Esta foto que se hizo viral en las redes sociales recientemente me llamó la atención por distintas razones. La situación descrita es la siguiente: una mujer refugiada siria que lleva viviendo en Dinamarca desde el año 2014, que había conseguido integrarse en la sociedad danesa, tenía trabajo, había aprendido el idioma e incluso, tal y como se puede comprobar en la foto, había establecido relaciones con las personas de su entorno, en este caso, una vecina, ha sido obligada por las autoridades danesas a regresar a su país de origen. Por forzada me refiero a que no tiene otra opción. Y en caso de que quisiera quedarse en el país, Dinamarca, se pondría en marcha la maquinaria judicial más violenta para hacer imposible su regularización o una vida más digna en ese país.
La razón esgrimida por las autoridades para no prorrogarle el permiso de residencia es que «Damasco y sus alrededores son zonas seguras para regresar» -según el Servei d’Immigració danès-. Por este motivo, se han cancelado cientos de beneficiarios de protección temporal y, en consecuencia, sus permisos de residencia. Según los datos facilitados por Amnistía Internacional desde el 1 de enero de 2020 hasta el 1 de abril de 2021, el Servicio de Inmigración danés revocó o canceló hasta 380 permisos de residencia daneses a refugiados sirios.
Es difícil creer que las autoridades danesas puedan considerar seguras ciertas partes de Siria para volver, ya que es un país donde se detiene sistemáticamente a las personas, se las tortura y se las somete a una separación forzosa, lo que constituye crímenes de lesa humanidad. Además, estas declaraciones contradicen las valoraciones de los expertos internacionales sobre Siria y del ACNUR.
Además, las deportaciones no se llevan a cabo debido a la interrupción de las relaciones diplomáticas. Por ello, las personas afectadas deben permanecer en centros de detención hasta que sean deportadas o hasta que decidan regresar «voluntariamente» a Siria. Todo un despropósito. Cabe mencionar que estos centros de detención prohíben el acceso al empleo o a la educación y son una medida de presión para que estas personas pidan el retorno «voluntario» a sus países de origen lo antes posible.
Sin embargo, existe una cuestión más preocupante, y es el hecho de que esta noticia se convirtiera en viral, causando mucha sorpresa. Lamento decirles que esta es la vida cotidiana de los refugiados e inmigrantes indocumentados en Europa. Varias políticas de la UE se centran en la «lucha contra la migración irregular», creando una conexión injustificada entre la lucha contra la criminalidad y el control de la migración. Aunque la Directiva de Retorno de la UE (2008) establece que las alternativas a la detención deben aplicarse siempre que sea posible y Estados miembros de la UE deben desarrollar y utilizar alternativas al internamiento, la entrada y estancia irregulares siguen siendo criminalizadas, cuando son esencialmente cuestiones administrativas. Lo sé, es exasperante.
En definitiva, debe haber alternativas a la detención y centrarse en promover políticas de migración humanas, así como abogar por políticas y prácticas que den prioridad a la búsqueda de soluciones duraderas, incluido el acceso a distintos permisos de residencia. Por suerte, no todo es pesimista en cuanto a deportaciones e internamientos. PICUM es una organización que se encarga de abogar por políticas migratorias que no se basen en la detención, y para coordinar y facilitar el intercambio de mejores prácticas entre las partes interesadas pertinentes. Entre ellas, se destaca una alternativa a la detención, que se ha puesto a prueba en distintos países como Bulgaria, Chipre, Polonia y Grecia como proyectos piloto, conocido como Case Management. El Case Management implica un apoyo personal a lo largo del procedimiento de inmigración de una persona, con el objetivo de trabajar hacia la resolución del caso. La gestión de casos «se centra en comprender y responder a las necesidades de los individuos y su contexto». Mediante este enfoque, los gestores de casos de los usuarios evalúan periódicamente sus necesidades y facilitan el oportuno acceso a los servicios de apoyo.
Según Memnon Arestics, del Consejo para los Refugiados de Chipre y miembro de la Red Europea de Asistencia a los Refugiados (EATDN), «se trata de compromiso y confianza. Se trata de un requisito importante entre la persona y el gestor del caso, y cambia constantemente para adaptarse a las necesidades de la persona según la fase en la que se encuentre». Estos «proyectos alternativos a la detención» pueden ser un punto de partida para una mayor colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil, las personas migrantes, los gobiernos y otros actores, aprovechando y reforzando las prácticas positivas que permiten que las personas no sean detenidas o deportadas, al tiempo que se trabaja para conseguir mejoras sistemáticas.
Ya hace más de dos meses que esta fotografía se hizo viral, y nadie sabe que ha sido de la mujer de la fotografía, pues hay que seguir luchando por hacer realidad una quimera: ninguna persona es ilegal.
[Imágenes publicadas en SN.dk]