Sí, hay pobreza laboral

El 20 de octubre tuve la oportunidad de participar con los amigos y amigas de la Fundación Novafeina en la 4ª Jornada empresa + social, dedicada a “La contratación de personas vulnerables, buena práctica empresarial socialmente responsable”. Fue una satisfacción poder compartir nuevamente mis pareceres, reflexiones e ideas sobre las políticas de empleo y la integración de las personas que tienen más necesidades de protección con quienes conocen de primera mano la realidad laboral de esos colectivos y luchan diariamente porque la inserción en el mundo laboral no sea sólo una palabra sino que se convierta en realidad, en un  mercado de trabajo que ha vivido situaciones especialmente difíciles durante muchos años y que poco a poco va recuperando una cierta normalidad, aunque desgraciadamente la mejora no llegue, o mucho menos, a aquella parte de la población que por diversos motivos (falta de cualificación, desventajas personales, edad, nacionalidad, etc.) sufre especialmente para permanecer o reincorporarse a dicho mercado, y además en unas condiciones de mínima calidad del trabajo efectuado.

La definición y conceptualización de colectivos prioritarios o vulnerables debe  lógicamente efectuarse a partir del marco normativo estatal y autonómico, teniendo presentes las diferencias existentes a los efectos de definición de cada uno de aquellos, que además están regulados en normas diferentes (Ley de Empleo y Ley de Empresas de Inserción, por poner los dos ejemplos más significativos), si bien es cierto que los primeros pueden tener muchos puntos de conexión con los segundos por las dificultades con las que también se encuentran al intentar incorporarse, o en su caso permanecer, al mercado laboral, pudiendo encontrarnos ante una realidad laboral en la que, a pesar de la presencia en el mundo del trabajo como trabajadores ocupados, no se salga de la pobreza; algo, que nos debe hacer pensar, y mucho, que en las políticas de empleo en general, e igualmente en las de integración socio-laboral de colectivos vulnerables, no basta sólo con tener presente dicha inserción, es decir, el número o la cantidad de personas, sino también la calidad del trabajo y las posibilidades reales de disfrutar de un trabajo decente y de una vida digna.

Sólo tres días antes de la citada Jornada se celebraba el día internacional de las Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza, que en esta ocasión era también el vigesimoquinto aniversario de la Declaración de la Asamblea General de dicha organización internacional en la que se acordó que el día 17 de octubre sería el dedicado a recordar que debe existir un compromiso de acción por parte de los Estados para luchar justamente por la erradicación de la pobreza, poner fin a la misma y avanzar, con medidas adecuadas para ello, “hacia sociedades pacíficas e inclusivas”. Dicho día es también el momento para que, desde el ámbito europeo, estatal y de organizaciones sociales dedicadas a la atención de las personas más desfavorecidas, se aporten datos generales y realidades concretas que demuestran que queda todavía mucho por hacer para revertir la situación actual.

A) Si nos fijamos en primer lugar en los datos facilitados por la oficina estadística europea Eurostat, el número de personas que están amenazadas de pobreza o exclusión social en la UE eran 117,5 millones en el año 2016, según los criterios definidos para considerar a una persona afectada cómo mínimo por una de estas tres situaciones: en riesgo de pobreza después de las transferencias sociales (pobreza económica), en situación de privación severa, o viviendo en hogares con muy baja intensidad de trabajo. Si bien los porcentajes han disminuido desde que se alcanzara el 25% en 2012, todavía queda mucho por hacer para avanzar en el logro de los objetivos marcados en la Estrategia Europea 2020, siendo especialmente preocupante para España que la tasa haya aumentado en 4,1 puntos desde 2008 (de 23,8 a 27,9 %, es decir de 10,786 a 12.827 millones).

Más desagregados los datos generales, nos encontramos con que el 17,2 % de la población UE dispone de rentas económicas, después de las transferencias sociales, que se encuentran por debajo de umbral de pobreza del Estado en el que viven, porcentaje que aumenta al 22,3 % en España; que el 7,5 % sufren una situación de privación material severa (5,8 % en España), y que el 10,4 % viven en hogares donde la población de 20 a 59 años (excluidos los estudiantes) utiliza menos del 20% de su fuerza potencial de trabajo (con un muy preocupante incremento en España desde el 6,6 % de 2008 al 14,9 % en 2016).

