Blanca de Gispert: "El arma más importante que tenemos es la desobediencia civil, la movilización social y el trabajo en red"

Blanca de Gispert: “El arma más importante que tenemos es la desobediencia civil, la movilización social y el trabajo en red”

Cristianisme i Justícia/Justícia i Pau. El próximo lunes 3 de febrero tendrá lugar la quinta sesión del ciclo de conferencias Lunes de los Derechos Humanos (Dilluns dels Drets Humans). En esta ocasión contaremos con la presencia de Vicente Ortún, decano de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPF y experto en economía de la salud y gestión sanitaria, y Blanca de Gispert, médica de familia, miembro de la Plataforma por una atención sanitaria universal en Cataluña y miembro de la comisión Justicia y Salud de Justícia i Pau.

Con motivo de esta charla, hemos podido entrevistar a Blanca de Gispert que nos ha aclarado algunos puntos interesantes sobre el derecho a la asistencia sanitaria universal.

– El 1 de septiembre se cumplió un año de la entrada en vigor del Real Decreto que limita la asistencia sanitaria gratuita para migrantes mayores de edad en situación irregular a los casos de urgencias y de asistencia al embarazo, parto y post parto. ¿Son los inmigrantes el único colectivo excluido? ¿A cuántas personas afecta esta exclusión sanitaria? ¿Qué casos concretos os encontráis a nivel de atención primaria?

Aunque principalmente es el colectivo inmigrante el más afectado por la exclusión sanitaria este cambio de modelo afecta y afectará a todas las personas, incluidas las españolas, y abre la posibilidad de que, más adelante, otros colectivos puedan ser excluidos del sistema. Inicialmente la exclusión sanitaria incluía también los españoles mayores de 26 años pero rápidamente esta medida se retiró, entendemos que por la baja popularidad de la medida entre la opinión pública. Un nuevo colectivo excluido recientemente son los españoles en situación de desempleo que pasen más de 90 días residiendo fuera de España. En términos numéricos se calcula que la exclusión sanitaria afecta aproximadamente a 873.000 personas migradas de todo el estado pero, como hemos visto, esta cifra es previsible que vaya aumentando en un futuro inmediato.

Desde la aplicación del RDL 16/2012 diversas entidades del tercer sector y profesionales sanitarios, especialmente de la atención primaria, empezamos a constatar que en Cataluña, a pesar de la existencia del reglamento que regula la asistencia sanitaria a las personas migradas en situación irregular, éste se estaba aplicando de forma arbitraria, dando como resultado la falta de atención en algunos casos. Este fue el motivo inicial por el que se creó la plataforma.

– ¿Qué ha cambiado en la atención sanitaria española después del “Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes” y qué consecuencias puede tener a medio y largo plazo esta exclusión?

La normativa tiene un impacto social muy importante porque supone un cambio de modelo sanitario y atenta contra su principio básico: la titularidad (casi) universal del derecho a la asistencia sanitaria de la que disfrutábamos hasta ahora pasa a depender de nuestra situación laboral. De esta manera la legislación actual retrocede de golpe más de dos décadas en el tiempo. Este cambio hace que la actual legislación sanitaria sea fundamentalmente más injusta (excluye a los más débiles) y entendemos que menos eficiente, como explicaré más adelante.

A pesar de la relevancia de este cambio de modelo, los políticos del actual gobierno han optado por tomar esta medida de manera unilateral, sin la existencia de un debate previo tanto político como social y sin contar con la opinión de los profesionales ni los ciudadanos. Y lo más alarmante es que el argumentario que se ha utilizado para iniciar y focalizar la exclusión en determinados colectivos responde únicamente a criterios políticos (no económicos ni sociales) tanto de carácter xenófobo -alimentando los mitos sobre el abuso de los recursos sociales y sanitarios por parte de los inmigrantes- como pragmático -ya que se trata de un colectivo extremadamente vulnerable, con una escasa capacidad de respuesta social y política-.

Creemos que el RDL tendrá un impacto negativo a medio y largo plazo no sólo en términos económicos, sino -y lo que es más grave- en la salud y los derechos sociales de las personas. Desde el punto de vista económico generará un sistema más ineficiente. Desde el punto de vista de la salud, no sólo empeorará la salud de las personas directamente afectadas por la exclusión, sino también la de la población en general. Desde el punto de vista social representa un recorte sin concesiones y un enorme paso atrás en materia de derechos humanos.

