En fechas previas y de manera inmediata a las elecciones presidenciales de 2020, un gran número de estadounidenses está hondamente preocupados por la salud de nuestra democracia; y si bien es normal que en una reñidísima época electoral como esta afloren sentimientos alarmistas, la mayoría de los analistas políticos está de acuerdo en que la inquietud actual es extraordinaria, generalizada y justificada. Las causas de esta llamativa pérdida de confianza en nuestra democracia radican en parte en la conducta y el discurso, tan insólitos como inquietantes, del presidente saliente y de sus seguidores y en parte en una serie de tendencias más profundas de la sociedad estadounidense que se remontan a varias décadas atrás.

El ascenso, la elección y la presidencia de Donald Trump han sido un fenómeno crecientemente perturbador para la mayoría de los estadounidenses, la mayor parte de la prensa libre del país, el grueso de sus diplomáticos y amplios sectores de sus organismos y servicios federales, y han suscitado profunda y extendida inquietud, pero también quejas, entre los veteranos aliados democráticos de la nación. Las importantes quejas contra Trump se han centrado en discursos y conductas que amenazan o socavan los mecanismos de control y equilibrio de poderes en las estructuras democráticas, el civismo del discurso público y político, los derechos civiles, políticos y jurídicos de minorías religiosas y raciales, la autoridad de los jueces, la credibilidad de la prensa libre y el acceso a ella, la capacidad de muchos organismos federales para servir al pueblo estadounidense sin sesgos ni interferencias políticas, la estabilidad de las antiguas alianzas con otras naciones democráticas y, más recientemente, el mayor debilitamiento de nuestra confianza compartida en el proceso electoral.

En primer lugar, desde su elección, Trump ha lanzado innumerables acusaciones falsas sobre la limpieza de nuestro proceso electoral y la no demostrada amenaza de supresión de votantes, al tiempo que se ha negado a reconocer o, al menos, abordar la demostrada interferencia extranjera en las elecciones de 2016. Más recientemente, se ha resistido a los esfuerzos por hacer el voto menos peligroso o más accesible en medio de la pandemia; además, ha desalentado y minado el amplio recurso al voto por correo, mintiendo al respecto, y ha realizado reiteradas afirmaciones incendiarias sobre su falta de disposición a acatar el resultado electoral. Con todo ello, ha socavado la confianza de los votantes en el proceso electoral, debilitado la capacidad de voto de las minorías y de sus oponentes, y ofrecido a sus partidarios razones para ignorar –o rechazar– un resultado electoral desfavorable. Y, de hecho, en los días y semanas posteriores a las elecciones ha lanzado un aluvión de fatuos reclamos y mentiras sobre la imparcialidad del proceso y el recuento de votos, y ha animado a los líderes de su partido y a sus decepcionados seguidores a tomar esta absurda y peligrosa desviación.

En segundo lugar, desde la estratagema con la que inauguró su campaña de 2016, Trump ha convertido a los migrantes, los refugiados y las minorías raciales y religiosas en chivos expiatorios, vilipendiándolos y privándoles de –o violando– sus derechos, protecciones legales y seguridad. Avivando las reacciones violentas de corte racista y xenófobo frente a, entre otras cosas, la actual crisis migratoria y el pronosticado declive de la mayoría blanca en las próximas décadas, Trump ha repetido y apoyado –o se ha negado a criticar– discursos y conductas supremacistas blancos, aunque sean violentos o mortíferos. Al mismo tiempo, ha sido incapaz de defender a la gente de color amenazada o aterrorizada por la violencia extremista o el uso excesivo de la fuerza policial y ha organizado su campaña y su presidencia alrededor de mensajes codificados que señalan su apoyo al nacionalismo blanco.

En tercer lugar, a la hora de responder al control de los otros dos poderes del Estado sobre su autoridad, así como a los críticos de sus políticas y afirmaciones, la administración Trump ha llevado a cabo campañas sistemáticas de desinformación, sobre todos los asuntos posibles, desde el número de asistentes a su toma de posesión como presidente en 2017 hasta el número de contagios y muertes por la covid-19 en Estados Unidos. En una presidencia caracterizada por más de 20.000 declaraciones falsas y decidida a fomentar el caos internacional mediante la comunicación diaria de una cascada de “hechos alternativos” falsos e incendiarios, que tiene el claro propósito de distraer la atención, la administración Trump ha socavado la autoridad, credibilidad e influencia de la prensa libre, los organismos federales de supervisión y control, la justicia, los servicios secretos, el cuerpo diplomático y la comunidad científica, en especial, la médica. Este continuo aluvión de falsedades, insultos y comentarios difamatorios debilita la confianza de la ciudadanía en la fiabilidad de la información objetiva, científica u ofrecida por expertos y reemplaza la argumentación razonada por los insultos, el escarnio y las mentiras, imposibilitando el discurso informado y la toma compartida de decisiones.

