A finales del 2017 podíamos leer en los medios de comunicación que el Gobierno, la patronal y los sindicatos se habían puesto de acuerdo para aumentar el salario mínimo interprofesional en un 4% para el 2018, con un incremento gradual hasta los 850 euros mensuales el 2020 (en 14 pagas). Así, de entrada, parece que, primero, que se pongan de acuerdo, y segundo, que pacten aumentos del salario, debería ser una buena noticia. Pero, ¿cómo podemos valorar si esta subida es suficiente? Necesitamos introducir algunos elementos de reflexión.

En primer lugar, si consideramos que el salario debe garantizar un mínimo vital para la persona, se debería comparar, precisamente, con el mínimo vital en la línea de los estudios sobre el «salario de vida», de inspiración anglosajona. Estos calculan el gasto necesario para vivir dignamente en un territorio, y a partir de este gasto o «coste de la vida» calculan el salario mínimo necesario, el que llaman «salario de vida» (living wage) o «salario de referencia». Sin ir más lejos, un estudio de la consultora Daleph del 2016 sobre el salario de referencia en el área metropolitana de Barcelona, la establecía en torno a 1.049 euros mensuales para una persona sola (equivalente a 900 euros mensuales si consideramos 14 pagas al año). Según esta comparativa, el salario mínimo de 735,9 euros mensuales pactado a nivel estatal para el 2018 sería insuficiente para las personas ubicadas en el área metropolitana de Barcelona. Así, desde la perspectiva del salario de referencia, se desprenden dos ideas a tener en cuenta: la primera, que el salario mínimo debería ser una medida relativa en función del coste de la vida de cada territorio, y la segunda, que las administraciones locales tienen un papel para nivelar o compensar las diferencias que se puedan dar entre algunos territorios y el conjunto del estado.

En segundo lugar, si comparamos la cifra del salario mínimo con el umbral de pobreza que establece la Encuesta de condiciones de vida, nos encontramos que puede haber personas que estén cobrando el salario mínimo que establece la ley y a la vez se incluyan dentro de la definición de personas pobres. Por ejemplo, el umbral de pobreza para una persona sola en Cataluña en 2016 queda fijado en 10.054,4 euros anuales según el Idescat, equivalentes a 718,2 euros mensuales (en 14 pagas), mientras que el salario mínimo interprofesional del año 2016 fue de 655,2 euros mensuales. Es decir, que las personas que trabajaban y cobraban el salario mínimo eran, a la vez, trabajadores y pobres (siempre y cuando no tuvieran otros ingresos), y todo ello dentro de los marcos de la legalidad.

En tercer lugar, si nos fijamos en la carta social europea (firmada por España el año 1978) y en la interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el salario mínimo, podemos ver que se establece en torno al 60% del salario medio del país. Así, si para el conjunto de España el salario medio se situó en 1.878 euros en 2016, el 60% serían 1.127 euros, o 966 si consideramos 14 pagas al año. También muy por encima de los 655,2 euros del salario mínimo del 2016, e incluso de los 735,9 euros pactados del 2017.

Así pues, si nos fijamos tanto en garantizar el mínimo vital como en superar el umbral de pobreza o en cumplir con la carta social europea, llegamos a la misma conclusión, que el importe pactado del salario mínimo para los próximos años es aún insuficiente.

Hay que seguir aumentando el salario mínimo interprofesional. Y hay que complementarlo con políticas de acceso a la vivienda, como el incremento del parque de alquiler social y del alquiler asequible, porque, no olvidemos que el principal problema lo encontramos al comparar el salario con el precio tan elevado que se debe pagar por el alquiler de la vivienda principal, por lo menos en las grandes ciudades y áreas metropolitanas. Finalmente, también son necesarias políticas de ingresos mínimos para las personas que no pueden ni podrán incorporarse al mercado laboral. Tres grandes retos para la agenda política de este 2018 que apenas estrenamos.

[Imagen extraída de Pixabay]

¿TE GUSTA LO QUE HAS LEÍDO?
Para continuar haciendo posible nuestra labor de reflexión, necesitamos tu apoyo.
Con tan solo 1,5 € al mes haces posible este espacio.

Amarillo esperanza
Anuario 2023

Después de la muy buena acogida del año anterior, vuelve el anuario de Cristianisme i Justícia.

Miriam Feu
Licenciada en economía y máster en análisis económico aplicado. Actualmente coordina el Departamento de análisis social e incidencia de Cáritas Diocesana de Barcelona, así como su Observatorio de la realidad social, y el grupo de análisis de Cáritas Cataluña.
Artículo anteriorSobre la teología y las verduras
Artículo siguientePosverdad y niveles de verdad

DEJA UN COMENTARIO

Por favor ingresa tu comentario!
Please enter your name here