Honduras, un pequeño país con una privilegiada ubicación, con costas en dos océanos, cuyas fronteras terrestres lindan con tres países en la franja delgada de Centroamérica y con una amplia biodiversidad. Con más de nueve millones de habitantes en un territorio de 112,492 km2, es mayoritariamente mestizo, aunque con al menos nueve etnias distintas. La sociedad está conducida por un grupo de unas 250 familias que conforman la élite oligárquica hondureña, en el ensamblaje de un modelo organizado para concentrar las riquezas y ganancias en muy pocas manos, dejando a millones sin oportunidades para acceder a una vida en dignidad.

Honduras es un país condicionado por la relación de sometimiento a Estados Unidos desde hace al menos 120 años. Fue en su costa atlántica donde se acuñó a comienzos del siglo veinte la expresión «Banana Republic» [‘república bananera’], que significa que tanto Estados Unidos como las multinacionales miran y se relacionan con Honduras sobre la base de permanecer como proveedor perpetuo de materia prima y productos para postre.

El impulso de la economía hondureña se sustenta en un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y en la privatización de bienes y servicios públicos, y se impulsa desde una alianza conductora que está constituida por una burocracia política de extrema derecha, una reducida élite oligárquica y las transnacionales. Esta alianza se respalda en los militares, el gobierno de Estados Unidos y el crimen organizado, específicamente el narcotráfico.

El 15 de septiembre de 2021 se cumplen doscientos años de la firma de una independencia centroamericana que ha negado la soberanía a los pueblos y ha impuesto durante dos siglos una política de “prevención” ordenada por las élites políticas, temerosas de “las consecuencias” posibles si fuera el pueblo el que proclamara su independencia. Honduras tiene una gran tarea pendiente: en contrapartida al modelo elitista y concentrador de riquezas y decisiones, debe impulsar una propuesta que parta de un nuevo concepto de «soberanía» basado en la capacidad y el poder adquiridos por las personas, comunidades, organizaciones y Estado, para así tomar decisiones autónomas y libres sobre las vidas personales y el entorno, sobre los bienes y riquezas comunes, el presente y el futuro a partir del respeto de los derechos humanos y los derechos del planeta, asumido como nuestra casa común.

Sociedad rota

En Honduras todo está roto. A lo largo de lo que va del siglo, el pueblo hondureño se ha ido configurando en torno a un estado de indefensión y de damnificación. Esa ruptura de los tejidos se expresa en la desconfianza hacia todas las instituciones públicas y políticas, como ha quedado patente en los diversos sondeos de opinión pública del ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, centro social y de derechos humanos de la Compañía de Jesús en Honduras).

Se expresa en la despolitización de más del cuarenta por ciento de la ciudadanía que afirma no pertenecer a ningún partido político, pero tampoco a organizaciones comunitarias, sindicales, ambientales o de derechos humanos. Esa despolitización convierte al pueblo hondureño en un pueblo fácilmente manejable por políticos o grupos de fuerza, como bandas o estructuras del crimen organizado; pero, a su vez, en un pueblo que sospecha de todo y de todos, que dice «sí» a todo lo que viene de arriba, pero para hacer lo que le plazca. Lo convierte en un conglomerado bajo la única divisa posible del «Sálvese quien pueda».

Más miserables que pobres

Esa ruptura se expresa en la agudización del empobrecimiento de la población mayoritaria. Según algunos expertos, al finalizar 2020, ocho de cada diez personas quedaron bajo la línea de la pobreza. Las que comenzaron el año desempleadas, seguirán desempleadas y muchas de las que lo iniciaron con empleo, lo perderán. Así, el país avanza, y ya se encuentra en ella una sociedad con una alta dosis de miserables. Y esto es de alta peligrosidad porque se convierte en una tierra fértil para levantamientos espontáneos y sin control, o para populismos y mesianismos que se alimentan de poblaciones miserables a las que es posible manipular con respuestas asistenciales. Y la miseria se transforma en votos que legitiman autoritarismos y dictadores.

Una sociedad y un Estado estructuralmente desprevenidos

La ausencia de prevención es un problema estructural hondureño. Cruza la sociedad entera, ha invadido los dinamismos más profundos de la sociedad y de sus miembros hasta convertirse en un problema cultural. Todos los fenómenos naturales, políticos o humanos se convierten en amenaza, peligro y, finalmente, en destrozos mayores y deshumanización. Incluso asuntos como procesos electorales o el sistema judicial se sitúan en esta desprevención estructural. Todos los dinamismos de la institucionalidad del Estado acaban convirtiéndose en amenazas y peligros para la misma democracia y para la aplicación de la justicia.