B) Para conocer la realidad española mucho más detalladamente es obligado acudir al informe anual elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

Muy recientemente ha sido presentado el séptimo informe, que lleva por título “Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2016”. El informe aporta datos estadísticos de indudable interés para conocer la realidad de la pobreza en España, a partir de los tres criterios fijados a escala europea por el indicador AROPE, y cómo afecta a personas que se encuentran en el mundo del trabajo y cuyos ingresos económicos por el trabajo realizado no son suficientes para permitirles salir de la situación de vulnerabilidad. Según el citado informe, y con respecto a 2015, el citado indicador “se ha reducido en 0,7 puntos porcentuales (345.000 personas menos), hasta llegar al 27,9% de la población, afectando a 12.989.405 personas”, poniéndose de manifiesto que “es el segundo año que se produce una reducción, aunque modesta, del indicador”, si bien desde el inicio de la crisis en 2008 el número de personas en riesgo de pobreza “se ha incrementado en más de 1.242.000 personas”.

De especial interés para comprender los cambios que está sufriendo el mundo del trabajo, y su impacto negativo en términos de renta económica disponible para muchos trabajadores, son los datos del informe que relaciona tasas de pobreza con la actividad, ya que “un 48,5% (44,8% en 2015) de las personas en desempleo y el 25,7% (21% en 2015) de las “inactivas” constituyen los grupos más afectados por la pobreza, si se analiza según la actividad. Sin embargo, una cuestión muy importante con respecto al perfil de las personas pobres es que sólo el 31, 4 % de ellas está en paro. Es decir, no es el desempleo lo que define a la pobreza”.

C) Por último, bajemos de los datos más globales a la realidad de territorios concretos, en este caso el de la Comunidad Autónoma de Cataluña y también el de Barcelona, y hagámoslo de la mano de una organización social como Cáritas cuyo personal (laboral y voluntario) vive de primera mano la realidad de la pobreza por el contacto con personas (inactivas, desempleadas y con trabajo –regular o irregular–) que acuden en búsqueda de ayuda.

a) De la Memoria 2016 de Cáritas Catalunya, que agrupa a las diez Cáritas diocesanas del territorio, presentada el 18 de octubre, debe destacarse que el 71,2 % de las personas participantes en proyectos llevados a cabo se encuentra en situación de desempleo, algo que demuestra la importancia de políticas adecuadas de formación y la necesidad de buscar creación de empleo en el ámbito de las diferentes fórmulas jurídicas empresariales.

Más preocupante es el dato de que un 28% de las personas atendidas son trabajadores ocupados, lo que demuestra la importancia de adoptar medidas tendentes a garantizar un salario mínimo digno y decente para todas las personas que trabajan. Otros datos de especial interés, y que también debe ser objeto de especial atención por su impacto en las condiciones de trabajo, son los relativos a la situación administrativa de las personas extranjeras que se ha dirigido a las Cáritas. Del total de personas atendidas un 36,6 % son nacionales extracomunitarios con documentación regularizada, y un 11,9 % se encuentran en situación de irregularidad, poniéndose de manifiesto en el informe algo que se ha constatado en otros estudios llevados a cabo sobre la normativa de extranjería y las consecuencias de las crisis en el mundo laboral, cual es que “el endurecimiento y las exigencias de las normativas dificultan la regularización de las personas inmigradas, así como la pérdida sobrevenida de su situación regular”.

b) En fin, si nos fijamos en los datos facilitados por Cáritas Barcelona en su Memoria 2016. cuyo título es harto significativo (“Atrapados en la precariedad”), no son menos impactantes y quedan bien ejemplificados. Tras recordar los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística del 14% del total de trabajadores pobres en España, nos encontramos con que las personas atendidas por Cáritas Barcelona en un porcentaje superior, 16%, son trabajadores que necesitan ayudas económicas por sus reducidos ingresos, y que un 77% se encuentran en situación de desempleo. Por ello, no puedo sino coincidir totalmente con la defensa del trabajo decente que se realiza en el informe, “entendido como la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para la familia, buenas perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan a su vida, con igualdad de oportunidades y de trato para todos”.

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Si queréis profundizar un poco más, os recomendamos leer el cuaderno 198 de Cristianisme i Justícia, «El trabajo: presente y futuro. Entre la creciente precarización y la ineludible necesidad de repensarlo«.

[Imagen extraída de Flickr]