Gobierno formal y gobierno real

Parece un juego de palabras. Pero son realidades nuestras. Una cosa es el gobierno con sus tres poderes del Estado, y otra es cómo se gobierna el país y quiénes de verdad gobiernan el país, mucho más allá de las formalidades de los poderes del Estado. El Estado de Derecho que rige nuestra democracia nos dice que quien manda es el Soberano, es decir, el pueblo, a través no de personas específicas que imponen sus decisiones, sino a través de leyes.

Ninguna persona es superior a la ley, al tiempo que se establece que el gobierno es elegido formalmente en procesos electorales. Cada cuatro, cinco o seis años, según los países, la ciudadanía es convocada para que por voto secreto elija las autoridades que deciden optar a cargos de elección popular. Sin embargo, del dicho al hecho, existe un gran trecho que tiene nombre y apellido: las que deciden y controlan los instrumentos e institucionalidad de lo que llamamos la democracia, son reducidas cúpulas, basada en la cultura política patrimonial, matriz de los caudillos y de todas aquellas prácticas personalistas y arbitrarias que impiden que aflore con toda su riqueza la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.

Elecciones: rasgo esencial del Estado de Derecho

Siguiendo la formalidad de la democracia, las elecciones de las autoridades públicas constituyen un rasgo esencial del Estado de Derecho. En nuestros países centroamericanos, hay elecciones democráticas de autoridades públicas en el marco del Estado de Derecho, sin embargo, al estar las mismas controladas por reducidas cúpulas, y siendo los partidos políticos propiedad de estas cúpulas, lo que los convierte en contra sentido de democracia, se violenta o se viola el derecho ciudadano a elegir libremente a sus autoridades, y se socavan las bases mismas del Estado de Derecho. Muchas de las reformas institucionales que se han impulsado a lo largo de los últimos 25 años –tras el final de las guerras intestinas centroamericanas– han tenido que ver más con la presión internacional sobre los políticos y funcionarios de nuestros países que con la necesidad que sientan los mismos centroamericanos para responder a las exigencias y desafíos del mundo que se construye en el siglo veintiuno.

Sin embargo, muchas de las reformas para la consolidación del Estado de Derecho han sido adulteradas o manipuladas por las mismas autoridades responsables de llevarlas a su cumplimiento, justamente porque estas últimas están subordinadas al sistema de partidos políticos con fuertes signos antidemocráticos, que niegan en los hechos la democracia que dicen defender y representar. Por ser intrínsecamente antidemocrático, el sistema de partidos políticos, convierte en antidemocráticos todos aquellos instrumentos orientados, paradójicamente, a fortalecer la democracia. Es cierto que se han hecho muchos esfuerzos por hacer funcional el sistema político y la legislación, incluso la comunidad internacional ha condicionado en no pocas ocasiones su cooperación a cambio de modernizar las instituciones del Estado. Sin embargo, los líderes y autoridades públicas, en general, siempre vuelven sobre sus propios pasos: acaban creyendo, y lo hacen sentir, que por tener un puesto público están por encima de los demás.

¿Quiénes eligen a quienes elegimos para que nos gobiernen?

Formalmente, los eligen sus partidos en elecciones en donde participan diversas corrientes internas. ¿Y quiénes eligen a los candidatos dentro de cada una de las corrientes internas?

Nadie que no cuente con el visto bueno del líder, con reconocimiento tácito de propietario, o del equipo propietario del partido político, podría en ningún caso ser candidato a un cargo de elección popular. Normalmente, los puestos más importantes del gobierno cuentan, no sólo con el aval de los principales líderes o propietarios de los partidos políticos, sino con el aval de los altos oficiales del ejército, también de los grandes líderes de la empresa privada y con el visto bueno de la Embajada Americana.

Un ciudadano o ciudadana difícilmente llegará a ser candidato a la Presidencia de la República sin haber pasado por todos estos filtros. Lo mismo se puede decir de la persona que sea nombrada como Ombudsman, Presidente o Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Tribunal Superior de Cuentas o Fiscal General de la República. Las personas o grupos de poder canalizan su beneplácito o su veto hacia los candidatos a elección popular a través de sus grandes medios de comunicación.

Todavía existe otro actor que participa, cada vez con mayor fuerza, en la elección de los candidatos a ocupar los puestos de mayor relevancia en la administración pública. Se trata de lo que suele llamarse con el genérico nombre de Crimen Organizado, liderado por el narcotráfico. Existen fuentes de alto crédito que sostienen que las diversas mafias del crimen organizado cruzan como Pedro por su casa los diversos corredores de la política electoral, y el capital de los más importantes grupos económicos de la empresa privada.