El hecho de que el Estado esté capturado por reducidos grupos políticos que lo usan para negociar y saquear recursos de las instituciones públicas confirma la desprevención de la sociedad. Cuando se habla de que Honduras es el tercer país más desigual del planeta después de Sudáfrica y Haití, o el segundo país más vulnerable del planeta junto con Bangladés o uno de los dos países más corruptos del continente, se confirma la desprevención de la sociedad. Cuando el sistema de salud no logra controlar el dengue o cuando los recursos para atender la pandemia son saqueados por los funcionarios de más alto nivel, se confirma la ausencia de prevención sistémica de la sociedad.

Cuando la institucionalidad del Estado en varias de sus dependencias, como las Fuerzas Armadas, la policía, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la propia Casa Presidencial, fueron contaminados y penetrados por sectores del crimen organizado, primordialmente por el narcotráfico, se confirma la ausencia de prevención de la sociedad y del Estado.

Imagen cedida por ERIC-Radio Progreso.
Imagen cedida por ERIC-Radio Progreso.

Cuando la violencia ha dejado de ser desde hace mucho tiempo un asunto administrado exclusivamente por el Estado, sino que el Estado mismo ha delegado esta administración a diversos grupos privados, se confirma que la prevención es un asunto ausente y la sociedad entera queda en indefensión o se convierte en víctima de una violencia sin control, en manos de sectores que de muy diversas maneras actúan en la impunidad y bajo el amparo del Estado.

Cuando los dinamismos estructurales de la sociedad conducen a que las riquezas se acumulen multimillonariamente en pocas personas, cinco de las cuales concentran una fortuna equivalente al salario mínimo anual de dos millones de hondureños, se confirma que la sociedad está gobernada por un sistema de vida productor de desigualdades y, por tanto, que anula sistémicamente la prevención.

¿Qué hacer ante la desprevención?

Todas las situaciones de vulnerabilidad, todas las amenazas y todos los peligros naturales sociales, ambientales, sanitarios y políticos pueden prevenirse. Todos. Como dicen los expertos, los fenómenos naturales nadie puede detenerlos, ni las más altas investigaciones han logrado hasta ahora mecanismos que detengan los fenómenos naturales. Lo que se puede prevenir son los desastres. Bien afirman que nadie detiene los fenómenos naturales, pero los desastres sí pueden prevenirse. Igual que con una pandemia como la COVID-19: una vez que el virus se desata, es difícil detenerlo, pero sí prevenir sus desastres. Desesperada, mucha gente se organiza en caravanas para tomar camino hacia Estados Unidos, como expresión de un modelo productor de desigualdades. Ambos desastres pueden prevenirse, porque no son fenómenos naturales; son sociales, políticos, institucionales y humanos.

Imagen cedida por ERIC-Radio Progreso.

La prevención: un estado estructural de estabilidad y confianza

La prevención es un estado estructural de la sociedad para asumir todas las situaciones o eventos con un nivel de desafío y advertencia, y, antes de que se presenten, la sociedad ya está predispuesta en positivo para asumirlos como desafíos y tareas. Esto vale para fenómenos naturales, climáticos o pandémicos, económicos, políticos, militares, culturales e institucionales.

Cuanto más se involucren las diversas instancias de la sociedad para poner en marcha procesos de prevención, mayor capacidad se tendrá para reducir las consecuencias. Y cuanto más cerca se esté de procesos que aborden las causas de los desastres, más capacidad se tendrá para que la prevención sea estructural y no puntual o coyuntural.

La prevención institucional y cultural, al tener una perspectiva de cambio estructural, nunca deberá sostenerse solo desde las líneas verticales ni definirse solo desde cúpulas, como es la lógica del sistema actual. Sin negar el aporte de las cúpulas políticas, empresariales, sindicales, religiosas y sociales, la dinámica conductora ha de sostenerse en acuerdos nacionales con un fuerte componente participativo. La prevención institucional y cultural ha de cruzar el corto plazo, pero orientado hacia compromisos en el medio y largo plazo. Ha de sustentarse en hechos y compromisos específicos y coyunturales, pero trascendiéndolos.

