Manfred Nolte. No habíamos olvidado aún a Hervé Falciani, el experto informático del Banco HSBC de Ginebra revelador de información comercial amparada en el secreto bancario suizo, que en España sirvió para descubrir 659 presuntos fraudes fiscales y aflorar más de 6000 millones de euros. Ni, más cerca, en 2014, el monumental escándalo fiscal apodado ‘LUXLEAKS’, las filtraciones del caso Luxemburgo, un caso de intolerable permisividad fiscal en relación a las obligaciones tributarias de las grandes compañías transnacionales desviadas hacia el Gran Ducado: pactos inconfesables para que 350 grandes empresas pagasen cifras de impuestos irrisorios.
Ahora, el affaire Mossack Fonseca marca un hito histórico, aunque cualitativamente solo revela más de lo mismo, mucho más de lo mismo.
Todo empezó hace un año cuando un tal ‘John Doe’ –un extendido seudónimo estadounidense- envió un mensaje al rotativo alemán Süddeutsche Zeitung (SZ). John preguntó al periódico si ‘estaba interesado en datos, ya que estaría encantado de compartirlos’. De esta manera estalló el gran escándalo. El SZ compartió los datos con el ‘Consorcio Internacional de periodismo de investigación’ y durante 12 meses 400 periodistas de 80 países, en 109 redacciones, trabajando en 25 idiomas colaboraron en el análisis y disección de los documentos. Más de once millones de documentos, 2,6 terabytes de datos, (46 veces más que Wikileaks) hackeados del bufete Mossack Fonseca, el segundo despacho de abogados panameño y uno de los principales del mundo en su especialidad, una fábrica de figuras jurídicas de distinta naturaleza, especializada en la constitución de sociedades pantalla (250.000), sociedades ‘offshore’ respaldadas por el ordenamiento jurídico de Panamá, un paraíso fiscal considerado por diversos organismos internacionales como una de las jurisdicciones más opacas y menos colaborativas en materia de transparencia fiscal internacional. Una sola persona habría tardado veintiséis años en leer la información. Los periodistas asociados se han tomado un año en filtrarla.
Los medios de comunicación han aireado ampliamente a lo largo de la semana pasada los dueños o apoderados de las empresas que figuran en la delación, desde políticos en ejercicio a empresarios de éxito, literatos laureados, artistas célebres o deportistas de élite mundial. Junto a estos sujetos presuntamente demócratas y honorables, los clientes de Mossack Fonseca incluyen también criminales, capos de la droga y miembros de varias organizaciones mafiosas. Los documentos revelan escándalos de sobornos y corrupción en los que intervienen jefes de estado y de gobierno. A este fétido conglomerado de descubrimientos se ha calificado como los ‘Panamaleaks’ o simplemente ‘los papeles de Panamá’.
Las filtraciones no revelan directamente sumas o capitales defraudados sino los soportes o apoyaturas de aquellos, compañías que son capaces de ampararlos, en muchos casos desde el más absoluto anonimato. Esa es la piedra angular del gran fraude global. Bufetes que instruyen certeramente acerca de cómo esquivar frontalmente las leyes internacionales mediante la constitución de empresas de puro papel. Augusto Arosemena, Ministro de Comercio de Panamá ha puntualizado que menos del 25 % de las sociedades documentadas se utilizan para operaciones en Panamá. En su mayoría son vehículos jurídicos opacos que enlazan con otras sociedades y entidades financieras cuyos fondos no se remansan en Panamá. Son simples eslabones en una cadena de confusión deliberada. Lo cual es peligrosamente cierto. Los bufetes de abogados como Mossack Fonseca no funcionan de manera aislada sino que se entrelazan con otros bufetes de abogados o con bancos, para captar clientes y proporcionarles el requerido apoyo de aquellas estructuras transfronterizas sofisticadas que los clientes necesitan para ocultar sus actividades corruptas y criminales. De esta manera un bufete panameño puede trabajar en estrecha colaboración con un banco en Luxemburgo y un agente de la empresa en Jersey, con la implicación de al menos tres jurisdicciones secretas independientes que contribuyen a reforzar el secreto y diluir el rastro de las operaciones. Por otro lado, tejer una red de sociedades en paraísos fiscales puede sonar complejo, pero no tiene más misterio que sentarse delante del ordenador y escanear su pasaporte. La minuta no suele sobrepasar los mil dólares.
Es necesario destacar que la ocultación de patrimonios procedente de la evasión fiscal, con ser una actividad ilegal, no es la que mayor poder destructor sistémico confiere a los paraísos fiscales. Gabriel Zuckman, uno de los principales estudiosos de estas jurisdicciones opacas, estima que el importe de los capitales remansados en los paraísos fiscales puede suponer el 8% de la riqueza mundial, equivalente a 5,3 billones de euros. No lo sabemos a ciencia cierta y no resulta aventurado, por tanto, suponer que se trata de estimaciones conservadoras.
Por supuesto que Panamá es un enclave de baja o nula fiscalidad, pero su auténtica perversión procede de la cobertura jurídica que provee de la verdadera identidad de los titulares de sus sociedades.
No cabe el recurso contra una sociedad panameña por evasión fiscal, dado que esta conducta no está tipificada en el ordenamiento panameño como delito. Pero aunque lo fuera resultaría vano perseguir una sociedad registrada en este tipo de paraísos fiscales: tras un interminable proceso judicial se identificarán aquellos directivos de la compañía que son ‘fiduciarios’ del auténtico propietario, cuya identidad está prohibido desvelar. En realidad los directivos interpelados lo serán también de cientos o de miles de otras compañías. Se trata de hombres de paja con cobertura legal bajo la forma del ‘trust’ o negocio fiduciario (sociedades pantalla). Dada la opacidad y desconocimiento del último titular de este tipo de sociedades, Panamá –junto a otros Paraísos fiscales- ampara todo tipos de actividades delictivas, desde la trata y el tráfico de armas al narcotráfico y el crimen organizado.
Evidentemente, los ‘papeles de Panamá’ representan solo la punta del iceberg de un descomunal fiasco mundial que traslada a sus villanos o criminales de una jurisdicción a otra a falta de una autoridad global que regule, controle y sancione las conductas delictivas. Los paraísos fiscales apuntan directamente al corazón de la democracia. Porque fiscalidad y democracia son tan inseparables como que históricamente esta nace del control y habilitación de aquella. Y porque las democracias modernas se han desarrollado sobre un contrato social que las jurisdicciones opacas pisotean sin rubor. Los paraísos fiscales constituyen, para nuestro sonrojo, la inmensa cloaca del capitalismo, minando con su mera existencia los pilares fundacionales de la economía de mercado: la ausencia de posiciones privilegiadas de mercado que conculcan sistemáticamente las reglas del juego. Y más si amparan conductas criminales.
A la condena rotunda de los sucesos relatados sigue una dramática pregunta: ¿cambiará algo en las grandes instituciones multilaterales y, detrás de ellas, en los gobiernos demócratas del mundo, a raíz de estas revelaciones?
Imagen extraída de: BBC