En cuarto lugar, a lo largo de su campaña y presidencia, Trump ha demostrado un desdén autoritario por cualesquiera límites democráticos o constitucionales a sus acciones o políticas y ha vilipendiado o castigado a quienes han tratado de imponer tales controles; además, ha alardeado de su capacidad para violar la ley impunemente y apoyado, alabado e indultado a personas y grupos que actúan con análogo desprecio por el imperio de la ley. Mientras tanto, en la escena internacional, el presidente se ha retirado de –o ha abandonado– una serie de tratados y alianzas, demostrando considerable desdén por democracias largo tiempo aliadas de Estados Unidos y sus líderes y adulando a gobernantes autoritarios, incluso justo mientras actuaban –a veces delictivamente– en contra de las leyes e intereses estadounidenses o violaban los derechos humanos de sus pueblos, o la paz y la estabilidad de la correspondiente región.

En todo esto, el candidato y presidente ha modelado y alentado un narcisismo personal y nacional indiferente a los mecanismos de control y equilibrio de poderes característicos de las instituciones democráticas, así como al valor de la colaboración o la diplomacia, demostrando en vez de ello voluntad de poder, desprecio por la verdad y desdén por los críticos y oponentes. Simultáneamente, este líder populista ha encontrado y entusiasmado a una base ofendida de nacionalistas en gran medida blancos y cristianos que disfrutan con su enfoque rencoroso de la política y manifiestan escaso deseo de refrenar sus tendencias autoritarias.

Así y todo, la amenaza directa que esta presidencia representa para la salud de la democracia estadounidense guarda relación con patrones más amplios y antiguos dentro del país, patrones que Trump ha aprovechado o exacerbado, no inventado.

La causa principal de la declinante salud de la democracia estadounidense es la extrema y creciente desigualdad económica existente en el país que, en la actualidad, es mayor que en cualquier otro momento de los últimos cincuenta años y que la de cualquier país europeo. Esta extraordinaria y creciente brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos y la concomitante contracción de la clase media estadounidense está causada en gran medida por la incapacidad de incrementar el salario mínimo federal, el estancamiento de los salarios de los trabajadores manuales y las políticas fiscales que benefician al quintil más rico de la nación, especialmente, al 1 % más acaudalado.

Los daños que este asombroso nivel de desigualdad económica causa a la salud de nuestra democracia son numerosos. Los estadounidenses vivimos cada vez más en dos sociedades separadas y desiguales, con distintas esperanzas de vida, efectos en la salud, oportunidades educativas y laborales y acceso a los vestíbulos del poder político. Las políticas estatales que podrían posibilitar la salida de la pobreza o la recuperación tras la pérdida del empleo han sido suprimidas o recortadas, dificultando a decenas de millones de personas realizar o mantener el sueño americano de progreso económico. Mientras tanto, los más ricos de la nación se han hecho increíblemente más ricos y han adquirido acceso casi ilimitado a –e influencia sobre– los cargos públicos elegidos en las urnas, la política fiscal y de gasto público y los organismos reguladores.

En segundo lugar, siglos de racismo han deformado el paisaje de la democracia estadounidense. Las seculares prácticas de segregación y discriminación en vivienda, educación y empleo con apoyo del gobierno –acompañadas por las “Nuevas Leyes Jim Crow” de más de cuatro décadas de encarcelación masiva que desproporcionadamente han recluido y desprovisto de derechos a los afroamericanos– y la derogación por el Tribunal Supremo de la Ley de Derecho al Voto de 1965- han contribuido a que las personas de color se vean privados de sus derechos económicos y políticos. Además, el empleo desmedido de la fuerza policial contra afroamericanos y otras minorías raciales ha alienado a estas comunidades del cumplimiento de la ley, poniendo de manifiesto el sesgo racial de nuestro sistema de justicia penal.

La macula de la injusticia racial se ha intensificado a consecuencia de varias décadas de una política nacional de “queja de los blancos”, durante las cuales, los candidatos de ambos partidos (pero cada vez más los de uno de ellos) han empleado mensajes codificados, centrados en la consigna “ley y orden”, que presentaban a las minorías y los migrantes como delincuentes o ilegales para atraer a votantes blancos inquietos por la acechante pérdida de estatus o de dominación. La creación del mayor sistema carcelario del mundo y la privación de derechos a más de seis millones de estadounidenses, junto con la creciente histeria por la presencia de millones de trabajadores indocumentados que cosechan la mayoría de las frutas y verduras de Estados Unidos, son resultado directo de una cínica estrategia política para manipular los miedos de los nacionalistas blancos cristianos y privar de sus derechos a millones de personas de color.

