional Privado en la UPF y la UOC. Presidente de la Fundació Arrels.
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