Cuando un candidato habla con plena seguridad de que llegará a ocupar un alto cargo público, su certeza no le viene tanto por el apoyo popular que tenga, sino por el apoyo financiero y político que eventualmente proviene de algunas de las mafias que circulan por el territorio de nuestros países. Si el Crimen Organizado, que cruza el tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas y secuestros, traslada fuertes cantidades de dinero hacia líderes y corrientes políticas de los partidos políticos, sin duda es porque la política se ha convertido en una fuente de inversión y lavado de sus capitales y, al final de cuentas, en cabeza de playa para ejercer y extender su poder y control sobre la sociedad.

Paisaje de la democracia centroamericana

Cuando la gente con buena voluntad y civismo va a depositar su voto, los candidatos y candidatas ya han sido elegidas por los que de verdad y sin necesidad de elecciones toman las decisiones más importantes para el país. ¿Para qué son las elecciones entonces? Son un ejercicio que permite a la población sentir la responsabilidad de elegir a sus autoridades y así ejercer uno de los derechos que le garantiza la Constitución de la República. Sin embargo, con el control tan férreo que los grupos de poder ejercen sobre los mecanismos de la democracia, el voto de la población acaba legitimando a unas autoridades públicas, cuyos candidatos cuentan con el aval y gozan de la confianza de las personas y grupos de poder para que administren los recursos del país, aprueben leyes y las apliquen de acuerdo a sus mejores conveniencias.

La democracia y el Estado de Derecho se mueven y se sostienen sobre dos gobiernos: el gobierno que formal y legalmente es elegido por el voto de la población y, por otra parte, el gobierno de los grupos de poder real, el mismo que nombra y avala a los que serán elegidos para el gobierno formal. Entre los dos gobiernos, el verdadero, el duradero y el que de verdad decide y manda, es el que funciona por encima y más allá del ciclo político electoral, utiliza la democracia y todos sus mecanismos para legitimar sus decisiones, proteger sus intereses y actuar, casi siempre, a espaldas de la gente pobre.

Democracia política representativa versus democracia participativa y económica

Cuando la democracia se reduce a la democracia política representativa, se corre el riesgo, como es el caso de varios de nuestros países centroamericanos, de legitimar a determinados poderes facticos dominantes y la concentración de las riquezas y los bienes públicos comunes. Es impensable alcanzar estabilidad política en una democracia mientras persista un modelo económico basado en la producción sin control simultáneamente de súper millonarios y de miserables. Aquí encontramos el factor estructural de desestabilización de la democracia.

La democracia actual, basada en partidos políticos, a través de los cuales las sociedades eligen a sus gobernantes y autoridades, es apenas una expresión de la democracia. La democracia política representativa es una expresión de la democracia, pero no puede ni debe reducirse a ella. Los partidos políticos son o pueden ser factores de cambio, pero ni siempre lo son, ni solo en ellos puede descansar la lucha por el cambio social.

La transformación social y política de fondo ha de unir la lucha política por el acceso al gobierno con la lucha política por la democratización de la economía, la sociedad y la cultura. Esto se logra si existen movimientos que empujen desde abajo. Y esto no siempre es aceptado por los partidos políticos, sean estos de ideología de derecha o de izquierda. La democracia política sin transformación del modelo de inequidad económica, será siempre una democracia a medias, una mediocre democracia o una falsa o un amago de democracia. Y algo de eso es lo que tenemos ahora en nuestra democracia representativa en varios países centroamericanos.

Sin el empuje desde abajo de los movimientos sociales que cuestionen la democracia política representativa, que demanden y exijan la existencia de la democracia representativa, los partidos políticos se volverán expertos en democracia, pero en base a componendas entre las cúpulas y en ruptura con la vida cotidiana de la gente.

En el caso de algunos países centroamericanos, como Honduras, Guatemala y El Salvador, la gente asiste a las urnas electorales, confiada que así ejerce su derecho a elegir a sus autoridades. Pero en los sondeos de opinión que realizan anualmente instituciones universitarias y de investigación de los jesuitas de El Salvador y Honduras (Cfr. Instituto de Opinión Pública de la UCA de San Salvador; ERIC-SJ, Honduras), la gente deja muy en claro su percepción de que todos los partidos políticos están lejos de sus necesidades, no escuchan sus demandas y sus dirigentes negocian entre ellos el reparto de puestos a espaldas de las necesidades de la sociedad. Acortar esta distancia es un desafío para las dirigencias políticas y la construcción de movimientos sociales nacidos e insertos en la realidad cotidiana de la población con su propia autonomía frente a los partidos políticos, son tareas para la democratización de la sociedad.