En tercer lugar, en estas últimas décadas hemos asistido a transformaciones de la prensa dominante, así como a una explosión del poder de las redes sociales que, con frecuencia, enerva nuestra capacidad de trenzar un discurso informado y cívico. Hasta no hace mucho, la mayoría de los estadounidenses escuchaba las noticias televisivas en alguna de las tres o cuatro cadenas nacionales dominantes, mientras que más de sesenta millones de personas estaban suscritas a diarios dirigidos a un público amplio. En la actualidad, la mayoría de los telespectadores o radioyentes puede seleccionar un informativo en alguna cadena de televisión por cable o emisora de radio que sintoniza para confirmar e intensificar sus sesgos políticos; entretanto, más de un tercio de los diarios han quebrado y el número de periodistas y lectores ha quedado reducido a la mitad. En vez de en estos informativos compartidos, decenas de millones de personas se informan ahora en plataformas de las redes sociales orientadas a alimentar sus sesgos confirmatorios y pasiones ideológicas sin ofrecer protecciones comparables a las de los medios tradicionales en lo relativo a la objetividad o exactitud.

Esta atomización de la sociedad estadounidense en tribus polarizadas de votantes rojos (republicanos) y azules (demócratas) ha venido acompañada de un desdén cada vez mayor por la información objetiva, científica o, más recientemente, médica sobre cuestiones importantes y una creciente convicción de que las personas tienen derecho a sus propias opiniones e incluso sus propios hechos. Esto ha conllevado un desprecio en aumento no solo por hechos o pruebas ofrecidas por los oponentes o críticos de uno, sino incluso por expertos con responsabilidades de supervisión, así como una falta de voluntad de examinar la coherencia de las afirmaciones o políticas del grupo con el que uno se identifica. Tal desconsideración por la verdad y por las pruebas reduce considerablemente la posibilidad de llegar a un consenso democrático sobre cualquier cuestión o sobre la respuesta adecuada a los retos a los que hay que hacer frente.

En cuarto lugar, es necesario decir algo sobre la contribución de la religión a la enfermedad actual de la democracia estadounidense, en particular sobre la influencia negativa del cristianismo evangélico, blanco en su gran mayoría. Durante décadas, el grueso de las Iglesias y votantes cristianos conservadores blancos han formado el núcleo de un movimiento político de “queja de los blancos”, que surgió como reacción al progreso racial del movimiento de los derechos civiles y apoyó la guerra contra el crimen y las drogas que subyace a las “Nuevas Leyes Jim Crow” de encarcelaciones masivas. Esta misma gran comunidad cristiana evangélica blanca ha hecho oídos sordos a las exhortaciones bíblicas y religiosas a acoger y amar al extranjero, apoyando los discursos y políticas xenófobas y racistas en respuesta a la inmigración procedente de México y América Central. También se ha opuesto mayoritariamente a los esfuerzos por establecer un sistema nacional de atención sanitaria o ampliar Medicare, a limitar el uso extendido y letal de armas de fuego –una peculiaridad de este país– y a reconocer o abordar la crisis climática que amenaza al planeta.

Si bien Estados Unidos sigue siendo la más religiosa de las naciones posindustriales, la religión en este país ha sido modelada por un enfoque de libre mercado que anima a los creyentes a unirse a –o crear– la Iglesia que mejor refleje sus creencias personales. No es sorprendente que cada vez más estadounidenses pertenezcan a Iglesias locales cismáticas que sostienen creencias muy parecidas a las suyas y tienden a no cuestionar sus sesgos políticos o raciales. Tampoco resulta sorprendente que las Iglesias estadounidenses estén muy segregadas por raza y clase y que un elevado porcentaje de cristianos blancos formen parte así de Iglesias en las que su sesgo racial permanece en gran medida incuestionado. Además, existe una indecorosa resonancia entre la resistencia populista a los hechos incómodos, por una parte, y el derecho religioso, cada vez defendido con mayor fuerza, a creer lo que –y a actuar como– uno quiera o la supuesta superioridad moral o inmunidad de las creencias religiosas como distintas de los meros sesgos o prejuicios, por otra. Con demasiada frecuencia, los estadounidenses que no desean reconocer hechos cuestionadores sobre el clima o la ciencia ni respetar los derechos legales de otros pueden ampararse en los derechos religiosos a creer lo que uno quiera y a comportase como se le antoje.

