Fuga de impuestos en Europa. ¿Tendremos quien lo pare después de domingo?

Xavier Casanovas. Cuando se votó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea se pudieron escuchar declaraciones de ministros de economía de sus diferentes países ofreciendo rebajas fiscales a las entidades financieras con sede en Londres que querían establecerse en un país de la UE. En declaraciones a medios de comunicación, portavoces de bancos de inversión llegaban a afirmar de manera claramente cínica: «Es prácticamente una subasta basada en ver qué país da más ventajas fiscales dentro de un marco regulador europeo. El problema es cómo explicarlo en un contexto de subida general de impuestos y recortes de gasto social en estos mismos países.”

Sirva esta anécdota real para entender la pertinencia de abordar la cuestión de los impuestos ante las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo. Lo vivido en Europa los últimos cinco años ha sido de una gran importancia en materia de fiscalidad.

Por un lado, los países europeos tienen cada vez más dificultad para hacer tributar la riqueza, sea esta en forma de beneficios empresariales o de rendimientos del capital y patrimonio. Un reciente informe de la Fundación IEB de la Universidad de Barcelona recoge los siguientes datos: el 40% de los beneficios de las multinacionales y el 8% de la riqueza financiera de los hogares -el 80% de la cual corresponde al 0,1% de la población- tributa en paraísos fiscales. Esto rompe todo principio de equidad de nuestro sistema fiscal y lo hace claramente regresivo e injusto.

Por otra parte desde el escándalo de #LuxLeaks (2014) y de las filtraciones de los #PanamaPapers (2016) y de los #ParadisePapers (2017) el Parlamento Europeo se puso las pilas e impulsó respectivas comisiones de investigación que buscaran depuración de responsabilidades y pusieran en marcha las iniciativas necesarias para resolver y avanzar hacia más y mejor justicia fiscal. Pero lo que hemos visto es que la única herramienta que se tiene para combatir esta cuestión pasa por esgrimir la libre competencia como pilar fundamental del mercado único –y de aquí la multa de 13.000 millones de dólares en Irlanda por no cobrar los impuestos que tocaría al gigante Apple–. Pero la falta de unanimidad y responsabilidad compartida en el seno de la UE está impidiendo sacar adelante iniciativas, desde la histórica demanda del Impuesto de Transacciones Financieras (ITF) hasta los impuestos a la economía digital o la base imponible consolidada común en el impuesto de sociedades (BICCIS), que al ser relativas a la fiscalidad pueden ser bloqueadas teniendo tan sólo un país en contra. La exigencia de unanimidad en la toma de decisiones vinculadas a los impuestos está paralizando toda iniciativa a nivel europeo. Que se pueda avanzar con tan sólo una mayoría cualificada es clave para hacer avanzar Europa en armonización fiscal.

Uno de los debates más encendidos en estos últimos cinco años en el Parlamento, y en el seno de la Comisión, ha sido el relativo a la lista europea oficial de paraísos fiscales. Publicada por primera vez en diciembre de 2017, no sin controversia, ha sido recientemente modificada dejándola en tan sólo 12 países, llamados «no cooperativos». Los criterios para entrar en esta lista son muy laxos y las sanciones a los países que forman parte de ella poco claras y nada amenazadoras. Entre estos no se encuentran famosas madrigueras fiscales como Panamá, el Estado de Delaware (Estados Unidos) o la misma Andorra. Se ha hecho en base a unos criterios que, como dice Oxfam Intermon, si los aplicáramos a los mismos países de la UE deberían hacer entrar también países como Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Malta o Chipre. Por lo tanto, una lista que es poco útil para luchar contra los paraísos fiscales y que tiene la hipocresía de no autoexaminar la realidad en el seno de la UE.

Esto no quita que en materia de impuestos a las empresas se haya avanzado, en parte, con el gradual desarrollo del proyecto BEPS de la OCDE -para la armonización de las bases imponibles en el impuesto de sociedades- o en el establecimiento del Country by country report -la obligación a las empresas de presentar a sus haciendas el desglosado de sus facturaciones, trabajadores e impuestos pagados en cada país-. De todos modos, el camino a recorrer es muy largo y la realidad decreciente de la recaudación impositiva claramente urgente. Según datos de la propia Comisión Europea, las grandes tecnológicas (Google, Amazon, Apple, etc.) tienen una presión fiscal media del 9,5% mientras que el resto de empresas están en torno al 23,2%. Las fugas de euros son abundantes.

Parece que avanzamos demasiado pesadamente en una materia en la que nos jugamos el futuro del Estado del Bienestar en Europa. La globalización y los cambios que está provocando la economía digital van a una velocidad de vértigo comparada con la lentitud de una Europa que sólo parece encontrar acuerdos de mínimos cuando ve asomar las orejas del lobo. La creciente desigualdad, la erosión de las clases medias y un malestar económico creciente que se transforma en propuestas electorales desafectas del proyecto europeo, obligan a pensar muy bien el voto de este domingo. Del resultado de estas elecciones al Parlamento Europeo van a depender decisiones tan importantes como quién será el próximo presidente/a de la Comisión Europea, sus nuevos comisionados y si habrá una mayoría suficiente que vaya en la dirección de una Europa más social y solidaria, o si seguimos en la dinámica de club de estados enfrentados y en disputa permanente para ver quién es el más listo de la clase y así poder sacar provecho particular.

Imagen de Christine Schmidt en Pixabay