Cuando ya ha pasado un mes de los ataques en Barcelona y Cambrils, tiempo prudencial para tomar cierta perspectiva, nos damos cuenta de cómo nuestros gobiernos han buscado una solución a extremismos violentos a través de un conjunto de medidas antiterroristas basadas exclusivamente en la acción policial y militar, así como en la limitación de nuestros derechos y libertades. En nombre de la lucha contra el terrorismo, hemos observado un uso extensivo del poder policial y la adopción de un arsenal legal represivo responsable de violaciones de derechos humanos en toda la Mediterránea. Por todo ello, el Observatorio para la Prevención del Extremismo Violento (OPEV)* ha presentado en el Día Internacional por la Paz un análisis comparado («Sin derechos no hay seguridad») del impacto en materia de derechos humanos de la legislación antiterrorista en el Mediterráneo.
La vaguedad en las definiciones de terrorismo y de acto terrorista incorporadas a las legislaciones nacionales, primer motivo de denuncia de dicho estudio, lleva a la persecución indeterminada de individuos y colectivos, además de la criminalización arbitraria de actividades percibidas como una amenaza para la seguridad del estado. Ello lleva a un abuso indiscriminado, arbitrario y sujeto a intereses y subjetividades de las posibilidades del término, así como a la adopción de políticas que vulneran los derechos humanos.
En consecuencia, los derechos civiles y políticos (libertad de expresión, asociación, opinión, participación y reunión) quedan fuertemente dañados y ponen en entredicho la legitimidad del contrato social entre gobernantes y ciudadanía. Los casos de torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes constituyen una constante de denuncia durante todo el informe. Estas violaciones perpetradas se dan, además, en un clima de impunidad, donde la denegación del derecho de reparación y la falta de investigación y persecución de los culpables constituye una constante en la región.
Si nos fijamos en cómo se ha visto afectada la región mediterránea veremos cómo, empezando por el norte de África, países que fueron testigos de la llamada «Primavera árabe» con esperanzas de cambio y democratización desde hace unos años, experimentan actualmente una inversión absoluta de los términos bajo los que plantearon las expectativas de revolución popular. En Oriente Medio, en países como Irak y Siria siguen inmersos en un conflicto armado. Tanto la actuación de grupos terroristas o del DAESH como los bombardeos de la coalición internacional (liderada por EE.UU.) han acabado con la vida de cientos de civiles, a ello hay que añadir detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad.
En Europa, las principales puertas de entrada de solicitantes de asilo y migrantes hacia Europa, Grecia e Italia, vulneran de forma masiva la legislación internacional en materia de derechos humanos, aplicando medidas hiperrestrictivas en las políticas migratorias o practicando devoluciones «en caliente». Por otro lado, países como España han aprobado legislaciones que Amnistía Internacional ha calificado de «orwellianas», sin tener que ampliar lo que se entiende al respecto. Todo el entramado legislativo que el Gobierno aprobó en 2015 (incluyendo una ley de seguridad nacional y otra de seguridad ciudadana), se ha convertido en objeto de serias preocupaciones, ya que vulnera el derecho a la protesta, vulnerando asimismo el derecho a la libertad de expresión, manifestación y reunión pacífica.
Para delimitar los vacíos morales que contribuyen a toda radicalización violenta, resulta indispensable que los estados respeten el estado de derecho y apliquen condiciones para la justicia social y la buena gobernanza. La protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en cumplimiento de la legalidad internacional, debe ser una premisa esencial en toda estrategia contra el terrorismo, coherente con la construcción de sociedades abiertas y plurales, inclusivas y socialmente cohesionadas, que promuevan alternativas efectivas a toda forma de extremismo violento. En definitiva, hay que buscar una aproximación integral y preventiva a las causas y factores subyacentes que conducen a la propagación de toda forma de extremismo violento.
* El Observatorio para la Prevención del Extremismo Violento (OPEV) es una plataforma de más de 170 organizaciones de la sociedad civil euromediterránea adheridas a un Plan de Acción de la sociedad civil para la prevención de todas las formas de extremismo violento (Para más información: www.opev.org)
[Imagen extraída de: Pixabay]
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