La sanación de la democracia estadounidense comienza reconociendo y abordando los daños ocasionados por la singular y creciente desigualdad económica existente en esta nación. A finales del siglo XIX, la Doctrina Social de la Iglesia llamó la atención sobre las atroces injusticias fruto de la enorme disparidad de ingresos y riqueza creada por una aproximación desregulada a la Revolución Industrial. Hace casi un siglo, esas mismas enseñanzas advirtieron ya del riesgo de una “tiranía del capitalismo” que concentrara crecientemente el poder económico y político en las manos de una oligarquía más y más reducida; y un Papa posterior sostuvo que la grotesca desigualdad económica minaría y corrompería inevitablemente las estructuras políticas democráticas. Como remedio para desigualdad, la Doctrina Social de la Iglesia exhortó al Estado a mejorar los salarios, las condiciones laborales y la participación económica y política de los trabajadores, así como a garantizar la protección legal de los pobres y limitar el ejercicio del poder económico y político por parte de los ricos. Remedios análogos se requieren en la actualidad si queremos evitar el deterioro adicional de nuestras estructuras democráticas.

La recuperación de nuestra democracia de su actual enfermedad requiere también volver a abordar el cáncer del racismo estadounidense. Las reformas impulsadas por el Movimiento de Reconstrucción y el Movimiento de Derechos Civiles supusieron un avance hacia una sociedad más democrática, pero fueron seguidas por movimiento regresivos de reacción blanca; y en las últimas cuatro décadas, las “Nuevas Leyes Jim Crow” de encarcelaciones masivas, el extendido arrinconamiento de la Ley de Derecho al Voto y el ascendiente de una política de “queja de los blancos” reflejan un país que no está dispuesto a reconocer su perdurable racismo estructural ni a arrepentirse de él; es más, ocasionalmente se reafirma en este fanatismo merced al respaldo oficial al nacionalismo blanco. Estados Unidos tiene que arrepentirse de su “pecado original” de racismo emulando a democracias que, como Alemania, confesaron públicamente y trataron de enmendar su pasado racista y continúan condenando oficialmente los brotes de racismo en su población. Tal confesión nacional necesita de relatos veraces tanto de la historia de la esclavitud y las “Leyes Jim Crow” como de la continuada presencia de racismo institucional en nuestras instituciones políticas, económicas y religiosas. Y exige, como mínimo, la continuada reforma de nuestros procesos electorales y nuestros sistemas de justicia penal y de educación. En el momento actual, nuestra democracia ha de ser reparada retirando los símbolos públicos que celebran el racismo y la esclavitud y apoyando con toda las fuerzas la reforma de la policía y del sistema de justicia penal en Estados Unidos.

La reparación de la democracia precisa de una nueva educación nacional en civismo y en la importancia del bien común. Un pueblo que está llamado a “formar una unión más perfecta” (Preámbulo de la Constitución) tiene la obligación de alejarse del discurso polarizador y demonizador y ser crítico –incluso autocrítico– en su recepción de noticias. Los estadounidenses debemos buscar información y análisis exactos y objetivos sobre las cuestiones críticas que afrontamos como pueblo democrático, leer amplia y profundamente sobre estos asuntos y ser conscientes, tanto del sesgo como del carácter incendiario de muchas de las fuentes de noticias disponibles. La investigación actual sobre cómo puede ser manipulado nuestro pensamiento reforzando o exacerbando diversos sesgos cognitivos sugiere que hemos de poner un cuidado especial y consciente en evitar la influencia tanto de demagogos populistas y autoritarios como de quienes se sirven de las redes sociales para desbaratar nuestras decisiones informadas y deliberadas.

Por último, reformar la democracia estadounidense requiere sostener un espejo crítico ante amplios sectores del cristianismo estadounidense secuestrados por una cultura de la “queja de los blancos” y más interesada en defender una visión nacionalista blanca de seguridad nacional que en construir una sociedad justa, pacífica y acogedora. Las voces religiosas tienen mucho que aportar a la revitalización de la democracia estadounidense, recordándonos la dignidad y santidad de todas las personas y grupos, instándonos a solidarizarnos con las minorías, los extranjeros y los pobres, sin convertirlos nunca en chivos expiatorios ni abandonarlos a su suerte, advirtiéndonos de las amenazas que los tiranos, la riqueza excesiva y la avaricia representan para la salud de la comunidad y urgiéndonos a proteger y cuidar la creación. Aun así, la Escritura está colmada de advertencias sobre actitudes y prácticas religiosas peligrosas y dañinas; y la historia, repleta de relatos de cómo la religión es secuestrada por ideologías y culturas corruptas. Reparar nuestra democracia requiere cuestionar y corregir el secuestro cultural del cristianismo blanco en este país.

[Artículo original publicado en Promotio Iustitiae/Traducción de José Lozano Gotor/Imagen de Jorge Guillen en Pixabay]

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