Actualmente no hay debate que genere más crispación, confrontación ideológica y que termine en maniqueísmos más simplificadores que el debate educativo. Y no quiero hablar de la cuestión pedagógica, en sí bastante controvertida con tanta innovación y revolución permanente, sino del modelo de financiación y de la estructura institucional que sustenta la apuesta educativa de un país. Soy consciente, pues, de entrar en un jardín lleno de espinas.

Lo escribo, antes que nada, como padre de hijos que van a la escuela pública y como ex alumno de escuela concertada. Pero estas líneas son sobre todo las de un ciudadano preocupadísimo, porque la educación (junto con la sanidad) es el pilar básico de la cohesión comunitaria que nos puede permitir construir una sociedad de iguales que caminen hacia un futuro común. Su acceso universal, su vocación de servicio público y su excelencia deberían ser elementos clave de un pacto educativo transversal que pusiera de acuerdo a todo el mundo. Si no, la política no sé para qué nos sirve. Pero es evidente que esto no es lo que está pasando y el debate generado en torno a la última ley educativa es un ejemplo de ello.

Recientemente he sido testigo personal en conversaciones con personas expertas y miembros del tejido educativo de nuestro país de una realidad llena de matices y de ambigüedades. No olvidemos el escenario: falta de recursos económicos en un contexto de crisis continua y de infrafinanciación desde 2008, y caída demográfica galopante que obliga a cierre de líneas y escuelas. Cuando crecemos y hay para repartir nos ponemos de acuerdo rápidamente. Cuando el contexto es de «apretarse el cinturón», entonces las puñaladas van que vuelan.

Ante este hecho, la escuela concertada reclama una mejor financiación. No lo dicen sólo ellos, la reclamación es del propio Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo de Cataluña) y debe ser escuchada. Esta infrafinanciación obliga a la escuela concertada a entrar en una espiral de búsqueda de recursos externos que la pueden hacer cerrarse a realidades y llegar a perder su vocación de servicio público, que nunca debe olvidar. Hay pues que solucionar esto desde la administración financiando debidamente a escuelas que, por historia, vocación pública y arraigo en el territorio, y en muchos casos en barrios y realidades depauperadas, han demostrado con creces que tienen sentido y deben tener futuro. Pero todos somos conscientes, al mismo tiempo, de que en la concertada se esconden también iniciativas con ánimo de lucro o bien escuelas que tienen un alto elemento segregador, y en este sentido habrá que separar el grano de la paja y no entrar en posiciones de todo o nada.

La pública debe tener también recursos suficientes y no puede convertirse, ni debe ser nunca, la escuela de los pobres. Pero tampoco debe entrar en dinámicas donde las AMPAS con recursos suplan y complementen económicamente una escuela también infradotada y generen burbujas segregadoras. Sí, también la pública segrega en muchos casos. Hace poco, en el seminario social de nuestro centro teníamos el testimonio de dos responsables de escuelas -una pública, la otra concertada- en barrios castigados económicamente. Y su indignación (y su agradecimiento) era claramente repartido: a públicas que se blindan a recibir alumnado con necesidades especiales, y a concertadas abiertas siempre a colaborar; a públicas que están haciendo un esfuerzo ingente y que son el último dique de contención de una bomba de relojería social, y a concertadas que viven de espaldas a toda realidad social contrastada.

La realidad siempre, siempre, es ambigua. Nuestras opciones de construcción de un futuro esperanzador, sobre todo para los últimos de nuestra sociedad, no ha de serlo. Resolver esta situación pide un gran conocimiento de la realidad educativa del país, una gran generosidad, poner en valor y alinear a todo el que con vocación de servicio público (sea desde la gestión pública o desde la iniciativa social) quiera arremangarse para comenzar a transformar un modelo educativo que se tambalea por muchos lados y que estará, en el futuro, claramente falto de recursos. Con los altos niveles de déficit público que tenemos, el Estado de Bienestar comienza a colapsar y lo hace allí donde las costuras son más débiles. La pandemia lo ha demostrado cuando cerrar escuelas durante meses implicaba dejar de alimentar a niños que reciben, en el 95% de los casos, becas comedor, o cuando se nos dice que la segregación escolar en ciertas zonas de España está casi al nivel de Turquía. ¿No es éste el debate que deberíamos estar teniendo? Yo creo que sí, pero como padre y como ciudadano sólo escucho ruido, mucho ruido, enrocamiento ideológico y falta de generosidad repartida a menudo por partes iguales.

[Imagen de Juraj Varga en Pixabay]

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Director de Cristianisme i Justícia-Fundació Lluís Espinal. Licenciado en matemáticas y máster en gestión de empresas. Anteriormente ha trabajado en Oxfam Intermón. Coordina la Plataforma por una fiscalidad justa y ha participado activamente en las últimas ediciones del Foro Social Mundial y en la organización del Fòrum Social Català. Colabora en diferentes proyectos solidarios relacionados con el mundo de la inmigración y la economia social.
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