Juan Ignacio LatorreEl papa Francisco ha sorprendido a la opinión pública internacional con su encíclica “Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común” (mayo 2015) en un año clave donde se celebrará la convención sobre Cambio Climático en París a fines de este año. Uno de los conceptos clave de la encíclica es el de ecología integral, que tiene que ver con subordinar el sistema económico (nivel básico de sustento material) al desarrollo de la sociedad y cultura (2º nivel o subsistema de relaciones humanas), respetando los límites de la biosfera (3er nivel más amplio dado por la naturaleza que es anterior y “contiene” al ser humano que habita en la tierra), incorporando la espiritualidad y la trascendencia en la noción de desarrollo.

Esta comprensión es coherente con la sabiduría de los pueblos indígenas, y particularmente del pueblo mapuche (“gente de la tierra”). Este pueblo originario establece una relación sagrada de respeto y armonía con la naturaleza, con la “madre tierra”, con sus ciclos y equilibrios, sin mirarla como mera fuente de “recursos naturales”, “materias primas” o mercancías que luego se transan en los mercados nacionales e internacionales de commodities.

El papa Francisco nos habla a los católicos y a todas las personas sin distinción, interpelándonos a “prestar especial atención a las comunidades originarias con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en sus principales interlocutores, sobre todo en la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura” (LS, n. 146)

El pueblo nación mapuche quiere vivir en paz y se rebela de manera aguerrida frente a la invasión territorial externa que pretende alterar su modo de vida. Primero se rebeló contra la Corona de España y se convirtió en el único pueblo originario de América Latina que logra resistir a este imperio, logrando pactar políticamente relaciones bilaterales y una frontera del río Biobío al sur (fines del siglo XVII). Posteriormente, fue el Estado de Chile (fines del siglo XIX) quien transgredió esa frontera e invadió y derrotó militarmente al pueblo mapuche. De esta manera, el Estado se expandió hacia el sur y pobló con colonos europeos parte del territorio usurpado, llevando también a latifundistas criollos e impulsando una incipiente industria maderera.

En los años 60’ con el proceso de reforma agraria del gobierno de Frei Montalva (Democracia Cristiana) y posteriormente con la profundización de ésta por parte del gobierno de Salvador Allende (Unidad Popular), el pueblo mapuche recupera cientos de miles de hectáreas de territorio ancestral usurpado, bajo un régimen de propiedad colectiva y comunitaria de la tierra, participando además del proceso político institucional chileno con múltiples militancias de dirigentes mapuche en los partidos políticos chilenos. Después del violento golpe de Estado de 1973, la dictadura cívico-militar de derecha encabezada por Pinochet impulsa una sangrienta contra-reforma agraria y decide autoritariamente  desarrollar la industria forestal a través del Decreto de Ley 701 (1974). Con esta normativa se comienza a subvencionar la plantación masiva de pino y eucaliptus en el nuevamente usurpado territorio mapuche, beneficiando la creación de nuevos grandes grupos económicos chilenos.

Después de 40 años de desarrollo y expansión de la industria forestal (un lucrativo negocio económico que mueve miles de millones de dólares en ventas al año) sobre más de 2 millones de hectárea en territorio mapuche, son evidentes las consecuencias sociales (pobreza y aumento de las desigualdades) y medio ambientales (sequia por la abundante agua que consumen las plantaciones, erosión de la tierra, pérdida de la biodiversidad, disminución del bosque nativo; representando una verdadera agresión a la cultura mapuche, etc.). Actualmente hay un verdadero y complejo conflicto territorial entre el pueblo mapuche, el Estado de Chile (principal responsable) y las grandes empresas forestales. Los gobiernos democráticos a partir del 90’ han tenido una errada política para abordar este conflicto territorial a través de medidas asistenciales para aliviar la pobreza, políticas clientelares de compra selectiva de tierras que han generado divisiones en las comunidades, y políticas de represión policial y judicial para perseguir a aquellas comunidades que deciden rebelarse frente a la propiedad privada. Además, Chile es el único país de América Latina que no reconoce constitucionalmente la existencia de los pueblos originarios ni la oficialización de su lengua el mapudungun en las comunas donde hay un porcentaje significativo de población mapuche.

Retomando los planteamientos de Laudato Si (n. 93), el papa Francisco nos dice que “hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos. Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes, y por tanto, el derecho universal a su uso es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético-social (Juan Pablo II, Laborem excercens, 1981). La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subraya la función social de cualquier forma de propiedad privada…sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno (Juan Pablo II, Centesimus annus, 1991)”.

Las autoridades políticas y espirituales del pueblo mapuche están reconociendo que la lucha por recuperar territorio usurpado y conquistar autonomía (económica, política, cultural, social y religiosa) como pueblo-nación está siendo bendecida. Es de esperar que el empresariado católico chileno, con grandes intereses económicos en dicho territorio, puedan reconocer también la bendición que implica una conversión profunda del corazón hacia una ecología integral como plantea el papa Francisco, y las autoridades políticas del Estado de Chile sean agentes de diálogo para solucionar la deuda histórica que tenemos con el pueblo mapuche de manera democrática y pacífica.

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Imagen extraída de: Portal del sur

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Juan Ignacio Latorre
Licenciado en Psicología, Máster en Políticas Sociales y Gestión Pública, Posgrado en Economía Cooperativa. Actualmente es Doctorando en Políticas Públicas y Transformación Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, y es Director del Centro de Reflexión y Acción Social (CREAS) de la Universidad jesuita Alberto Hurtado de Chile (UAH). Dirige el Diplomado en Economía Social y Comercio Justo en la UAH. Sus temas de interés son la economía social y solidaria, las políticas sociales, y la búsqueda de alternativas al neoliberalismo.
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