Alfons CalderónEl 24 de octubre se cumplirán oficialmente 75 años de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas. La ONU se fundó para conjurar los peligros que conducen al enfrentamiento armado, al final de la mayor confrontación bélica de la humanidad. Recogía el testigo de la fracasada Sociedad de Naciones, creada en 1919 poco después de la Gran Guerra y que no consiguió mantener la paz, desembocando en la segunda y más mortífera Guerra Mundial. Hoy en día, las guerras provocan menor número de víctimas directas que en épocas pasadas. Sin embargo, sigue existiendo crueldad y el mundo no está exento del riesgo de conflagración. Lo peor que podríamos hacer es dar por sentada la paz y no fortalecer instrumentos de cooperación y concordia que faciliten el entendimiento entre los pueblos. De los logros históricos de las Naciones Unidas conviene citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948.

La ONU lleva a cabo sus funciones por medio de una galaxia de órganos principales e instituciones satélites. Entre los primeros, figura la Asamblea General, que reúne a los 193 Estados miembros y que viene a ser una cámara de deliberación, cuyo simbolismo fue mayor en el pasado. Y, sobre todo, el Consejo de Seguridad, que concentra el verdadero poder político. En él, cinco países poseen derecho de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido. Responde a las consideradas potencias vencedoras de 1945, aunque no refleje la compleja realidad actual. He aquí el nudo gordiano: en una organización que pretende representar al conjunto del orbe, un solo país de los citados puede abortar una iniciativa de importancia para resolver un conflicto. Si coincidieran en su visión sobre temas espinosos, no habría problema, pero como no suele ser el caso por sus rivalidades, la consecuencia es el bloqueo y la inoperancia en asuntos capitales.

Las estructuras que rigen su gobernanza adolecen de ineficiencia, a pesar del empeño personal de cada secretario general. En la actualidad, el portugués António Guterres. En la gran familia de las Naciones Unidas conviven multitud de organismos de diversa índole (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, PNUD, UNESCO, OIT, FAO, UNICEF, ACNUR, OMS, etc…).  Se podrían dividir principalmente en programas, fondos y agencias especializadas. Muchos realizan una silenciosa y oportuna labor de monitoreo de la situación económica y social, de acompañamiento en la formulación de normas y estrategias inspiradoras para los Estados, de promoción de vínculos internacionales, de salvaguardia de aspectos esenciales de los derechos de las personas, de programas de ayuda al desarrollo o incluso de financiación. En bastantes de ellos se echa en falta la existencia de un poder ejecutivo efectivo, menos condicionado por las influencias hegemónicas de turno. A menudo se enmascara su acción, unas veces débil, otras, fértil, aunque discreta, tras una cortina de declaraciones grandilocuentes y burocracia cansina, para ocultar la falta de generosidad de los Estados miembros para compartir soberanía en favor de una acción más pertinente y certera.

No obstante, la existencia de foros como los que la ONU propicia es absolutamente necesaria. En ellos intentan dialogar gobiernos muy dispares, con notables diferencias en cuanto a ideología, perspectiva, capacidad y formas de proceder. No puede decirse que la ONU, tal y como funciona, sea el gobierno mundial que la globalización requeriría. Pero al menos es algo y la loable tarea humanitaria de algunos de sus organismos en circunstancias adversas, está ahí. Aún más por la dificultad de obtener recursos, que dependen en exceso de la voluntad de los Estados. Si la ONU no existiera, debería crearse. Y ello sin perjuicio de las reformas que precisa. En sus más de siete décadas, ha habido varios proyectos de mejora que han terminado abandonados en el baúl de los recuerdos por la oposición de los grandes y la complejidad de consensos ante tanta disparidad. Aceptar que hay que compartir e incluso ceder determinadas parcelas de poder para avanzar sería la clave para no caer en la parálisis. Por ejemplo, substituyendo los vetos por mayorías, simples o cualificadas, en función de la gravedad y urgencia del asunto a tratar. O ponderando determinados aspectos sobre la base de criterios poblacionales y no de privilegios obsoletos. O bien garantizando recursos presupuestarios para que la organización pueda trabajar de manera más incisiva e imparcial. O estableciendo incentivos para los países que aplican los preceptos de la ONU y desincentivos disuasorios para los que no tienen voluntad de cumplir.

Las relaciones bilaterales entre los países responden a la gestión de la cotidianeidad diplomática en lo que a movimientos de personas, mercancías y servicios se refiere. Frecuentemente incluyen la proyección de la imagen que un Estado desea transmitir hacia el exterior. Permiten centrarse en aspectos muy concretos, pero se incardinan en marcos convencionales o normativos más amplios, que se fraguan lentamente en el seno de organizaciones multilaterales. El multilateralismo, indispensable en un entorno crecientemente más globalizado que el de la postguerra, máxime cuando nos enfrentamos al enemigo común de la COVID19, ha sido denostado por las políticas populistas y aislacionistas de varias naciones en los últimos tiempos. Se da la desafortunada paradoja de que cuando más necesitamos la cooperación internacional y la concertación de esfuerzos, más se dejan llevar algunos gobiernos por pulsiones egoístas y cortoplacistas, esperando un fácil pero equívoco rédito electoral. Ocurre a escala internacional, reflejo en parte de la discordia política doméstica sobre el combate contra la pandemia, tan esencial ahora.

A pesar de las serias disfunciones del sistema por los intereses de los Estados poderosos que la intentan manipular o se inhiben, al albur de su conveniencia, la ONU no deja de ser una importante caja de resonancia de muchas proposiciones acertadas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por ejemplo, han permitido que casi todas las naciones hayan puesto en marcha iniciativas de lucha contra el cambio climático y la pobreza. Y sabedores de la frágil impronta de las resoluciones de la ONU sobre los gobiernos por la ausencia de fuerza coercitiva, un aspecto positivo es que numerosas instituciones de la sociedad civil y empresas se han sumado al reto. Algunas por cuestiones de notoriedad, pero muchas porque creen que urge y merece la pena el cambio hacia un futuro sostenible.

En ese contexto, el Programa de Alimentos de la ONU acaba de recibir el premio Nobel de la paz por su meritoria actividad. Nos recuerda que la existencia de tantos millones de personas que en este primer tercio del siglo XXI todavía pasan hambre es escandalosa, aspecto agravado por la COVID19 y el calentamiento global.

Precisamente, en la reciente encíclica Fratelli Tutti, y mencionando el 75 aniversario de las Naciones Unidas, el papa Francisco se hace eco de estas preocupaciones. Recuerda el valor del derecho internacional, de su aplicación y cumplimiento, dentro de una arquitectura económica y financiera más justa, subrayando la necesidad de una reforma de la ONU para hacerla más equitativa y eficaz.

Imagen de Edgar Winkler en Pixabay 

DEJA UN COMENTARIO

Por favor ingresa tu comentario!
Please enter your name here