Fractura social y renta garantizada de ciudadanía

Fractura social y renta garantizada de ciudadanía

Santi Torres. El volumen de familias que ya no reciben ninguna prestación no ha hecho sino crecer en los últimos meses. En Cataluña, de los 73.000 hogares sin perceptores de ingresos que había el primer trimestre de 2011, hemos pasado a los 103.700 del primer trimestre de 2012. Los gobiernos, lejos de intentar detener este “tsunami de la pobreza”, han reaccionado recortando precisamente aquellas prestaciones a las que tenían derecho las personas que han agotado la prestación por desempleo. Primero la Generalitat con una profunda reforma del llamado PIRMI o Renta mínima de inserción y, recientemente el gobierno de España, a través de un recorte en las prestaciones por desempleo.

Estas medidas han situado a mucha gente en un callejón sin salida: sin esperanza de encontrar un trabajo y sin los recursos más básicos para garantizar una vida digna. Caritas Barcelona, en la campaña que llevó a cabo el mes de junio pasado, advertía crudamente en sus carteles: “La fractura social ya ha empezado”.

Mientras tanto, todos asistimos impotentes a esta nueva situación, que amenaza con cambiar radicalmente el paisaje humano y social que habíamos conocido hasta ahora. La condena a la cual se somete una parte importante de la población, no parece propia de una democracia fundamentada en un cierto pacto social de protección sobre aquellos colectivos más vulnerables. Pero la realidad, por mucho que nos empeñemos a negarla, es la que es, y los recortes hasta ahora sólo han ido en una misma dirección.

Por esta razón el jueves 19 de julio se presentó en Barcelona una iniciativa legislativa popular (ILP) que pretende establecer por ley una renta garantizada de ciudadanía. La ILP que, si Dios quiere y la mesa del Parlament lo permite, empezará a tramitarse el próximo otoño, se fundamenta en un artículo del Estatuto de Autonomía de Cataluña (24.3) que establece que “las personas o familias que se encuentren en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos necesarios para una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establezcan”. En otras palabras: que aquellas personas que ya han agotada todas las prestaciones, o que cobren prestaciones por debajo del umbral de pobreza, puedan percibir una determinada cantidad de dinero, considerada necesaria para la supervivencia, y que en el momento actual equivaldría a unos 664€.

A la ILP le queda aún un largo recorrido, y una recogida de firmas que tendrá que ser superior a las 50.000 en poco más de cuatro meses. Pero el debate ya está sobre la mesa, y no solamente en Cataluña sino que habría que hacerlo extensivo a todo el Estado. De hecho, en Extremadura ha surgido una iniciativa similar. Una sociedad no  puede permitirse que una gran cantidad de sus ciudadanos, entre ellos muchos niños y niñas, vivan en la más absoluta indigencia, y dependiendo para todo de estructuras asistenciales. Solamente el reconocimiento de un derecho así, permite conformar una protección que evite caer en la exclusión social más absoluta a personas cuyo único “delito”, ha sido el de nacer en una época sin trabajo. El otro camino… podemos imaginarlo, es el camino de la criminalización, de la estigmatización, y de la exclusión cronificada de una parte de la sociedad. El otro camino es del de la fractura social… sí, sí aquella que Caritas denuncia que ya ha empezado.

 

Texto (en catalán) del proyecto de ILP presentado

Projecte de Llei de l’ILP per una Renda Garantida de Ciutadania

Memòria de l’ILP per una Renda Garantida de Ciutadania

 

Ya desde sus inicios CJ ha reflexionado sobre esta cuestión. Eduardo Rojo y Joan García-Nieto escribían el año 1989 un cuaderno sobre Renta mínima y salario ciudadano:

http://cristianismeijusticia.net/es/renta-m%C3%ADnima-y-salario-ciudadano

Imagen de: Juan Lemus – Arrels Fundació
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