El Informe anual 2020 del Banco de España que acaba de publicarse es, como viene siendo la norma, una fuente de información objetiva y de opinión cualificada de primer grado. Constituye un análisis detallado y al mismo tiempo envolvente de la evolución de la pandemia desde su estallido a principios de 2019 al tiempo que, aquí y allá, realiza certeras incursiones en aspectos puntuales de la crisis regalando el rigor debido a lo que hemos ido asumiendo todos de manera general e intuitiva, por la información diaria de los medios, necesariamente menos rigurosa. Uno de ellos se refiere a los efectos que la doble plaga sanitaria y económica ha producido en la distribución de la renta y la riqueza, esto es, a la reciente evolución de la desigualdad en nuestro país.

La interpretación del fenómeno de las disparidades personales en la riqueza y en la renta ha estado y sigue estando sujeta a puntualizaciones que fácilmente se deslizan hacia la controversia. No en vano, si bien la pobreza es susceptible de cuantificación objetiva, la desigualdad, al constituirse en un índice relativo, da lugar a algunos resultados polémicos, ya que si la medición relativa respecto de medias o medianas en unos colectivos -sean países, autonomías o provincias- pueden definir situaciones de precariedad, esa misma medición no revela pobreza en colectivos cuyas medianas de renta o riqueza son superiores a las anteriormente citadas. Por otro lado, nadie discute la necesidad de una cierta diferencia salarial u otras rentas entre trabajadores que aporten distintos niveles de productividad. De otra manera se abortarían los incentivos a la inversión en formación, en méritos y en general en capital humano y, por tanto, el crecimiento económico no sería transitivo y coherente.

Se une a esto, la creciente sensibilidad que tanto las autoridades políticas como la academia están prestando al tema de la desigualdad de la renta por razones que desbordan las consideraciones meramente sociales. Así, ha crecido el consenso acerca de las numerosas vías en que la referida circunstancia puede afectar a la eficiencia y al crecimiento económico de los países. Así, el factor de preocupación es dual, ya que un alto grado de desigualdad amenaza la cohesión social, y acrecienta la conflictividad social, y simultáneamente disminuye la estabilidad de las expectativas empresariales, aumentando la volatilidad de la política de inversiones, distorsionando, en fin, la demanda y, en consecuencia, la producción y el empleo.

Con todo y con ello, merece la pena ahora aparcar distingos para interpretar los efectos devastadores de la crisis COVID, dejando de lado consideraciones, que, aunque válidas, resultan de rango social inferior a otras bajo las presentes circunstancias.

Hasta la irrupción de la crisis, la comparación internacional era desfavorable, pero dentro de un nivel, si no tolerable, no altamente distorsionante. Según el Banco de España (Informe 2020), nuestro país presentaba una dispersión del salario por hora similar a la media de los países de la Unión Europea (UE), aunque contadas las horas trabajadas el nivel de desigualdad aumentaba debido a que el grupo de salarios menores tiende a trabajar menos horas al día y menos días al año. La diferencia se ahonda si consideramos la renta per cápita, asociada a altas tasas de paro. Aunque en términos absolutos la desigualdad en la riqueza ha sido mayor que en renta, salimos bien parados en términos comparativos con otros países del entorno debido a la alta cuota en propiedad de viviendas de nuestra población.

Como era presumible la irrupción de la crisis cambió a peor el signo de los referidos indicadores, no tanto entre quienes siguieron percibiendo ingresos como en comparación con quienes dejaron de hacerlo. Como consecuencia de ello, la ratio entre los ingresos de los hogares en el decilio superior de la distribución y aquellos en el decilio inferior durante las primeras semanas del estado de alarma, pasó de 5 a 15 veces. A final de año, la desigualdad se redujo a 8,3 veces, pero siempre por encima de los porcentajes previos a la pandemia.

Adicionalmente cabe estudiar una incidencia de componente psicológico de enorme relevancia, como es la relativa a la incertidumbre respecto de la renta futura, de gran incidencia en el bienestar del individuo y las familias. Es sabida la relación directa entre empleo y desigualdad de rentas laborales, pero no sucede lo mismo con la relación de empleo y desigualdad en la seguridad de los ingresos. Lo que está fuera de duda es que la incertidumbre en la obtención de rentas futuras es un potente generador de perdidas de bienestar. Esta relación ha variado con el ciclo económico. Siempre según el Banco de España, menos de la mitad de los individuos de entre 25 y 54 años en el periodo 2005-2018 gozaban de una previsibilidad razonable de sus rentas para el ejercicio siguiente.

Siempre según el Banco de España la crisis COVID ha supuesto un aumento de la incertidumbre sobre la renta futura, especialmente para los menores de 35 años, los trabajadores en régimen temporal y las personas con ingresos en el cuartil inferior de las rentas.

A las consideraciones tradicionales de la desigualdad, nuevas aspectos y perspectivas destacan el estigma que arrastra consigo, impotente, nuestro modelo económico.

[Imagen de Gerd Altmann en Pixabay]

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Doctor en Ciencias Económicas. Profesor de Fundamentos de Macroeconomía en Deusto Business School. Miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto. Autor de numerosos artículos y libros sobre temas económicos preferentemente relacionados con la promoción del desarrollo. Conferenciante, columnista y bloguero. Defensor del libre mercado, a pesar de sus carencias e imperfecciones.
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