El sarcasmo de Eurovegas

El sarcasmo de Eurovegas

Veus. La propuesta Eurovegas –polémica desde su anuncio- acaba de provocar una oferta autóctona. La competición y la comparación están servidas. Pero no nos parece que invaliden las razones existentes para rechazar ambas propuestas. Suscribimos los motivos de quienes han manifestado ya su alarma por los riesgos de operaciones de este tipo. Los reiteramos sin ignorar ciertas ventajas económicas de la operación, incluida su aparente oportunidad en momentos como el actual.

Pero estas supuestas ventajas han de ser contrastadas con sus probables y no menores efectos negativos. Hay argumentos. Los hay de carácter medioambiental y urbanístico por el impacto perjudicial sobre el territorio de  una macroinstalación de esta magnitud: densificación, movilidad, consumo energético, ocupación de espacios agrarios o banalización del paisaje. Son efectos cuyos costes serían asumidos tanto por los ciudadanos de hoy como por los de mañana. Comportarían un retroceso en la difícil restauración de un territorio que afronta el reto de recuperarse de tantas agresiones sin control.

Se dan también argumentos económicos que convierten esta propuesta en una contradicción flagrante con la política reclamada por muchos expertos para rectificar un modelo económico agotado. ¿No era el momento de poner el énfasis en una descuidada política industrial? ¿No había llegado la hora de la economía del conocimiento, la investigación, el desarrollo y la innovación? ¿Qué aporta Eurovegas a estos objetivos? ¿No repite y agudiza los defectos del viejo modelo aunque sea bajo la capa de un muy discutible glamour?

Hay objeciones no menores en lo social. ¿No predican algunos de nuestros más conspicuos dirigentes que la crisis de valores está en la raíz de nuestros males colectivos? ¿Qué valores ejemplifica la actividad esencial promovida por Eurovegas y sus émulos? ¿Son los del esfuerzo sostenido, el trabajo bien hecho, la solidaridad social? Al contrario: estamos ante una potente metáfora de la “economía de casino” especulativa e irresponsable que nos ha conducido a la crisis.  La insistencia de los promotores en señalar que el casino ocupa solo una mínima parte del espacio físico del proyecto va acompañada del dato que del juego obtienen el setenta por ciento de sus ganancias en otras experiencias parecidas. Sin casino, pues, tendrían escaso incentivo empresarial para acometer las actividades complementarias –hoteleras, comerciales, congresos- con las que lo adornan.

Hay también razones de seguridad pública, tan presente en el discurso de algunos políticos poco escrupulosos para excitar temores y recortar –si se tercia- el ejercicio de derechos y libertades. Una instalación de este tipo no ha de convertirse forzosamente en la edición hollywoodesca de Sodoma y Gomorra. Pero tampoco puede confundirse con una Disneylandia inocua. No cabe ser tan “buenista” –si se nos permite un calificativo que algunos emplean cuando les conviene- para ignorar un hecho probado. A saber, que el negocio del juego suele atraer actividades delictivas: tráfico de personas y de drogas, redes de protección mafiosa, delincuencia financiera, préstamos usurarios. Hay que prever, pues, la sobrecarga que recaería sobre nuestros sistemas de seguridad, policía y justicia, financiados con dinero del contribuyente y nada sobrados de recursos.

La propuesta equivale a una atrevida iniciativa de “partnership” público-privado, según fórmula predicada por algunos y criticadas por otros. Es así porque –tal como señalan sus promotores- la operación no prosperará si el sector público –es decir, el que sufraga la ciudadanía con sus impuestos- no contribuye decisivamente a su desarrollo: con exenciones urbanísticas, fiscales, mercantiles, laborales, de salud pública y con asunción de costes sociales en transporte, medio ambiente, seguridad, etc. No parece la mejor manera de acreditar el modelo “partnership” aplicarlo a una aventura de utilidad social tan discutible como ésta: sus objetivos no justifican el uso de recursos públicos para cubrir el riesgo que en todo caso correspondería asumir a “emprendedores” tan  imaginativos.

El asunto, por tanto, tiene una clara dimensión política. Simbólicamente expresaría la inclinación a un “modelo de sociedad” de dudosa ejemplaridad. Institucionalmente, situaría a nuestro sistema político demasiado cerca de poderes privados que la misma prensa de EEUU asocia a prácticas poco escrupulosas cuando se trata de seducir voluntades políticas. Si nos conviene tanto depurar la confusa relación entre política y negocios, no es recomendable acercarse a una fuente de contaminación.

A nuestro juicio, pues, el saldo entre posibles beneficios y costes sociales de esta operación sería negativo. En este momento y en este país, la propuesta aparece como una sarcástica oferta que parece mofarse –quizá sin pretenderlo- de las aspiraciones de muchos a un mejor futuro colectivo. Un futuro  con una economía productiva, sostenible y realmente innovadora, con un territorio articulado y equilibrado, con actores políticos íntegros y eficientes, con valores sociales de solidaridad y responsabilidad. Un futuro colectivo que no deberíamos jugarnos en el tapete verde de un casino.

Firman: Victoria Camps (profesora de ética); Carme Deulofeu (ingeniera de caminos); Xavier Folch (editor); José L. López Bulla (exdirigente sindical); Pilar Malla  (trabajadora social); José M. de Mena (exfiscal); Ramon Plandiura (abogado); Carles Riba (ingeniero industrial); Joan Turró (economista) y Josep M. Vallès (profesor de ciencia política)

Imagen extraida de: viajarconhijos
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