Sector Social de la Compañía de Jesús. Nos encontramos en un momento en el que las políticas españolas de acogida a menores pueden vulnerar peligrosamente el derecho a la infancia. La llegada de los llamados menores extranjeros no acompañados (MENA) está marcando fuertemente la agenda del derecho a la protección de la infancia y la adolescencia en nuestro país. Según datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a finales de 2018 habían llegado a nuestro país más de 13.400 jóvenes sin la tutela de un adulto y en situación administrativa irregular.
La distribución de estos jóvenes en las distintas Comunidades Autónomas ha sido muy irregular, concentrándose en Andalucía –más de 5.000 jóvenes–, Cataluña y Melilla -cerca de un millar en cada una-, y el País Vasco -poco menos de mil-. La atención y protección que se presta a los menores declarados en desamparo difiere mucho de unas Comunidades Autónomas a otras, a pesar de que la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia obliga a unos estándares de protección uniformes en todo el territorio nacional. El presupuesto destinado nos da un indicador del nivel de protección ofrecido: no es el único, pero sí uno de los más importantes. Pues bien, en el terreno presupuestario encontramos variaciones de más del 100% entre Comunidades, en servicios como el acogimiento residencial.
No podemos aceptar, bajo ninguna circunstancia, que tengamos niñas, niños y jóvenes de segunda categoría. Es urgente una racionalización de la protección para garantizar todos los derechos de los menores, sea cual sea su nacionalidad.
La protección de los menores no acompañados que llegan a nuestro país no puede ser responsabilidad exclusiva de las Comunidades Autónomas a las que llegan, dada la aleatoriedad de estas llegadas, condicionada básicamente por la geografía. La práctica totalidad de estos menores se concentran en unas pocas comunidades y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, repercutiendo en una atención más precaria y en una disminución de sus derechos.
Propuestas:
- Diseñar y ejecutar los presupuestos dedicados a la atención y protección de la infancia y adolescencia, regidos por la mejor atención a los menores y no por criterios políticos y territoriales.
- Dar respuesta conjunta desde el Estado a la llegada de adolescentes migrantes. Esta respuesta puede fraguarse mediante un pacto estable entre las comunidades, avalado por el gobierno central, o bien mediante la asunción de competencias por un organismo único, con la capacidad y el presupuesto necesarios para hacer frente a las necesidades de estos niños y adolescentes.
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