Mª Dolors Oller Sala. Vivimos una profunda crisis del modelo de democracia representativa y esto demanda un análisis cuidadoso de lo que está pasando y, además, la audacia de proponer nuevos caminos. Las políticas de corte netamente neoliberal que han permitido las desregulaciones, las privatizaciones de empresas y, en definitiva, la colonización del Estado por parte del capital financiero, han supuesto que lo que hasta el momento habían sido en su origen garantías para el ejercicio de la democracia por parte de todos, se hayan ido convirtiendo en privilegios en manos de unos pocos y que los derechos sociales estén en claro retroceso. Se ha agrandado, así, la brecha entre Estado y Sociedad, cuestión ésta que corre paralela a la desafección hacia la clase política, que se ha visto agravada con la salida a la luz de numerosos casos de corrupción, haciendo casi insalvable la distancia entre representantes y representados en unos momentos de grave crisis económica que afecta cada vez a más población. En otras palabras, el poder, en vez de ser realmente público, ha sido objeto de apropiación por parte de intereses y organizaciones particulares.
Sin embargo, a pesar de esta evidente perversión de la democracia y del descrédito que conlleva a los ojos de la ciudadanía, lo cierto es que la palabra democracia se ha convertido en eslogan reivindicativo y en ella confluyen muchos anhelos. Véase, por ejemplo, la apasionada defensa de la misma por los movimientos alternativos como, en nuestro caso, el del 15 M. La lucha por una profundización de la democracia en un sentido participativo expresa hoy una apuesta de futuro clara, que puede generar esperanzas varias, como si fuera la panacea de todos los males que nos aquejan.
Así pues, y por lo que venimos diciendo, no se trata de volver a una especie de «edad de oro» de la democracia, que no ha existido nunca, sino de trascender un modelo de democracia, el liberal-representativo que se manifiesta claramente insuficiente. Por lo tanto, la gran pregunta que nos debemos formular es qué tipo de democracia queremos, lo que nos remite a la vez al tipo de persona y de ciudadano/a que queremos ayudar a construir. Dicho de otro modo, se trata de algo más profundo que la simple regeneración de la política y de la democracia: es preciso repensarlas para que puedan afrontar de forma satisfactoria los retos que tenemos planteados hoy. Por ello, podemos decir que hoy estamos en el cruce de un cambio de modelo.
Desde hace algunas décadas el modelo de democracia deliberativa ha comportado el interés de numerosos filósofos y politólogas que han contribuido a desarrollar la noción, considerándola como método idóneo para la toma de decisiones colectivas y para la solución de conflictos, pues la deliberación parte de un marco abierto, flexible, donde es posible el cambio de las posiciones propias. Como es sabido, las bases éticas del modelo deliberativo podemos encontrarlas en la ética del discurso de Karl-Otto Apel y también en Jürgen Habermas, uno de los principales inspiradores de este modelo político. Este último concibe a la democracia deliberativa como extensión de la acción comunicativa y ello tanto en el ámbito público informal como en el institucional, de modo que esta manera de proceder posibilita que políticos, técnicos y opinión pública deliberen entre sí siguiendo las reglas democráticas.
Hablar de democracia deliberativa es referirse a la esencia misma de la democracia que es participación, sólo que para este modelo, si el demos (el pueblo) debe gobernar, debe hacerlo a través de una praxis deliberativa; no basta la agregación de votos para alcanzar la mayoría, que es lo que es propio de una democracia representativa. Son imprescindibles ciertos requisitos para garantizar la legitimidad del procedimiento, tales como la libertad de opinión, la libertad de información, la seguridad jurídica, etc. A esto hay que añadir el grado de disponibilidad de la ciudadanía para participar en el proceso.
Este modelo democrático busca complementar la manera de funcionar de la democracia representativa mediante la adopción de un procedimiento de toma de decisiones políticas y es especialmente idóneo para ayudar a tomar decisiones justas, al estar basado en el principio de la deliberación que implica la argumentación y la decisión públicas de las diversas propuestas.
La democracia deliberativa goza de un alto poder legitimador. El proceso de deliberación, que opera desde la igualdad y tiene carácter inclusivo, se caracteriza por tratar de incluir grupos que suelen quedar marginados en otros tipos de procesos para la toma de decisiones, como pueden ser los meramente representativos y los meritocráticos. De este modo, aumentan las posibilidades de diálogo a cualquier miembro de la sociedad, a la vez que permite la autonomía personal en el contexto de una comunidad política, manteniendo un equilibrio entre lo público y lo privado. En este sentido, se ha defendido la deliberación en sí misma por ser un medio que garantiza el desarrollo de la autonomía individual que no queda reducida por la implicación en la cosa pública, sino que por el contrario ayuda a la autorrealización de los individuos como ciudadanos. En este sentido, las personas que han deliberado juntas experimentan que se las ha tenido en cuenta y se sienten implicadas y corresponsables con la decisión tomada y, en consecuencia, tales procesos de deliberación ciudadana otorgan credibilidad a las políticas públicas, ayudando a hacerlas viables y reforzando la confianza en las autoridades y las instituciones.
Seguiremos reflexionando.
Imagen extraída de: Una humilde opinión