Manfred Nolte. El estado de derecho, la regla de la ley y la democracia extienden su ámbito hasta el hecho fiscal, o sea el cobro de impuestos y su posterior distribución a través del gasto público. No solo se extienden sino que se entroncan en él y en él tienen su origen, ya desde siglos atrás. Tan democrático es el atributo de la fiscalidad que desde la Edad media la más enérgica resistencia al poder de los déspotas ha provenido de los contribuyentes. El cuerpo doctrinal de la época que mejor recoge el principio de legalidad se halla en la ‘Carta magna de las libertades’ aprobada por Juan I de Inglaterra en 1215 y que limita los poderes omnímodos del soberano en materia de levas e impuestos. Un sistema fiscal transparente y avanzado se corresponde con una sociedad madura en una democracia representativa. Su contrario es lo antidemocrático y perverso.
La negación antidemocrática y fraudulenta del hecho fiscal se desarrolla básicamente por dos cauces. El primero mediante el ocultamiento total o parcial de un hecho imponible, esto es mediante la evasión del impuesto. Pero con la sofisticación de la ingeniería contable y jurídica societaria surge un segundo capítulo de irregularidad, no siempre punible, aunque siempre detestable. Se trata de la ‘elusión’ fiscal, sustituyendo la ocultación fraudulenta del hecho imponible por la reducción maliciosa de las bases imponibles.
Viene lo anterior a cuento de la noticia conocida días atrás según la cual la Hacienda Foral de Bizkaia habría recuperado en los tres últimos años 126 millones de euros procedentes de la regularización de bases que ocho sociedades vizcaínas pertenecientes a grupos multinacionales habían minorado de sus beneficios imputables a nuestro territorio histórico. Según se deriva de las explicaciones dadas por los máximos responsables de la Hacienda bizkaina el fraude detectado provenía del trasvase de beneficios a filiales ubicadas en países con tributaciones laxas, en particular en Suiza. Como ha que quedado presuntamente demostrado, las inspecciones realizadas acreditaron la adecuación para dichas operaciones de la ‘normativa de precios de transferencia’ lo que ha concluido en la corrección y pago de las cantidades desviadas e impuestos debido, aquí, en Bizkaia.
Las Normas Forales han incorporado hace algún tiempo consideraciones sustanciales en relación con las llamadas ‘operaciones vinculadas’, adaptándose al Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios que se elabora en el ámbito de la OCDE. En virtud de ello, las empresas multinacionales quedaban obligadas a presentar un informe de resultados país por país, como instrumento para evaluar con carácter global el riesgo de ‘precios de transferencia’ de un grupo mercantil. De ahí al diagnóstico final era pura tarea de los inspectores.
Pero, ¿qué es eso de precios de transferencia, operaciones vinculadas, elusión de las multinacionales, erosión de las bases y la presunta irregularidad de dichas prácticas?
Un breve comentario al respecto.
Hasta un 70% del comercio mundial, según estimaciones de la OCDE, se lleva a cabo por las empresas multinacionales (EMN). De este porcentaje una parte significativa –‘operaciones vinculadas’- tiene lugar en el entramado interno de filiales y sucursales establecidos en distintos países por el grupo de matriz común.
Es manifiesto que las transacciones e imputación de gastos dentro de un grupo multinacional no se someten a las mismas reglas de mercado que las que se realizan entre empresas independientes. La matriz puede obligar a su filial a practicar precios artificiales o ‘precios de transferencia’, obligándola a comprar sobre precio de mercado o vender bajo precio de mercado de/a otra empresa del grupo. Adicionalmente aplica arbitrariamente una política beligerante de reparto de cargas del grupo, tales como gastos de royalties, publicidad, imagen y otras más. Estas operaciones ‘vinculadas’ desvían artificialmente el beneficio ‘natural’ generado por cada unidad productiva del grupo, hacia un tercer centro designado por la matriz de la ETN a su conveniencia y elección, siempre de baja o nula fiscalidad.
Este abuso o esta extorsión aparentemente legal apoyada en los servicios de costosos bufetes de abogados y de consultoría financiera atenta contra la ley natural de la de la propia justicia (dar a cada uno lo suyo) y en consecuencia de la fiscalidad (que cada territorio tribute por su generación relativa de beneficios). Es por eso que a partir de 2.013 la OCDE puso en marcha el proyecto BEPS (del inglés ‘Base Erosion and Profit Shifting’, en castellano ‘Erosión de la base imponible y traslado de beneficios’) para contrarrestar las referidas estrategias de planificación fiscal utilizadas por las empresas multinacionales para aprovecharse de las lagunas de los sistemas fiscales nacionales y de las opacas normativas sobre doble imposición y así trasladar sus beneficios a países de menor tributación, eludiendo impuestos de sociedades sobre beneficios empresariales allí donde verdaderamente se habían devengado.
Cada año en el mundo las haciendas de los estados dejan de ingresar unos 462.000 millones de euros por este concepto.
La lucha contra la elusión marca uno de los frentes abiertos entre los Estados y las multinacionales. En la Unión europea la Comisaria Margrethe Vestager lleva tiempo plantando cara a las firmas más poderosas del planeta. Junto a la multa de 2.700 millones de dólares impuestas a Google el año pasado, tampoco le tembló el pulso para reclamar 13.000 millones de dólares al gigante informático Apple por haber negociado con el gobierno de Irlanda un traje tributario a la medida según el cual la empresa de la manzana, durante 11 años, sólo pagó impuestos entre el 0,005% y el 1% de sus beneficios en Europa. Además, la Comisaria Vestager ha animado de las haciendas europeas a que reclamen impuestos por su cifra relativa nacional de beneficios y le apoyen en la reclamación.
La lista de multinacionales querelladas es muy amplia. La semana pasada Facebook. Y antes Starbucks, Amazon, GlaxoSmithKline, Fiat, Pfizer, Allegan y un sin fin más, por no citar a las 340 empresas envueltas en el famoso escandalo ‘Luxleaks’. Casi todas negocian y acaban pagando.
En cualquier caso el cerco sigue estrechándose. Sin prisa pero sin pausa.
Ilustración de Emanuel Wiemans.