Jordi López Camps. Los resultados electorales han vuelto a situar en primer plano la dureza de los políticos. En otras elecciones, esta situación ha sido motivo de muchas controversias y confrontaciones porque, en más de una ocasión, ha sucedido que la fuerza ganadora no podía gobernar porque los pactos postelectorales así lo impedían. Con la peculiaridad de la conveniencia de las motivaciones de los pactos políticos: los argumentos a favor de un determinado sentido de pacto en un ayuntamiento, deviene el contrario en el ayuntamiento vecino. Cada pacto es un mundo con su lógica y sin coherencia de homologación. La lucha por el poder lo justifica todo. A medida que la sociedad ha ido madurando política y democráticamente, ha aumentado la contestación contra los pactos que pretenden que no gobierne el partido más votado. Los ciudadanos movilizados piden una renovación ética de la política. ¿Qué se puede hacer ahora, en el momento de los pactos de gobierno?
Si los ciudadanos tuvieran más memoria cívica o, en su defecto, revisáramos las hemerotecas, descubriríamos la fragilidad evanescente de las afirmaciones de algunos dirigentes políticos. La realidad, dicen, siempre supera la ficción y, en este caso, la realidad política desmenuza la dureza de las grandes afirmaciones políticas. Esto es muy evidente cuando se necesitan hacer pactos postelectorales para la gobernabilidad de los municipios. Las afirmaciones genéricas propuestas como principios generales no tienen nada que ver después con lo que las realidades locales acuerdan bajo el principio de las peculiaridades locales. Los dirigentes políticos deben tomar iniciativas, gestos, que evidenciaran que se escucha sinceramente lo que se pide desde diversas plataformas de renovación de la democracia.
Algunos dirigentes políticos deben tener más sensibilidad democrática y escuchar atentamente lo que expresan los ciudadanos en sus votos. Además de escuchar, deberían promover cambios legislativos en la normativa electoral para frenar el mercadeo postelectoral a la hora de construir la gobernanza de la ciudad. Pienso que ahora sería el momento de promover las siguientes iniciativas. En primer lugar, explicitar una voluntad de cambio ético en la configuración de la gobernanza de las ciudades. Es cierto que la lógica imperante en las elecciones municipales es la de pactar con quien sea para tener la alcaldía; pero, ¿es posible seguir otra lógica? Quizás ya es hora de explicar a los ciudadanos que los pactos políticos de gobierno se harán desde una perspectiva de intentar respetar la expresión de la voluntad popular. Que, aunque la ley lo permite, ya no es tiempo para confeccionar alianzas que sustraigan el sentido del voto popular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en el caso de las elecciones municipales, procurar respetar la lista más votada y no entorpecer que se pueda formar gobierno. Dejando para después, en el juego «gobierno-oposición» las posibles correcciones a la acción de gobierno.
Pero esto no es suficiente. Hace falta un soporte normativo que asegure el objetivo ético. Por eso hace falta una ley electoral que resuelva esta cuestión y otras como, por ejemplo, el desequilibrio que hay para elegir un diputado según sea de una zona rural o metropolitana. Como también hay que acercar la circunscripción electoral a los ciudadanos. La gobernanza de la lista más votada se ha resuelto en otros países de diferentes maneras: elección directa del alcalde o alcaldesa, doble vuelta, asignación directa de la mayoría absoluta, etc. En todo caso, lo que hay que hacer es un debate ciudadano y normativo sobre cómo debe prevalecer la voluntad popular en el momento de conformar la gobernabilidad de las instituciones. Porque, los acuerdos postelectorales son también una cuestión que afecta a la moral política.
El sistema de elección de alcaldes/alcaldesas es perverso. No es verdad que los ciudadanos elijan a la persona que será alcalde. No es así. El alcalde lo elige el plenario del ayuntamiento constituido por los concejales que sí han sido votados popularmente. Son los concejales los que tienen la oportunidad de otorgar la condición de alcalde/alcaldesa a la persona que recoge la mayoría absoluta de votos, en primera instancia, o, si no es así, entonces sí que prevalece el candidato que ha reunido más votos de los ciudadanos. Quizás habría que revisar esta situación para que esta elección representara mejor la voluntad popular de manera directa.
Una iniciativa podría ser hacer la elección directa del alcalde/alcaldesa de forma separada del resto de concejales. Otra posibilidad sería plantear la elección a dos vueltas para asegurar mayorías claras al frente de las alcaldías. Es verdad que la mayoría la tienen los que son capaces de formar una mayoría de gobierno, pero más de una vez los pactos se hacen para ir en contra de alguien. Algunos de estos pactos, si fueran explicados en el programa electoral, podrían provocar alguna modificación de la intención de voto. Tal y como está organizado ahora, la votación da a los concejales una acumulación de poder que va más allá de lo que expresan los ciudadanos en el acto democrático de votar. Otra posibilidad, menos recomendable, sería dar automáticamente a la lista más votada la mayoría para gobernar sin pactar. Todo es posible, si la voluntad de cambiar es para acercar más la representación política a la voluntad popular y no falsearla con algunos pactos postelectorales.
