Jordi López Camps. [Vita Moleskine] La publicación en el BOE de la resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial (Gobierno del Estado) donde se regula el currículo de la enseñanza de la Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria ha generado un gran revuelo mediático y de algunas entidades civiles. Mucho ruido, mucha sorna y burla, pero pocos análisis de fondo y muchos errores de apreciación. Todo es muy epidérmico y visceral. Si me lo permiten, muy anticlerical. Es un anticlericalismo antiguo que da la impresión de que siempre tiene alguna cuenta pendiente con la Iglesia católica. Todo este revuelo contrasta con el silencio que las mismas voces dispensaron a una resolución similar del 26 de noviembre de 2014 en relación al currículo de la religión Islámica. Mudos y en la jaula. Nadie levantó la voz de una resolución que, en forma y fondo, es similar a la referente a la resolución que afecta a la enseñanza de la religión católica en el marco educativo.
El debate debería ser más serio de lo que ha sido hasta ahora. Una primera cuestión a resolver de forma clara y equilibrada es como los padres ejercen su derecho de garantizar la educación de sus hijos en el marco de la escuela pública. Hay que resolver este tema, de manera especial para las familias con creencias religiosas. El hecho de que la escuela se sitúe dentro de la aconfesionalidad propia de las instituciones públicas no presupone marginar las convicciones religiosas de los padres y su proyección en la educación de los hijos. Personalmente, no encuentro desacertado que el sistema educativo público ofrezca la posibilidad de la educación religiosa voluntaria, y contemple una asignatura evaluable de cultura e historia de las religiones dentro del currículo. El desconocimiento sobre los aspectos básicos de las religiones dificulta a muchas personas comprender el sentido de muchas aspectos del patrimonio cultural de nuestro país o saber relacionarse adecuadamente con ciudadanos adheridos a diferentes religiones. Avanzando más en esta dirección, el problema real está en el tratamiento evaluable y computable que la ley Wert da ahora a las religiones dentro de los curriculum educativo en general.
Otro aspecto del debate es la propia naturaleza del currículo de las asignaturas de religión. Vaya por delante que todas las confesiones con acuerdos con el Estado tienen reservado el derecho de revisar este currículo. No podría ser de otra manera. Pretender lo contrario sería equivocarse. Pero sí es interesante reflexionar sobre el enfoque que se quieren dar a los contenidos de aprendizaje de este currículo. Al respecto hay diferentes posicionamientos y opiniones. Existen voces competentes que consideran que las asignaturas de religión deberían ser más educativas que transmisora de doctrina, de tal modo que la asignatura de religión no fuera propiamente una catequesis sino un aprendizaje de una religión en concreto. Soy consciente de que es un tema con límites imprecisos, pero resultaría más clarificador situar las catequesis religiosas en los marcos de los espacios religiosos, y con sus metodologías, y dejar la educación en una religión concreta en el ámbito escolar.
Situados en este punto, y para terminar la reflexión, echo de menos en todas las opiniones atropelladas de estos días el análisis pedagógico, ya que estamos dentro del sistema educativo, sobre la idoneidad educativa de los contenidos de aprendizaje propuestos, tanto en la propuesta de la religión católica como en el Islam, y la consistencia de los criterios de evaluación de los aprendizajes y los estándares de aprendizaje evaluables. Me da la impresión después de leerme las dos resoluciones que las autoridades educativas, como garantes últimas del sistema, y los responsables de las religiones, tienen por delante un considerable camino a recorrer para conseguir hacer de la enseñanza de las religiones un aprendizaje que, además de un interés religioso, tenga un valor social.
Imagen extraída de: ERE Sevilla