Rosa Mª Cendón. El pasado mes de febrero, varios investigadores de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE presentaron el informe «Apoyando a las víctimas de trata con fines de explotación sexual», realizado por la Delegación del Gobierno para Violencia de Género, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Un informe que recoge diferentes aspectos que operan en torno a una realidad invisible: la trata de mujeres y niñas para su explotación sexual en España. Entendiendo por trata de seres humanos «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas (acciones); recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, como el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad (medios); para someter a la persona a explotación sexual o laboral, mendicidad, tráfico de órganos, matrimonio forzado, actividades delictivas (fines)».
Por un lado, el informe analiza la realidad de las ONG que trabajan con este colectivo de víctimas. Un amplio abanico de modelos de intervención, que señalan que no existe un marco normativo ni estándares de servicios mínimos definidos por ninguna administración a fin de ofrecer una misma respuesta a todas las víctimas.
Se desprende también que los modelos de intervención varían en función de la misión institucional. Por tanto, podemos observar cómo algunas entidades centran su misión en la detección de estas situaciones en entornos relacionados con el ejercicio de la prostitución; otros se centran en ofrecer una atención integral, y otros, en la sensibilización e incidencia política para transformar el fenómeno.
En general, existe poca profesionalización y especialización en el sector y son pocas las entidades que exclusivamente trabajan sólo con y para este colectivo. Esta situación plantea el hecho de que haya 19 provincias españolas que no cuentan con ninguna respuesta de atención integral y, por tanto, se produzca un desequilibrio de garantías en cuanto a la detección, recuperación, atención y restitución de derechos de todas estas personas en función del territorio donde están siendo explotadas.
El informe recoge un segundo bloque donde se analizan las entrevistas realizadas a actores clave: Fiscales de Extranjería, Policía Nacional, Guardia Civil y profesionales de ONG. Entrevistas que demuestran que cada actor interpreta esta realidad de acuerdo con la función y responsabilidad que tiene ante este delito, esta violación de Derechos Humanos, al tiempo que ponen de manifiesto la necesidad imperiosa de tener una mirada mucho más transversal que sitúe en el centro a la víctima y, además, busque un equilibrio entre los medios destinados a perseguir el delito y los destinados a proteger y restituir a las víctimas.
Visiones parciales que se ven afectadas por posicionamientos respecto al debate de la regulación de la prostitución, de la visión sobre la inmigración, sobre la violencia machista, sobre los/las menores no acompañados… e incluso sobre cómo tipificaríamos este delito: inmigración ilegal, tráfico de personas para su explotación sexual, proxenetismo, crimen organizado…
Las citas textuales que se recogen de las entrevistas señalan que la mayoría de los actores tienen una visión muy paternalista respecto a las víctimas. En general, nos trasladan la imagen de una víctima que se convierte en un sujeto pasivo, con pocos recursos para salir o escapar de la situación de explotación por sí misma, en quien delegamos la responsabilidad de denunciar mientras no garantizamos su protección ni la de sus familiares.
Por otra parte, la ausencia de un relato más centrado en el impacto que supone haberse convertido en víctima de la trata de personas, víctima de una de las más flagrantes violaciones de los Derechos Humanos como es convertirse en un/a esclavo/a en pleno siglo XXI, pone en evidencia la falta de un enfoque de Derechos Humanos versus el protagonismo que toman las diferentes fases de la ejecución de este delito e, incluso, algunos elementos interpretados desde una morbosidad inadecuada que demuestra la falta de una formación intercultural para conocer mucho más los entornos de las víctimas.
El tercer y último bloque nos habla de la demanda, de los clientes. Un actor a menudo olvidado y criticado, un actor al que algunos atribuyen la función de detección y otros quisieran que desapareciera, como muestra de una buena política de prevención. Un actor que nos habla de la diversidad de situaciones que conviven en los entornos de prostitución (trabajadoras sexuales, mujeres que se prostituyen como estrategia de supervivencia y mujeres objeto de trata para su explotación…). Un actor que no es homogéneo.
El análisis de estos tres bloques permite ver cómo la estrategia de las 3P (Prevención, Persecución y Protección) actualmente funciona, pero obteniendo sólo estos resultados parciales y pobres.
Recientemente, el Consejo de Europa nos instaba a todos los actores a añadir otra P: la del Partenariado, que se convierte en la clave para superar las visiones rígidas y homogéneas y lograr mejores resultados en la lucha contra esta lacra social.
Desde SICAR.cat apostamos por una Prevención que centre los esfuerzos en una política de educación para el desarrollo basada en un enfoque de los Derechos Humanos donde la cosificación del otro no sea posible, por una Persecución del delito que permita la restitución de todos los derechos de las víctimas; por ofrecer una Protección a las víctimas en corresponsabilidad con las administraciones, y desde un Partenariado interdisciplinar que permita poner, efectivamente, a las víctimas en el centro como sujetos de derecho.
Imagen extraída de: Pixabay
Es un tema dificil y muy sonado actualmente, pero se tiene qu ehablar de el, para intentar detenerlo