La mentalidad clientelar de la mayoría de la población se sustenta en la realidad de sobrevivencia. Es factor decisivo para la existencia de un pacto tácito entre dirigencias políticas partidarias y la gente en estado de sobrevivencia. De acuerdo a los diversos sondeos realizados en El Salvador y Honduras, el nivel de conciencia social y política de la sociedad sigue siendo tan precario que para una mayoría que supera el sesenta por ciento de la población no importa quién esté en el gobierno y quiénes estén en la oposición.

No importa quién sea ni de dónde venga quien ha de resolver sus problemas, sino si ese alguien, y de la manera que sea, y con el método que sea, en efecto resuelve sus problemas de alimentación, seguridad y empleo. Si quien lo hace es un gobierno autoritario, populista y dictatorial, es lo de menos. Esta es sin duda la más amarga cosecha que deja la democracia con sus partidos y elecciones. Es un caldo de cultivo para que los fuertes se ejerciten como demócratas, aunque sean personajes con ínfulas mesiánicas o dictadores, como se cierne con altísimo peligro en la Centroamérica actual.

Desafíos generales para la construcción de democracia desde la Iglesia y la Compañía

1) Contribuir a que las instituciones funcionen por encima de las arbitrariedades de las personas y grupos políticos y económicos. La debilidad o ausencia de instituciones, debilita la democracia y cierra las puertas para la gobernanza, al tiempo que fortalece a los grupos de poder tradicionales y a los poderes ocultos que actúan en los corredores subterráneos de la ilegalidad y del abuso de poder.

2) Situarse desde la tarea por fortalecer el movimiento social a partir de la articulación de las demandas que surgen de las organizaciones comunitarias territoriales. La construcción de la democracia participativa es impensable sin la construcción de tejidos sociales, económicos y culturales desde las experiencias democráticas en las propias comunidades.

3) La democracia política representativa es expresión de democracia, pero no puede ni debe reducirse a ella. Los partidos políticos son o pueden ser factores de cambio, pero ni siempre lo son, ni solo en ellos puede descansar la construcción del cambio social. La Iglesia ha de seguir animando, con las palabras del papa Francisco y San Monseñor Romero, a que la gente se organice y a que los movimientos populares se constituyan en actores que presionen por democracia y por un modelo social y económico que garantice una distribución justa de los bienes y riquezas (cfr. Palabras del papa a los movimientos populares reunidos en Roma y Bolivia, y de San Romero a las organizaciones populares en El Salvador).

4) La transformación social y política de fondo ha de unir la lucha política por el acceso al gobierno con la lucha política por la democratización de la economía y la democratización de la palabra y la participación. Esto se logra si existen movimientos que empujen desde abajo, como anima la Iglesia en su dimensión social. Y esto no siempre es aceptado. La democracia política sin transformación del modelo de inequidad económica, será siempre, al menos, una democracia a medias, o un amago de democracia. Y una democracia representativa sin sentar las bases para que existan instancias que debatan y deliberen sobre los grandes temas de la sociedad, corre el riesgo permanente de representar a reducidas élites y cúpulas, e imponerlas como si fuese lo que piensan y desean las mayorías.

5) Sin el empuje desde debajo de los movimientos sociales, que cuestionen la democracia política representativa, que demanden y exijan la existencia de la democracia deliberativa y la democracia participativa, los partidos políticos podrán garantizar democracias representativas formales, pero no podrán garantizar que las mismas sean auténticamente democráticas. La opción por los pobres, como nos recuerda la Iglesia. es el criterio para un compromiso desde abajo, porque es desde esa realidad humana en donde más fieles podemos ser al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.

6) La construcción de democracia representativa, deliberativa y participativa ha de estar unida a la construcción de cultura política ciudadana, esto supone procesos de des aprendizajes de la cultura política patrimonialista y patriarcal, y esto es uno de los mayores desafíos para una Iglesia y una Compañía de Jesús con una fuerte tradición jerárquica y vertical.

7) De acuerdo al Evangelio, la palabra dicha ha de estar acreditada con el testimonio de quien la proclama (cfr. Mt 7, 21-27). Si en la Iglesia y la Compañía de Jesús hemos de hablar de democracia y de cultura ciudadana, hemos de hacerlo desde el testimonio de construir hacia el interior procesos que cuestionen la cultura patriarcal dominante y la estructura vertical que configura nuestras relaciones. Solo lo que logremos de democracia y cultura ciudadana al interior de nuestras estructuras hará creíbles nuestra palabra y hará posible que nuestras propuestas incidan en la sociedad. Porque, a fin de cuentas, el testimonio que acompaña la palabra es lo que siembra transformaciones profundas y duraderas.

[Artículo publicado originalmente en Promotio Iustitiae/Imagen extraída de Wikimedia Commons]

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Jesuita y defensor de derechos humanos en Honduras. Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), un centro comunitario de derechos humanos.
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