La falta de disponibilidad de petróleo barato y de materiales críticos están poniendo sobre la mesa los límites materiales del crecimiento económico. Ningún experto afirma que sea un proceso rápido de colapso, pero sí que hay mucho consenso al considerar que está apareciendo la cara oscura de la economía globalizada. La globalización ha facilitado la mundialización de la pandemia de la COVID y está dificultando su contención. La congestión de los sistemas de distribución pone de manifiesto las debilidades de dos de los grandes principios del capitalismo moderno, la producción “just in time” para ahorrar costes de stock y la deslocalización de la producción para buscar salarios más baratos. Por otra parte, la precarización salarial y las condiciones de trabajo, ha puesto sobre la mesa la situación de trabajadores esenciales como los conductores de camiones.
El cambio de sistema es imprescindible, según expertos y científicos que afirman que falta honestidad de los responsables políticos y económicos para explicar que la fiesta del petróleo barato se está acabando. Nos dicen que el decrecimiento no es una opción, que es un imperativo matemático hasta ahora voluntariamente ignorado. Es indiscutible que el impacto se trasladará más bien o más tarde a todos los sectores de la producción y del consumo y que lo sensato es que nos vayamos preparando para hacer muchas cosas de manera diferente. La producción de energía a nivel local, la producción de alimentos y bienes de consumo de proximidad es una vía a transitar, acompañada por supuesto, por unas pautas de consumo más frugales. También nos dicen que la tecnología puede ayudar pero que no se le pueden pedir soluciones mágicas.
La paradoja es que las expectativas de conseguir la contención del calentamiento global se fían todas en alcanzar cero emisiones en 2050, cuando los expertos en energía, tecnología y materiales nos dicen que será materialmente imposible desarrollar y producir todos los artefactos que nos han de permitir rebajar las emisiones.
¿Qué se puede esperar de la COP26?
La Conferencia de las Partes (COP) es la reunión de los Estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) que son otros 196 estados más la Unión Europea, y que esta vez la preside el Reino Unido en asociación con Italia con el propósito de operar los Acuerdos de París. También asisten representantes de empresas, asociaciones, y entidades ecologistas en calidad de observadores que intentarán presionar sobre los delegados nacionales.
Sin embargo, es evidente que el peso de los delegados de los países representados es muy distinto. La Secretaria Ejecutiva de la ONU por el cambio climático, Patricia Espinosa, recordó a los ministros de medio ambiente del G20[1] este mes de julio que su liderazgo es imprescindible para hacer viable el acuerdo de París que es mantener el aumento de la temperatura media mundial lo más cerca posible de 1,5 grados centígrados. Los países del G20 representan el 85% del total de las emisiones.
El jefe adjunto de las Naciones Unidas para el Cambio Climático destacó cuatro elementos clave para el éxito de la COP26:
• Concluir las negociaciones pendientes del acuerdo de París.
• Aumentar la ambición de reducir las emisiones, adaptarse a los impactos climáticos y proporcionar financiación para cerrar las brechas entre las expectativas globales y los compromisos políticos.
• Comprometerse con la sociedad civil y los grupos de interés no partidistas en una unidad de propósito.
• Cumplir el compromiso de los países desarrollados de movilizar 100.000 millones de dólares anuales para apoyar a los países en desarrollo.
Según el jefe adjunto de la conferencia, el mayor obstáculo en las negociaciones sobre el cambio climático de la ONU es el artículo 6 del Acuerdo de París, que se refiere a los mercados de carbono. Pero lo más importante para hacer viable el Acuerdo de París es que cada país formule una estrategia a largo plazo y que la cumpla. Y en este terreno, el último informe antes de la cumbre (26 de octubre) que ha hecho público el PNUMA, afirma que todos los países esgrimen unas muy buenas intenciones para los compromisos de “Zero Net en 2050”, pero el mismo informe se lamenta que las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (compromisos a corto plazo) sólo suponen un 7,5% de reducción en las emisiones previstas para 2030, mientras que se necesitaría un 55% para alcanzar el objetivo de París de 1,5 °C.
Los acuerdos de las partes son voluntarios, y pueden incumplirse, e incluso hacer ostentación política de su incumplimiento como se ha demostrado en tiempos de Donald Trump. Como dicen Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro “los estados centrales han tenido una función esencial a la hora de reforzar la arquitectura jurídica global que protege a los negocios de la clase político-empresarial” y “en un contexto en el que el capitalismo acentúa la su ofensiva sobre todo lo susceptible de privatización y mercantilización, ya que el sistema de Naciones Unidas ha sido capturado por el poder corporativo, ¿es el consenso un valor?”.