ABC para Honduras

Honduras está en la necesidad de impulsar Acuerdos Básicos Compartidos (ABC). Los expertos hablan de «degradación de la sociedad», tanto de su modelo económico como del ambiente y la institucionalidad política. Cuando se habla de «sociedad degradada», se hace referencia a una sociedad y a un Estado que finalmente son gobernados desde decisiones, e incluso desde estructuras criminales organizadas transnacionalmente.

La sociedad hondureña, atrapada entre la inseguridad y el empobrecimiento, la corrupción y el narcotráfico, la clase política y la violencia y delincuencia policial, es una sociedad deprimida y damnificada. Es necesario romper con la lógica de hacer lo mismo y de depositar el liderazgo siempre en los mismos. Este repensar el país ha de tener como punto de partida la aceptación consensuada de que así como estamos, al lugar al que hemos llegado, nadie tiene la capacidad para impulsar un proyecto de país por su propia cuenta, y, menos todavía, imponerlo a los demás.

Mínimos consensos: lo máximo a lo que podemos aspirar

Un punto de partida imprescindible para poner en marcha un proceso de propuestas que rompan con la lógica política excluyente es la aceptación consensuada de que el país está tan resquebrajado que a corto plazo —y previsiblemente a medio plazo— no vamos a estar en situación de impulsar una propuesta buscando “máximos”, sencillamente porque la realidad no ofrece esas posibilidades.

Los “máximos” que podemos alcanzar se encuentran en los “mínimos” que pueden sentar las bases para iniciar un auténtico proceso hacia la construcción de la democracia y el Estado de derecho. Y esto es así porque hemos perdido lo mínimo que una sociedad necesita de bien común para su convivencia armónica. Esos mínimos perdidos son los que hay que recuperar como condición para poner en marcha procesos auténticos de construcción de la democracia y un Estado de derecho real. Esos mínimos son lo que han de estar representados en lo que llamaríamos el «ABC hondureño», es decir, los «Acuerdos Básicos Comunes».

Para ello, habría que poner en marcha una convocatoria en la que se sienten las bases y se determinen la metodología, los tiempos y los responsables del proceso. ¿Quién la convocaría? Quizás es la primera cuestión que resolver, porque un rasgo del deterioro social de lo institucional es la ausencia de credibilidad de los actores, instituciones y personalidades. La convocatoria y el proceso deberían estar bajo la responsabilidad de instancias que involucren tanto a actores nacionales del más alto reconocimiento —que también existen— como a representaciones internacionales.

Un punto de referencia compartido es el hecho de que el gobierno actual no puede estar entre los convocantes. Las iglesias perdieron la base de credibilidad con la que contaban tradicionalmente, pero no pueden quedar fuera. El empresariado está disperso y sin sustento común, pero no puede quedar fuera. Los organismos de incidencia o las llamadas «ONG» son tan diversas y dispersas que resulta muy difícil encontrar en ellas la base para una convocatoria creíble y movilizadora; pero no deben quedar fuera, por sus implicaciones en tan variados campos de la vida nacional y, especialmente, por su involucramiento en procesos muy cercanos a los municipios y comunidades locales.

Imagen cedida por Alboan.

Sin duda se necesitaría un componente convocador internacional que pudiera estar ligado a la defensa de los derechos humanos, sin descartar la participación de representantes oficiales de la ONU, aun con el grado de descrédito y desconfianza que ha acumulado. Este componente internacional es imprescindible, no solo por la ausencia de consensos en torno a convocantes internos, sino porque cualquier propuesta de solución al caso hondureño ha de pasar por negociaciones que involucren a la comunidad internacional. Cada uno de los sectores, tanto populares, políticos, empresariales como territoriales y temáticos, debería organizar su propio proceso de elaboración del ABC, de manera que todo el país se pusiera en movilización y en estado de construcción del ABC, desde las asambleas comunitarias, pasando por las sectoriales, municipales y departamentales, hasta llegar a las asambleas nacionales.

¿ABC sobre qué?

En un ABC de Honduras deberían estar incluidas algunas categorías de acuerdos:

La primera podría incluir acuerdos socioeconómicos y ambientales como la tenencia de la tierra, y políticas agrarias, la protección y manejo de las riquezas o recursos naturales, el empleo y la producción, la vulnerabilidad ambiental, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la política fiscal, la vivienda. Es decir, con el rumbo de un nuevo modelo de desarrollo y de inversiones que rompiera con la galopante inequidad, factor decisivo de la violencia e inestabilidad.

