Cuatro personas, dos de ellas menores, murieron hace quince días en el incendio de la Plaza Tetuán, en uno de los peores siniestros que se recuerdan en las últimas décadas en Barcelona. Ahora hace un año, cinco personas murieron y más de cuarenta resultaron heridas en el barrio del Gorg de Badalona, en un incendio en el local donde malvivían decenas y decenas de personas en situación administrativa irregular. Un año después, la Administración ha sido incapaz de dar una alternativa habitacional estable; la mayoría de los supervivientes se ha trasladado a naves próximas, con el fantasma de un desahucio próximo y con el riesgo evidente de que una desgracia como la vivida el diciembre pasado se repita. La imagen es terrorífica.

Las entidades del Sector Social de los Jesuitas en Catalunya acompañamos y atendemos a personas víctimas de un sistema injusto, desigual y racista. Es una desgracia que la política sea incapaz de dar una respuesta digna, que los diferentes niveles de la Administración se pasen la pelota y que nadie se acabe responsabilizando de la muerte de los excluidos. En nuestras entidades aterrizan personas y familias con trayectorias similares a las personas de la Plaza Tetuán o del Gorg. En este artículo repasamos dos de los casos que acompañamos en la Fundació La Vinya (Hospitalet de Llobregat), evidenciando así algunas lagunas y desatenciones, para intentar responder a la pregunta que nos hacemos perplejos cuando observamos siniestros como los mencionados: ¿cómo podemos haber llegado hasta aquí?

Primer caso

Una familia monoparental, compuesta por una mujer y su hija, de nacionalidad extracomunitaria, se encuentran en una situación administrativa irregular. En mayo de 2021 vienen a vivir a Hospitalet de Llobregat con su pareja y su hijo, a pesar de seguir empadronadas en el lugar donde vivían anteriormente. Con el tiempo, la relación se rompe y la familia tiene que buscar un nuevo lugar donde vivir. Sus únicos ingresos provienen de la economía sumergida y ante la imposibilidad de hacer frente a todos los gastos se ve obligada a ocupar una casa, junto con dos familias más. Recibe ayudas para pagar la escuela de su hija, que ha podido tramitar desde la propia escuela, pero no tiene suficiente; necesita de la intervención de los Servicios Sociales (ABSS). El problema es que los Servicios Sociales del lugar donde vive la orientan para que pida cita en la localidad donde está empadronada, y estos últimos exigen que pida cita en la localidad de residencia. La situación de vulnerabilidad se acentúa mientras la familia sigue atrapada en este limbo administrativo.

Segundo caso

Una familia compuesta por la madre, el padre y su hija. Hace un año los desahuciaron de su casa, ocupada, al tiempo que pedían un alquiler social, dado que el piso pertenecía a un banco. Después de parar el desahucio en distintas ocasiones, recibieron la prórroga definitiva, lo cual implicaba que con 31 días la familia tenía que buscarse otra vivienda. A todo esto, la madre y la hija sufren violencia de género y machista, por lo que el riesgo es doble: quedarse sin techo y seguir conviviendo con el maltratador. La única alternativa habitacional que encontraron fue alquilar una habitación en el mismo edificio donde vivía la madre del padre, haciendo que el vínculo entre el maltratador y la madre siguiera intacto. Durante este proceso, Servicios Sociales ha trabajado con la madre en dos ejes: la búsqueda de una nueva vivienda y el acompañamiento intenso con el Centro Abierto donde está atendida la menor para hacer frente a la violencia de género. El problema es que los Servicios Sociales de Hospitalet de Llobregat no tienen competencias en materia de vivienda ni recursos a ofrecer, más allá de pagar tres días de pensión u ofrecer el Albergue Municipal, que no acepta menores. Finalmente, la madre ha encontrado una alternativa habitacional: un local indigno, antiguamente un supermercado, sin cédula de habitabilidad. La madre es perceptora de una Renta Garantizada de Ciudadanía, cosa que le permite seguir buscando un lugar en condiciones y subsistir.

Estos casos no son aislados, sino el día a día de muchas personas y, cada vez más, de muchas familias. Ante estos casos habría que activar todos los mecanismos de protección posibles. Y en una sociedad como la nuestra que se llama «rica y de bienestar» esto no es pedir lo imposible. Se tienen que movilizar recursos habitacionales de urgencia y, sobre todo, se tiene que desburocratizar todo un sistema de protección social que solo alarga estas situaciones hasta que acaba produciéndose la tragedia. Sea como sea, la tragedia, aunque no salga en los medios de comunicación, es el pan de cada día de demasiada gente y no la podemos (no la queremos) normalizar.

[Imagen de Erubiel Flores en Pixabay]

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