– Para aprobar este decreto, el Gobierno apeló a la “sostenibilidad” del sistema de salud pública. ¿Es realmente insostenible una sanidad pública, universal y gratuita? Y si es así, ¿la exclusión es una medida de ahorro real?

El sistema sanitario actual se financia con los impuestos de todas las personas, incluidas las que residen en situación administrativa irregular, y el RDL supone un retroceso, ya que vincula de nuevo la condición de asegurado a contribuir a la financiación de la Seguridad Social (que actualmente ya no financia el Sistema Nacional de Salud).

Creemos que esta medida no contribuirá a la sostenibilidad del sistema por diversos motivos. Uno de los aspectos principales del RDL es que impide el acceso a la atención primaria -más barata- y únicamente cubre la atención urgente -mucho más cara-.

Los políticos han mezclado intencionadamente los conceptos de “turismo sanitario” y “gasto sanitario excesivo” con la atención a inmigrantes en situación irregular. Sin embargo existen muchos estudios que demuestran que el colectivo de personas migradas hace un menor uso y genera un menor gasto en el sistema sanitario público comparada con la población autóctona. Esto es lógico teniendo en cuenta el perfil habitual de persona migrante: joven, sana y que ha decidido emigrar por motivo laborales, y no sanitarios. Por otra parte, si bien es cierto que el “turismo sanitario” es un problema para el sistema sanitario público español también lo es que los extranjeros que mayoritariamente lo practican proceden del resto de países de la UE.

La sostenibilidad se fundamenta en el hecho de que nuestro sistema de salud universal, público y pagado con los impuestos de todos consumía un porcentaje del PIB inferior al de otros países de nuestro entorno, siendo estos últimos a veces, menos públicos y universales. Muchos profesionales del ámbito sanitario consideramos que hay medidas más eficientes, pero con menor rendimiento electoral y político, que permitirían mantener los valores de universalidad, equidad y calidad del sistema.

– Blanca, eres portavoz de la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Cataluña. ¿Esto quiere decir que la atención sanitaria no es universal aunque esta esté reconocida en la Constitución, en el Estatut d’Autonomia y en un buen número de tratados internacionales? ¿Está incumpliendo España sus compromisos internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales? ¿En qué consiste exactamente la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal?

Es evidente que la asistencia sanitaria ahora mismo no es universal ya que excluye a determinados colectivos sociales. Del mismo modo, el sistema deja de ser universal si excluimos, por ejemplo, a los trabajadores por cuenta propia que declaran ganar más de 100.00 euros al año y, además, es injusto e inhumano excluir a un colectivo de suma vulnerabilidad como los inmigrantes en situación irregular.

El RDL supone una vulneración efectiva del derecho a la protección de la salud. El derecho a la salud es un derecho humano reconocido desde la Constitución de la OMS y por la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Numerosos tratados y normativas internacionales, como por ejemplo la Carta Social Europea o la Declaración de Alma Ata, reconocen el derecho a la protección de la salud como un derecho fundamental y que corresponde a los Estados proteger. Además el RDL infringe el Pacto Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), uno de los tratados más importantes en esta materia, ratificado por España. En este sentido diversos organismos internacionales y europeos, como por ejemplo la ONU, han alertado al gobierno español sobre este incumplimiento y sobre los peligros de una legislación tan excluyente y restrictiva.

La plataforma agrupa diversas entidades del tercer sector, profesionales sanitarios y ciudadanos que luchamos, por un lado, por el mantenimiento del derecho a la salud y para ayudar a las personas excluidas a volver a un sistema sanitario que les pertenece y, por otro, actuamos como foco de divulgación y presión política para intentar revertir esta situación.

– Como ciudadanía, ¿podemos hacer algo para ayudar a que nadie que lo necesite se quede sin atención sanitaria?

Como ciudadanía es importante tomar conciencia de que hemos llegado a esta situación en un contexto sin legitimidad democrática donde se gobierna atendiendo a los intereses de una minoría poderosa. En este contexto cada vez más se está convirtiendo la sanidad y la salud en un negocio.

Por lo tanto no debemos perder de vista que el arma más importante que tenemos es la desobediencia civil, la movilización social y el trabajo en red. A efectos prácticos y a corto plazo, cualquier persona que sea conocedora de un caso de exclusión sanitaria podría contactar con la plataforma para que intentamos entre todos/as ayudar a normalizar o, al menos, paliar la situación de quien se vea afectado por esta ley injusta.

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