La segunda categoría buscaría acuerdos sociopolíticos como los derechos humanos, la defensa de las comunidades y su territorio, los derechos étnicos, las relaciones de género, los medios de comunicación, la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, así como los derechos culturales.

Imagen cedida por Fe y Alegría Honduras.

La tercera categoría sería la político-institucional-jurídica y tiene que ver con el derecho a la organización y a la participación en la toma de decisiones desde una institucionalidad que garantice una democracia representativa, participativa y directa; la transformación del sistema judicial, la reconfiguración del Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, los organismos contralores del Estado, especialmente el Tribunal Supremo Electoral y la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, y en general el diseño de una institucionalidad con capacidad para responder a las transformaciones contenidas en las dos primeras categorías.

Estas categorías no están separadas entre sí, cada una remite a las otras: la primera contiene acuerdos mínimos en torno al empleo y la producción, lo que de inmediato se vincula con acuerdos que han de establecerse en torno a la legislación que regula el empleo, como es el caso del Código del Trabajo, hasta lograr un acuerdo mínimo de estabilidad laboral de las trabajadoras y los trabajadores. De igual manera, si se buscan Acuerdos Básicos Compartidos en torno al empleo, deberá establecerse el vínculo con aquellos relacionados con la defensa de los derechos humanos laborales de miles de obreras y obreros en toda la industria.

De entre todos estos temas, habría que definir los prioritarios, en qué orden empezar a tratarlos y qué procesos y mecanismos se requieren para su implementación. Un ABC de Honduras de esta naturaleza debería orientarse finalmente a su ratificación en una Asamblea Nacional Constituyente que redactase una nueva Constitución Política.

El diseño de un ABC de Honduras ha de ser una propuesta aglutinadora. Esto no significa que todo deba construirse desde cero, porque han de tomarse en cuenta experiencias exitosas que se hayan realizado en algunas zonas, municipios u organizaciones del país. Este ABC de Honduras ha de garantizar que no solo se busque la inclusión social y la democracia participativa en los objetivos, sino que el proceso mismo ha de ser una experiencia de inclusión y de democracia participativa. Los sectores no oficiales y opositores están llamados a fortalecer sus propias instancias e identidades, y desde su capacidad organizada desarrollar sus propios acuerdos para convertirlos en fuerza y poder en una mesa de negociaciones, para evitar así que se imponga la ley del más fuerte.

¿Y en qué alimenta el pueblo hondureño sus esperanzas?

Existen al menos cinco nutrientes de la esperanza hondureña: 1) el de la Fe en el Dios de la vida. La sociedad hondureña es creyente y con frecuencia, ante los males, suele decir «Solo Dios con nosotros»; 2) el de los mártires y la memoria de los ancestros; 3) el de las comunidades organizadas en movimiento; 4) el de la generosidad y gratuidad de la gente más humilde; 5) el de la alegría y la fiesta; incluso en las situaciones de mayor angustia brota el baile y la sonrisa.

[Imagen de portada cedida por ERICRadio Progreso]

Organizaciones que trabajan en el terreno


Fe y Alegría Honduras

Honduras es uno de los países con mayores índices de violencia del mundo. Una de sus manifestaciones más preocupantes es la violencia contra las mujeres y las niñas que puede arruinar sus vidas. Desde el año 2017 en Entreculturas llevamos a cabo junto a nuestra organización socia Fe y Alegría Honduras, un proyecto que tiene como objetivo reforzar el empoderamiento de niñas y adolescentes en entornos de igualdad y libres de violencia. Podéis encontrar más información aquí.


ERIC-Radio Progreso

El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) junto con la emisora Radio Progreso, lleva trabajando desde 1980 en Honduras acompañando a las comunidades más vulnerables de las zonas rurales para velar por el respeto de sus Derechos Humanos.

Desde el ERIC-Radio Progreso se articula información, investigación y denuncia social en un clima marcado por un estado frágil rodeado de violencia, en el que los intereses económicos de la industria extractiva provocan la sistemática vulneración de derechos fundamentales de las comunidades. Podéis encontrar más información aquí.

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Jesuita y defensor de derechos humanos en Honduras. Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), un centro comunitario de derechos humanos.
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