Juan Iglesias. Cuándo llegó la crisis, desde diversos frentes mediáticos y políticos se vaticinó que el avance de la precariedad provocaría cambios sustanciales en el proceso de integración de la población inmigrante que vive en nuestro país: una fuerte corriente de retorno a sus países de origen, un deterioro de sus procesos de arraigo local y, finalmente, un ascenso imparable del racismo y la hostilidad. ¿Se han cumplido estas predicciones? ¿Qué dicen los datos? Un arraigo sobre el alambre, el libro elaborado por el Instituto de Migraciones de la Universidad P. Comillas y Cáritas Española, trata, en alguna medida, de responder a estas cuestiones, mostrando las principales tendencias de la inmigración en nuestro país.
Durante estos años, y a pesar de las piedras laborales y sociales que llovían sobre sus cabezas, los inmigrantes no solo han permanecido sino que, además, han apostado firmemente por continuar y sacar adelante sus proyectos de asentamiento en nuestra sociedad.
Un intenso proceso de arraigo que se refleja en diversos indicadores: amplio proceso de naturalización -1 de cada tres inmigrantes tiene la nacionalidad española-, fuerte asentamiento familiar en torno al hogar nuclear con hijos –de hecho los hogares de los inmigrantes son más numerosos que los de los nativos-, elevado dominio del idioma, fuerte aprendizaje de las costumbres autóctonas, creciente presencia de autóctonos en sus redes familiares y de amigos, etc.
Una firme apuesta por el arraigo que está dando lugar al nacimiento de una sociedad y un país diferente, donde la inmigración, que ya representa el 16,3% de la población total, y la diversidad étnica se han convertido en una realidad común de nuestra vida cotidiana.
Un fuerte arraigo social que, lamentablemente, no ha venido acompañado de un proceso de movilidad social ascendente. Así, la gran mayoría de los inmigrantes, y a pesar de presentar niveles educativos similares a los nativos, se encuentran profundamente segregados en la parte baja de la estructura social española, concentrados en ocupaciones elementales –empleo doméstico, peón agrícola y de la construcción, camarero, etc.-, e intensamente afectados por la temporalidad, los salarios bajos y la pobreza.
Los inmigrantes, así, se han integrado mayoritariamente dentro de los sectores populares nativos, conformando la última frontera del precariado en nuestro país. Unos estratos populares con los que comparte, cada vez más, barrios, escuelas, centros de trabajos, espacios de ocio, etc. Y, en última instancia, un similar «destino» estructural marcado por la vulnerabilidad laboral, el progresivo deterioro de los servicios sociales básicos y, la creciente debilidad del factor educativo como ascensor social.
El sentimiento anti-inmigrante, sorprendentemente, no ha crecido en España a pesar de la crisis y el avance del precariado. Las relaciones entre nativos e inmigrantes, y a diferencia de otros países europeos, siguen siendo, pues, cordiales y tranquilas, aunque todavía, algo distantes.
Ahora bien, pese a esta coexistencia tranquila, existe un riesgo real de que el malestar social que viven los sectores populares en España sea transformado en hostilidad hacia la inmigración. Un malestar social que, aunque proviene de políticas estructurales que han degradado el empleo, los servicios sociales y las oportunidades vitales, se explica reiteradamente desde la inmigración, esto es, señalando a los inmigrantes como “culpables” de la falta de trabajos, ayudas sociales o becas escolares que padecen los nativos.
De hecho, como sabemos, hay algunas propuestas que, en el último ciclo electoral español, rompiendo el consenso de la transición, han tratado de señalar a los inmigrantes como responsables de los problemas sociales que vive el país.
La población refugiada, que a pesar de su crecimiento en los últimos años, representa tan solo el 3,23% del total de la inmigración, constituye el «furgón de cola», el último escalón, del proceso de integración de la población de origen extranjero en España.
Los refugiados tienen un grado de arraigo social inestable y muy inferior al de los inmigrantes: fuerte tasa de irregularidad (40%), menor dominio del idioma; menor percepción subjetiva de pertenencia; baja presencia de nativos en sus redes familiares y sociales, etc. En términos socioeconómicos, los refugiados cuentan con unos niveles ocupacionales y salariales aún más bajos que los de los inmigrantes. De hecho, solo el 6 % de ellos tienen contrato indefinido a tiempo completo y su salario medio es de tan solo 686 euros mensuales, por debajo del SMI.
La inmigración, más que un elemento externo o extraño, se ha convertido en un fenómeno estructural que está indisolublemente unido al desarrollo económico, social y demográfico de nuestro país.
Tres cuestiones muestran este proceso: la asociación entre el trabajo de los inmigrantes y nuestro modelo de crecimiento económico, la conversión del trabajo femenino inmigrante en el recurso central de nuestro sistema de provisión de cuidados a mayores y niños; y, finalmente, su rol central en la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar social, especialmente el de pensiones, debido a su juventud, su alta tasa de actividad y su menor “uso” de dicho sistema. Por ejemplo, solo el 6% de los inmigrantes son mayores de 65 años, una cifra que en el caso de los autóctonos es del 23%. O, por ejemplo, a pesar de tener una tasa de desempleo mucho más elevada, solo 2 de cada 10 inmigrantes “parados” reciben un subsidio público de desempleo, mientras que en el caso de los nativos esa cifra alcanza a 5 de cada 10 desempleados.
Un intenso arraigo, segregado y en precario, y una profunda asociación estructural con nuestro desarrollo que, necesariamente, cambian los términos de la discusión pública. Así, hablar de inmigración, hoy en día, es, sobre todo, hablar de nosotros mismos, del desarrollo de nuestra propia sociedad.
Como consecuencia de ello, las políticas migratorias ya no pueden ser, solamente, políticas de tipo humanitario o políticas sectoriales destinadas a un colectivo específico, sino que necesitan convertirse en políticas de estado o universales. Políticas, pues, “para todos” con tres ejes centrales
Primero, un nuevo relato sobre la inmigración que abandone ciertos lugares comunes donde son representados como extraños, externos y amenazantes, y que, al volver la mirada sobre nosotros mismos, se atreva a reconocer y visibilizar la profunda diversidad étnica y racial que ya nos constituye.
Segundo, un ambicioso impulso de políticas universales de cohesión social con el fin de revertir ese precariado que se ha instalado como horizonte vital de los amplísimos sectores populares españoles, formados tanto por población nativa como por población de origen inmigrante.
Y tercero, el desarrollo de políticas de gestión de la creciente diversidad étnica y social de nuestra sociedad. Políticas, pues, necesarias, para construir la convivencia desde la diversidad que, ya, somos, y qué, más, vamos a ser en los próximos años.
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