En las últimas semanas/meses mucho se ha hablado sobre la rapidez/política/seguridad de una vacuna frente a COVID-19. Pocos trabajos se han publicado sobre establecer una base ética sobre la distribución/beneficio que las vacunas pueden tener en un mundo tan devastado como el nuestro, aunque bastante trabajo se está haciendo por distintos grupos como este artículo publicado en Science por Ezekiel J. Emanuel y otros autores/as (2020) basado en la iniciativa llamada “the fair priority model” (un traducción libre podría ser: modelo de prioridad basado en la justicia).
La intención de este artículo es comentar someramente algunos de los puntos más relevantes de esta publicación porque podrían ayudar a centrar el tema del desarrollo de una vacuna frente a COVID-19 no solo desde el punto de vista científico sino de la justicia distributiva.
El artículo comienza con una crítica. Actitudes “nacionalistas” como las realizadas por algunos países europeos, Estados Unidos, China y Rusia no están justificadas desde un punto de vista ético ni científico. Estamos ante una pandemia global y encerrarse en sus propios problemas autóctonos no resolverá un problema que claramente afecta a toda la población mundial. No se puede parar la pandemia país por país, sino a través de una estrategia global, y en este campo las vacunas juegan un papel importante, aunque no exclusivo. El artículo defiende que es lógico que los países puedan tener una predisposición a tratar predominantemente a las personas de su entorno, sin embargo, apuesta porque esto no sea una prioridad absoluta sino relativa a una serie de parámetros que comentaremos a continuación.
Estos valores serían, beneficiar a las personas y limitar el daño, priorizar a los más vulnerables y la importancia de una igualdad moral. Primero una vacuna debe beneficiar a las personas, con un beneficio no solo directo mediante la reducción del número de muertes y/o el número de personas enfermas que pueden afectar al buen funcionamiento de los sistemas sanitarios, sino también teniendo en cuenta otros parámetros como la reducción de la pobreza o la exclusión social que afecta a los más vulnerables como el cierre de las escuelas. Segundo, priorizar a aquellos países más vulnerables. Una justa distribución de las vacunas requiere una valoración de diferentes tipos de vulnerabilidad, como sería preguntarse cuáles son los países con más pobreza o con menos esperanza de vida. Por último, tener en cuenta aspectos morales como que todos los individuos deben ser tratados igual sin discriminación por raza, sexo o religión.
Además, para priorizar las vacunas deberían tenerse en cuenta unos criterios objetivos basados en la propia enfermedad provocada por el COVID-19. No solo que la enfermedad afecta de forma crónica a algunas personas, sino que afecta a los sistemas sanitarios provocando una sobrecarga del sistema y una desatención a otras patologías, entre ellas la salud mental. Finalmente, el daño que la salud provoca en el empeoramiento de la economía que de una forma perversa puede llevar a una retroalimentación que empeore los parámetros de salud.
Basado en estos parámetros, el “modelo de prioridad basado en la justicia” propone 3 fases de implementación de las vacunas a nivel internacional. En la fase I se tendría sobre todo en cuenta la posibilidad de reducción de muertes prematuras y otros parámetros irreversibles en salud que puede provocar el COVID-19 de forma directa o indirecta. En una segunda fase, a estos parámetros de salud se añadirían parámetros de reducción de daños socioeconómicos como pueden ser el cierre de negocios no esenciales o escuelas. Por último, habría que centrarse en una reducción de la transmisión comunitaria que permitiera una restauración de las libertades perdidas desde antes de la pandemia, tanto económicas como sociales.
Para llegar a realizar esto de una forma objetiva los autores proponen utilizar un parámetro que sería los años de esperanza de vida perdida en cada territorio debido a la pandemia (SEYLL por sus siglas en inglés). Este parámetro tiene una serie de ventajas como que beneficia a los más vulnerables, valora cada vida igualmente independientemente de la geografía y es una medida estándar utilizada en otras muchas enfermedades. Es verdad que los autores reconocen sus limitaciones y matizan que un parámetro no puede englobar como beneficiar a la gente o priorizar a los más vulnerables. Por esto, se debe tener en cuenta que la pobreza es una forma extrema de de privación y que hay un deber moral por el que priorizar evitar la pobreza es especialmente urgente. Por esto, proponen un parámetro que sería reducción en la brecha de pobreza por dosis de vacuna para asegurar que las vacunas fueran capaces de prevenir los daños sustanciales y priorizar a los más vulnerables. Por supuesto, este modelo tendría que ser flexible y hay muchos interrogantes en el aire como qué pasaría si las vacunas son parcialmente eficaces, si tienen una eficacia marginal en ancianos, si no reducen la transmisión sino solo la enfermedad o se requieren varias dosis para ser eficaces. Al final todos estos parámetros tendrían que tenerse en cuenta para una mayor eficacia de la vacuna, incluyendo parámetros como el impacto en la actividad económica y la pobreza mundial.
Este modelo se opone a otras propuestas basadas en una distribución equitativa basada en la población o según el número de personas de personal sanitario expuestas al COVID-19, porque presupone que la epidemia afectará de forma diferente a diferentes países dependiendo de la fortaleza económica o de su sistema sanitario, así como que el personal sanitario de países desarrollados no está igual de expuesto que en países con menos recursos porque cuenta con material necesario para protegerse de la infección. Muchos autores pueden argumentar que priorizar la distribución a los países con personas más vulnerables sería justo si estos países pudieran asegurar una justa distribución de las vacunas y que no acabaran en élites corruptas o que no es justo que fueran las vacunas a aquellos países que menos se han esforzado por el control de la transmisión del virus. Sin embargo, no se debería castigar a las poblaciones por una mala gestión de su clase política, ya que las vidas de las personas que están en riesgo no deberían depender de la mala gobernanza de sus líderes.
En resumen, estamos en un momento crítico donde se debería contemplar la pandemia como un fenómeno global donde desde un punto de vista ético, médico y científico tiene más sentido dedicar los recursos existentes en aquellas personas que son más vulnerables, lo que redundaría en un beneficio primero a estas personas y al reducir la transmisibilidad de las poblaciones más vulnerables, un beneficio para todos.
[Imagen de Arek Socha en Pixabay]