Josetxo Ordóñez Echeverría. Amín, 19 años. Marroquí. Empleo en su país: bailarín. Interno en el CIE de la Zona Franca durante 2019: «Tengo diecinueve años y soy de Marruecos. Me gusta mucho la música y la danza, soy bailarín. Nací en Fez, de donde me fui cuando tenía diez años. Mi madre había muerto y me quedé solo con mi padre, que me maltrataba una y otra vez. Yo no soportaba aquella vida, así que decidí irme. Todavía tengo las cicatrices de los cigarrillos que él apagaba en mis piernas. Llegué a España solo dentro de un camión. Estoy aquí porque cometí un hurto. Llegué a tener permiso de residencia, pero caducó y se me pasó renovarlo. Ojalá pudiera volver atrás, estoy muy arrepentido. No quiero que me expulsen, mi vida está aquí, odio ese país, ¡no quiero volver!». Así comienza Amín, entre lágrimas y cabizbajo, su relato. Las lágrimas, en mayor o menor medida, acompañan todas y cada una de las conversaciones que mantenemos durante las visitas. Se siente consumido por el agotamiento de los días de internamiento, la soledad y la angustia ante la posibilidad de la expulsión. Apenas come -ha adelgazado 10 kilos- y le cuesta mucho conciliar el sueño. Rechaza tomar Rivotril -medicamento suministrado a los internos para que se tranquilicen y puedan descansar-, ya que prefiere mantenerse en estado de alerta por si durante la noche lo vienen a buscar para expulsarlo. Se refugia en su mundo interior, en sus recuerdos: recuerda constantemente a su madre, me dice que sueña con ella. Recuerda a su pareja, que acababa de sufrir un aborto espontáneo a los cuatro meses de gestación, antes de su internamiento. Me dice que la cabeza no le para de dar vueltas, me cuenta sus reflexiones, sus ideas, sus ilusiones, sus sentimientos, sus miedos. Cada vez que damos por finalizada la visita me pide que nos abracemos. Al marchar, acompañado por la policía, me mira y me sonríe, con unos ojos todavía llenos de lágrimas. Amín fue expulsado a Marruecos después de 57 días de internamiento.
El pasado 7 de julio, fue presentado en Barcelona el décimo informe anual del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) sobre el internamiento migratorio en España. Diez años desde que un grupo de personas comenzaron a visitar el CIE de Madrid y a publicar trabajos de análisis anuales con el objetivo de despertar la conciencia social sobre la realidad hostil de los CIE y llamar a la puerta de la Administración para exigir el cumplimiento de los derechos humanos en estos centros y su cierre definitivo. Historias y testimonios como el de Amín y la voluntaria que le acompañaba y visitaba son la materia prima de estos informes.
Los informes de SJM son un ejercicio de desenmascaramiento de los CIE. En defensa del internamiento migratorio el poder afirma que es inevitable y necesario para controlar unos despersonalizados “flujos migratorios”. Que es una simple medida cautelar, aséptica o neutral, de carácter “no penitenciario”, provisional, limitada, sometida a control jurisdiccional. Estas son las mascarillas de la verborrea oficial que esconden el rostro verdadero de los CIE.
Así, en el año 2019 fueron internadas 6.473 personas. De ellas, casi el 60% habría sido finalmente repatriado forzosamente desde un CIE. Uno de cada tres internos solicitó protección internacional y 216 peticiones de asilo fueron admitidas a trámite, ya que presentaban relatos verosímiles de persecución en el país de origen.
En 2019 el SJM constató graves vulneraciones de derechos de las personas extranjeras internas, mediante 1.462 visitas de sus equipos a 793 personas en cinco CIE del territorio español. Estas vulneraciones son una constante en los diez años de trayectoria de SJM en CIE. El informe repasa casos de deficiencias en las autorizaciones judiciales de internamiento; episodios de violencia policial, calificados incluso de torturas y tratos degradantes y vejatorios; casos de autolesiones y suicidio que han exigido un severo protocolo para limitar el aislamiento en Valencia; internamiento de menores de edad, así como de personas con enfermedades mentales y físicas; problemas estructurales graves en las instalaciones (por ejemplo en el CIE de Las Palmas a pesar de las largas obras de reforma realizadas); trabas en el acompañamiento de las ONG; carencias en la asistencia jurídica y de intérpretes; falta de actividades socioculturales …
En concreto, el CIE de la Zona Franca, el grupo de visitas de la Fundación Migra Studium denuncia la presencia de 38 posibles menores, de los cuales al menos 6 fueron reconocidos oficialmente como tales y puestos en libertad, después de la intervención de Migra Studium. También denuncia el internamiento de personas con problemáticas psiquiátricas y con discapacidad, así como una gestión policial arbitraria del centro que socava el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva de los internos. También ha habido abundantes casos en que los internos manifestaban haber sufrido trato racista, degradante o intimidatorio o incluso haber sufrido agresiones físicas por parte de agentes del cuerpo de Policía Nacional.
El derecho de defensa y la tutela judicial efectiva de los derechos de los internos están también gravemente en juego para actuaciones jurídicas deficientes de algunos elementos de la abogacía y el Poder judicial. Para ejemplificar estas afirmaciones, el informe explica como en la solicitud de protección internacional de un interno, la Administración designa una defensa letrada del turno de oficio para que le asista técnicamente durante el procedimiento de solicitud. La defensa letrada consiste en la presencia de la abogada durante la entrevista inicial de presentación de la solicitud de asilo, así como la preparación y redacción del escrito de alegaciones para el reexamen de la solicitud si ha sido inicialmente inadmitida a trámite. La letrada designada presentó un reexamen por escrito con varias pruebas documentales adjuntas sobre la conflictiva situación interna en el país de origen del solicitante de asilo: recortes de prensa, páginas web, informes, etc. El error flagrante fue, sin embargo, que toda esta argumentación jurídica y fáctica, presentada por la letrada, estaba referida a la República Democrática del Congo, con capital en la ciudad de Kinshasa. Con la simple revisión de la cédula de identidad del solicitante, cuya copia la letrada aportó en el mismo escrito de reexamen, se hace patente que el lugar de nacimiento del interno en cuestión es la ciudad de Brazzaville y que el país emisor de la cédula de identidad es la República del Congo (y no la República Democrática del Congo). No es sorprendente pues que la petición de reexamen de este caso fuera justificadamente -aunque desgraciadamente- rechazada: la letrada que debía defender al interno había confundido dos países con nombres similares. Igualmente, sobre deficiencias incomprensibles de jueces y tribunales, en este blog hemos hecho patentes algunas.
La realidad del internamiento migratorio expresa un modelo insostenible. El CIE es el símbolo estructural de una necropolítica migratoria violenta, abiertamente hostil y represiva. Argumentar por el cierre de los CIE no es una ingenuidad o un ejercicio naïf de buenismo intercultural. Los mismos hechos de la vida real vienen a dar la razón contra los CIE: desde hace más de cuatro meses, por la pandemia de la Covid-19, estamos experimentando que podemos vivir sin CIE, es decir, sin privar de libertad a ninguna persona por una simple falta administrativa de la ley migratoria. Hemos demostrado como sociedad que podemos vivir sin CIE. Queremos pues vivir sin CIE.
Imagen extraída de SJM
Els CIE són filtres necessaris.
Gracias a quiénes con vuestra entrega y afán, a pesar de las dificultades, nos hacéis llegar esta realidad injusta y sufriente. Ojalá nos ayude a transformar nuestra mirada y nos haga más comprometidos en favor de la dignidad de las personas, en especial, las que padecen una vulneración insultante de sus derechos básicos. Un abrazo grande!!