Bernardo Pérez AndreoEl nivel de asimilación del discurso ideológico neoliberal ha llegado a tal amplitud que, con estupor, contemplamos cómo ningún medio de comunicación, y lo que es peor, ningún representante político, se plantea la estrategia globlal de vacunación basada en el suministro de vacunas por parte de empresas que controlan de manera efectiva quién y cuando se vacuna. Sabemos que las distintas empresas farmacéuticas han recibido miles de millones de dólares y euros para el desarrollo de la vacuna. En el caso de Pfizer/BioNtech dos de cada tres euros invertidos son públicos. Sin embargo, esta inversión pública no se convierte en control sobre el producto, en una violación fragrante del sacrosanto mercado capitalista, donde quien pone el dinero es quien controla. Esto solo sucede, en el capitalismo, con el dinero público, pues si fueran inversores privados ellos serían los dueños del producto resultante y tomarían las decisiones que estimasen oportunas. Los estados ponen el dinero para el desarrollo de las vacunas, pero las empresas farmacéuticas son las dueñas de las mismas y las que toman las decisiones. Así, estamos viendo cómo Pfizer está vendiendo las vacunas según criterios de mercado, incluso a otras empresas privadas del ámbito sanitario o no sanitario para que realicen un buen negocio con ellas (una cadena hotelera de lujo ofrece estancia con vacuna incluida por unos pocos miles de dólares).

En una situación de pandemia global, donde millones de personas siguen en riesgo de morir en los próximos meses, no alcanzamos a entender que la vacuna desarrollada con inversión pública no esté disponible sin restricciones de patente para que quien pueda la elabore y la ponga a disposición de los países. No se entiende que la OMS no solicite la liberación de la patente para que países que no podrán acceder a la vacuna hasta 2022 o 2023 puedan iniciar su elaboración. No se entiende que un país como España, con gran capacidad para producir vacunas, no intente hacer efectivo el derecho fundamental a la vida y la salud, rompiendo esa patente, sobre todo porque el dinero de la UE ha financiado varias vacunas, y ponga millones de dosis a disposición de quien lo necesite.

Solo podemos entender esto porque el mito del mercado proveedor ha colonizado todos los ámbitos de nuestra vida, desde el consumo hasta el pensamiento. Ya no somos capaces de pensar lo distinto, de reflexionar sobre los objetivos principales de la vida en sociedad. Aceptamos borreguilmente que si una farmacéutica no puede ganar ingentes cantidades de dinero no tenemos derecho a tener una vacuna. Solo tendremos derecho a la salud cuando el supuesto derecho al lucro esté garantizado. Esta es la lógica que impera en Estados Unidos, donde la sanidad es un negocio y no un derecho. Aceptando esta lógica, en pocos años veremos cómo en España tenemos instalado ese mismo modelo por el que solo si una empresa lo estima rentable, nosotros podremos acceder a tratamientos médicos, previo pago, naturalmente. De momento no es así, pero la lógica ya está instalada y los medios de comunicación y los políticos la repiten machaconamente. Es cuestión de tiempo que los ciudadanos apoyen medidas políticas que introduzcan la lógica del lucro en la sanidad, así como la aceptan en el resto de ámbitos sociales. No se trata de la diatriba entre privado y público, no. Se trata de si la salud es un derecho o una oportunidad para el lucro. Estamos en el ámbito de lo deontológico y lo ontológico, no de la utilidad. Primero hemos de sostener que la salud es un derecho y después ver cómo se hace efectivo. Podemos aceptar que se hace efectivo mediante el desarrollo de conocimiento y su aplicación por parte de empresas, pero estas empresas deberán estar sometidas al principio general del derecho a la salud, no al mero y puro lucro.

En esta pandemia se vuelve a hacer efectiva la doctrina del shock: aprovecha un desastre natural o creado para aplicar medidas que destruyan aún más los resortes sociales de apoyo y generen más lucro. Las farmacéuticas no han desaprovechado la ocasión y han detraído dinero público para hacer muchísimo más dinero. Esto les concede más poder con el que poder intervenir mejor en las decisiones políticas. Suma y sigue.

Imagen de torstensimon en Pixabay 

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