Mientras Joe Biden hacía declaraciones grandilocuentes en Glasgow, en su país ha decidido subir un 24% la cantidad de carbón que destina a la generación de electricidad, y Pedro Sánchez hacía lo mismo preparando la reapertura de la central de As Pontes que también funciona con carbón.
¿Queda tiempo para tomar acuerdos voluntarios que no tienen garantías de cumplimiento y diseñar y ejecutar estrategias a largo plazo, cuando los estados nación están más preocupados por mantener el suministro energético a su desbocada maquinaria productiva?
Los entendidos afirman también que un decrecimiento justo no es compatible con los grandes beneficios de los grandes capitales. En este terreno, como en tantos otros, los discursos esconden realidades desgarradoras. La reunión de los países del G20 ha tenido sobre la mesa una propuesta de limitación del tope mínimo de tributación de los grandes capitales. El análisis de la propuesta que hace Intermon Oxfam, afirma que la propuesta es una gran burla de equidad por las excepciones (la City de Londres o grandes empresas como Amazon, pueden quedar al margen) y porque prevé 10 años de moratoria. Los defensores de la tributación justa a nivel internacional afirmaban que era necesario un 25% de tope mínimo y que fuera efectivo e inmediato para que los países en desarrollo pudieran recaudar unos 17.000 millones de dólares imprescindibles en estos países donde el gasto público tiene una gran dependencia de estos ingresos.
Por otra parte, debemos considerar que, si como dicen algunos, estamos ante la primera etapa del colapso, habrá que hacer un gran esfuerzo para proteger a los más desfavorecidos para revertir las desigualdades que no paran de agravarse. Las 20 grandes fortunas mundiales se han incrementado un 24% con el COVID, mientras en España, según el último informe FOESSA, ya hay 6 millones de personas pobres, 2,5 millones más que en 2018.
No puede garantizarse la continuidad del capitalismo, pero el sistema aún conserva la hegemonía del discurso económico y social fomentando el desconocimiento de la trascendencia de la situación actual. Es necesario construir un nuevo discurso que haga posibles los cambios hacia una sociedad más sana. Y en este contexto nos dicen que frente al eventual colapso las prioridades inmediatas son (Antonio Turiel): asegurar la alimentación, el abastecimiento de agua y el saneamiento que dependen de la electricidad. Y a medio plazo desarrollar colectivamente la producción local de energía y recursos esenciales al tiempo que se reducen las redes de distribución de amplio alcance. Un nuevo horizonte de reducción de la demanda energética debe pasar, necesariamente, por intensificar el urbanismo de reciclaje (rehabilitación de la ciudad antigua) y la diversidad de usos en la ciudad para reducir la necesidad de movilidad. La escasez de materiales debe llevarnos a incentivar el reciclaje de materiales e incluso, al aprovechamiento de los materiales de los depósitos de residuos existentes.
Si los indicadores parecen apuntar claramente a un decrecimiento inevitable no planificado, es, por tanto, momento de intensificar la respuesta social para poner en el centro el trabajo de las personas que cuiden nuestras necesidades y el reparto justo de la riqueza y los recursos, incluidas las generaciones futuras. Y que esa mirada debe convertirse en hegemónica en los terrenos cultural y político, para repensar los sistemas de producción y consumo y rehacer un sistema económico en descomposición sin dejar al margen a más descartados. En definitiva, apostar por la sobriedad y la sencillez voluntarias, poniendo en valor la acción solidaria de los movimientos sociales, “poetas sociales” de la solidaridad, como los nombra el papa Francisco.
Hasta ahora, los estados nación han banalizado el ritual de las cumbres periódicas que no toman las decisiones necesarias para frenar lo que los científicos formalmente pronostican, en un intento de objetivar y cuantificar las evidencias, cuando la realidad, aún más dramática, escapa por diversas rendijas a las conclusiones de su conocimiento. La respuesta, todavía incipiente, la proporciona la centralidad de la lucha desde las periferias, también las del primer mundo, como el motor de la movilización global necesaria para contener la deriva de la injusticia social y ambiental. Si de alguna forma el “colapso” anticipa una nueva sociedad, tomarían todo su sentido las palabras de Teilhard de Chardin: “son los sufrientes los que impulsan el ‘cosmos’ hacia su plenitud”.
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[1] El G20 está formado por otros 19 países más la Unión Europea. Los Estados miembros son: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.